Escribe Carlos Armando Cardozo

Orden político económico para Bolivia

Escribe Carlos Armando Cardozo

OPINIÓN | 29 Oct 2020

La consulta popular en Chile acerca de la necesidad de cambiar la Constitución de 1980 del Gobierno de Augusto Pinochet que permitió entre otras cosas el despegue de la economía luego de un escenario de profunda crisis y pobreza extrema, pone en tela de juicio el Orden Político Económico que guió a través de valores y principios la construcción de políticas públicas y estructuración de la economía nacional.

Chile priorizó interesantes balances y contrapesos, estableciendo límites sumamente necesarios para el Estado, que subordinaba sus operaciones a las dinámicas de mercado, un rol muy criticado y satanizado por los defensores del Estado y sus intervenciones en la economía en pos de la justicia social.

Bolivia a diferencia de Chile, no liberalizó su economía de manera formal, es decir a través de su Constitución, más al contrario el país pone especial énfasis en el rol del Estado como un actor fundamental de intervención y redistribuidor de la riqueza, gestor del desarrollo y administrador de los recursos estratégicos naturales. Curiosamente los resultados en el caso boliviano fueron más que reveladores, demostrando nuevamente las carencias e ineptitudes del Estado a la hora de intentar mostrarse como actor económico válido y competitivo.

El escenario coyuntural nos presenta al MAS nuevamente al mando del país a través del ex ministro Luis Arce Catacora, sin embargo, nos ofrece una versión actualizada del mismo modelo económico que otrora sirvió para vanagloriar al extinto y controversial mandatario cocalero. Lo cierto es que la propuesta electoral oficialista planteaba más de lo mismo, continuar con la fórmula del modelo económico social comunitario productivo autoría del actual presidente electo; hoy el paquete de medidas para encarar un periodo de recesión económica mundial sumado a la crisis sanitaria consecuencia de la pandemia del COVID-19 supone en la previa medidas tales como la sustitución de importaciones (receta desgastada de la CEPAL en los años 70s) dinamización de la demanda interna a través de bonos y un plan de salvataje para las empresas públicas “generadoras de excedente económico en favor del pueblo boliviano”.

Es decir plantea un incremento del Gasto e Inversión Pública, ojo pero no nos pone al tanto de los costos del plan de salvataje, ¿quién paga los platos rotos? Es sin lugar a dudas el contribuyente, los impuestos es el medio, el ciudadano promedio urbano es el instrumento, aquel que consume en establecimientos legalmente constituidos carga con la factura de nuestro salvador Arce Catacora. ¿Por qué? simplemente porque la carga impositiva se transferirá vía precios al consumidor por un lado y por otro se sumarán nuevos impuestos, a los ya vigentes, para cubrir la necesidad de ingresos fiscales frescos, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, obviamente aplicable exclusivamente al estrato social más adinerado del país, en teoría no en la práctica como podremos evidenciar más adelante.
Ante escenarios de esta índole es crucial establecer ciertos lineamientos en pos de una política económica de largo plazo y no así una alternancia de modelos inconclusos sin ningún hilo conductor que los hermane en función de los intereses máximos del país. Bolivia ostenta una Constitución desde el año 2009 basada en criterios de corto plazo para nada prácticos y por sobre todo incoherentes con un escenario 2020 donde la liberalización de la economía y la disciplina fiscal son más que evidentes y necesarios.

De las 19 versiones de la Constitución Política del Estado, la última no muestra ningún rasgo progresivo que permita pensar en una alternativa de largo plazo, líneas estratégicas claras para los nuevos gobiernos sin importar su posición dentro del prisma político reinante de izquierda a derecha.

Bolivia necesita abrazar la libertad, Bolivia necesita del respeto a la propiedad privada, Bolivia necesita que el Estado entienda su lugar en base a sus limitaciones, Bolivia necesita algo más que el MAS no puede ofrecerles.

Futuro.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA ES ECONOMISTA, MÁSTER EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN LOZANÍA//

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