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Martes, 7 de Julio de 2020

Caso Banco Unión Desaguadero: A dos años se revelan informes contradictorios, pérdida de pruebas y presunta extorsión al único detenido

SEGURIDAD | 19 May 2020

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El caso del supuesto desfalco de Bs 1,6 millones a la agencia del Banco Unión en Desaguadero cumplió dos años entre varias irregularidades en la investigación, denunciadas por el principal implicado, Julio Cesar Rivera, como informes contradictorios de la Contraloría, la pérdida de cinco cajas con pruebas y audios que involucrarían a una jueza y un fiscal en la presunta extorsión de 19.000 dólares al procesado.

El 18 de mayo de 2018, la jueza Segunda de Materia en los Penal, Wiat Belzu, determinó enviar con detención preventiva al penal de San Pedro, al exjefe de operaciones de la agencia de Desaguadero del Banco Unión, Julio Cesar Rivera, imputado por presuntos delitos financieros. La denuncia fue presentada, con un informe de auditoría interna, por el Gerente Regional La Paz, Marcelo Siles Torrico, que señalaba que entre 2015 y 2017 Rivera declaró (en informes financieros) que cargaba más dinero del que en realidad dejaba en los cajeros de esa localidad y había sustraído Bs 1,6 millones en tres años, hasta antes de renunciar en junio de 2017.

“El ahora imputado, habría procedido a realizar esa manipulación en cinco oportunidades. El 19 de septiembre de 2015, el 18 de octubre de 2016, el 29 de diciembre de 2016, el 13 de abril de 2017, el 19 de junio de 2017 con las sumas de entre Bs 474.000, Bs 489.000, Bs 491.000 y otros, haciendo un total de Bs 1,6 millones”, explicó el entonces fiscal departamental, Edwin Blanco, sobre la investigación que estaba a cargo de su subalterno Omar Mejillones.

DECLARADO INOCENTE EN PRIMERA INSTANCIA

Sin embargo, a dos años de aquellas acusaciones, Rivera se ha declarado inocente en reiteradas oportunidades, afirma que hasta la fecha el Banco Unión y la Fiscalía no presentaron pruebas, como alguna imagen o video que demuestren la sustracción material del dinero e incluso pone en duda que se haya producido el desfalco.

El caso pasó del fiscal Omar Mejillones a manos del fiscal Germán Rea, quien suscribió dos acusaciones, señalando que no se deben realizar más investigaciones; sin embargo, ya han transcurrido siete meses desde la última acusación y aún no inicia el juicio.

Según la defensa de Rivera, “esta dilatación innecesaria y retardación de justicia se debe a que no existen elementos que puedan sustentar dicha acusación en el juicio”. Por otra parte, aclaran que pese a existir la acusación en octubre del 2019, de acuerdo con la nueva Ley 1173, el fiscal pidió la detención hasta el 23 de marzo de este año, aun cuando ya no había más actos investigativos que realizar.

Asimismo, en la última audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva, el fiscal nuevamente se opuso a que esta se desarrolle, con el argumento de que “no es un caso con riesgo de vida”. Así, Rivera continúa como el único detenido de siete acusados a la fecha, contradictoriamente, el que más promovió la investigación.

Sobre la denuncia del Banco Unión, Rivera señala que la entidad no puede respaldar un manejo irregular de los reportes financieros, pues además de la falta del dinero, lo acusa de haber destruido los informes de esas cinco fechas (documentación que demostraría si hubo o no desfalco).

Sin embargo, sostiene que los comprobantes “no pueden desaparecer del Banco que maneja el dinero de todo el país”, pues si bien una copia quedó en la misma agencia de Desaguadero y él pudo destruirla o alterarla, el protocolo señala que hay otras dos copias en el archivo central y las oficinas que manejan las cuentas de los cajeros automáticos en Santa Cruz, unidades que no remitieron dichas copias pese a que la defensa de Rivera realizó la solicitud mediante requerimientos fiscales.

Además, los códigos de usuario que tienen acceso a las cuentas supuestamente desfalcadas no son de uso exclusivo del funcionario y las unidades informáticas del Banco Unión tienen responsabilidad de su manejo.

Rivera, por medio de su abogado, Daniel Conde, sostiene que, en los dos años de proceso, la Fiscalía se negó a realizar la inspección técnica ocular, así como otros actos investigativos propuestos por el mismo a fin de demostrar su inocencia.

Recuerda que presentó alrededor de cinco denuncias contra el fiscal Rea por negarse “de forma irregular”, a realizar la investigación tanto de aspectos jurídicos y de funcionamiento del Banco Unión ante la Contraloría y los ministerios de Economía y Trabajo, al igual que la obstaculización por parte de funcionarios de la entidad financiera al no entregar la información solicitada, por parte de la defensa de Rivera.

DOS VERSIONES DESDE CONTRALORÍA

Por otra parte, el proceso también ha revelado informes y declaraciones contradictorias de autoridades de la Contraloría emitidos en la gestión del Gobierno de Evo Morales, sobre si los trabajadores del Banco Unión, son o no funcionarios del Estado. Elemento que determina que, en este tipo de casos, estos sean procesados por la Ley Anticorrupción o, caso contrario al no ser servidores del Estado, sólo enjuiciados ante instancia ordinaria por tratarse del robo dinero a una entidad privada.

