Escribe Carlos Armando Cardozo

Keynes no se va de Palacio

Escribe Carlos Armando Cardozo

OPINIÓN | 13 Abr 2020

Sin ánimo de criticar por criticar las loables acciones de la presidente Añez durante la crisis sanitaria por el COVID-19, creo necesario señalar el peligro de mantener nuevamente el foco de atención en el presente desentendiéndose del futuro próximo que supone pensar en el día después una vez concluya la cuarentena este próximo 15 de abril.

Son muchas las voces que se enfrascan en un debate totalmente equivocado, poniendo sobre la balanza economía y vida. Este debate infructuoso hace que lo económico no forme parte del debate cuando de planificar e implementar políticas públicas se refiere.

Este gobierno, como su predecesor, el anterior y los que les precedieron, conciben la economía desde la óptica de Keynes, donde el Estado tiene dos brazos que pueden operar sobre la economía para corregir las fallas de mercado que las propias fuerzas de oferta y demanda