“Por consiguiente, los trabajadores del Banco Unión S.A. no están comprendidos en el ámbito de la aplicación de la Ley Nº 2027, de Estatuto del Funcionario Público, y no se consideran servidores públicos, por su naturaleza institucional”, señala el informe INF 042 en su parte conclusiva y está firmado por el inspector de la Contraloría General del Estado (CGE), Hernando Pinedo, el 28 de noviembre de 2018.

Con dicho informe se establecía que la CGE no puede ejercer de forma directa un control externo sobre el Banco Unión, concepto que ya había sido confirmado por el entonces subcontralor de Servicios Legales, Edino Clavijo, el 5 de diciembre de 2017, quien hizo la misma afirmación en referencia al primer desfalco detectado. Se trataba del robo cometido por Juan Pari en 2017 en las agencias de Batallas y Achacachi, de donde extrajo Bs 37,6 millones de la entidad constituida con el 98% de acciones del Estado.

“El tema es que la Contraloría no puede ejercer de forma directa un control externo justamente posterior dentro de lo que es una auditoría, por disposiciones de la propia Ley de Empresas Públicas, la ley de creación del propio Banco Unión, porque si bien esta entidad cuenta con patrimonio (estatal) propio se entiende y es lógico al formar parte del sistema bancario no puede estar con otra normativa que pueda ser una especie de camisa de fuerza", señaló Clavijo.

En un segundo informe, emitido por la Contraloría el 7 de mayo de 2019, la entidad se contradice y asegura que, para determinados fines, los trabajadores del Banco Unión sí son considerados funcionarios del Estado. Dicho informe dio lugar que el caso de Rivera continúe en un juzgado anticorrupción, y se sume el delito de incumplimiento de deberes.

CINCO CAJAS CON PRUEBAS PERDIDAS

Al margen de esa contradicción de la Contraloría, en la Fiscalía se han registrado irregularidades como la pérdida de cinco de las 17 cajas con pruebas documentales acumuladas dentro de la investigación. La denuncia fue presentada ante el Ministerio de Justicia y el propio Ministerio Público por los familiares de Rivera.

“Señor fiscal, de la revisión del cuaderno (de investigaciones) se debe tener presente que sus funcionarios en las últimas semanas facilitaron cortésmente 12 cajas (de pruebas) de los anexos, sin embargo, faltan cinco cajas, que el Banco Unión remitió al (ex) fiscal Ramiro Jarandilla, pruebas que incluso fueron presentadas en audiencias”, señala parte del memorial presentado en diciembre de 2019 ante la Fiscalía.

Conde señala que la última vez que vieron las pruebas fue en diciembre de 2018 y entre los documentos que aún no son hallados, estaba el informe de auditoría externa practicada al Banco Unión el 2017 por la firma Ernest Young. También se encontraron datos referentes al movimiento de dinero en arqueos de cajeros automáticos (ATM), bóveda, informes de jefaturas de los controles trimestrales a la agencia, entre otros. “Esos documentos demuestran que no existe desfalco”, señaló Conde, con el fin de explicar la importancia de dichas pruebas.

Entre otros hechos curiosos en el caso, además de las acusaciones de politización de los casos por parte de los fiscales durante el Gobierno del MAS, se tiene que el fiscal Omar Mejillones, antes de asumir el caso, fue denunciado por extorsión a la víctima de una millonaria estafa cometida por una cooperativa de Santa Cruz.

Mejillones fue sometido a audiencia cautelar pero no fue enviado a la cárcel ni fue destituido hasta la fecha, en ese entonces, el argumento de Edwin Blanco fue que el funcionario tenía un hijo recién nacido, por lo que gozaba de inamovilidad laboral. Blanco era otro de los implicados en la denuncia de la víctima.

LA JUEZA “TIENE SU TARIFA”

El último de los hechos polémicos dentro de este caso se reveló hace un mes, cuando la familia de Rivera presentó ante el Ministerio de Justicia, un audio en que el abogado de uno de los siete acusados les pidió 19.000 dólares. A cambio, les ofrecía que la jueza Lima y el fiscal Rea lo favorezcan en el proceso.

Pero la “ayuda” también estaba condicionada a de lograr su libertad, Rivera debería parar con la investigación, retirar las denuncias y en última instancia "irse por una pena mínima".

“Hablando del tema económico, mira, yo haciendo mis cálculos, el (fiscal) Rea por la cuantía y por la relevancia (del caso) te va a querer cobrar unos 5.000 (dólares). La Melina Lima, y perdóname te lo voy a decir a calzón quitado, ella tiene su tarifa es de dos (2.000 dólares) para arriba, o sea, mínimo va a ser dos para ella, tiene su tarifa, no se arriesga, tiene su contacto (esposo) y si arreglas con él automáticamente arreglas con ella; a ella no le gusta la plata, le encanta la plata”, se le escucha decir supuestamente a un abogado con iniciales M. F., cuyo ofrecimiento fue registrado en diferentes grabaciones por los familiares de Rivera.

La denuncia fue presentada ante el Viceministerio de Transparencia, el 17 marzo pasado. Hasta la fecha no se conoce si se abrió alguna investigación y los aludisdos no se refirieron al tema.

//@VisorBolivia// 

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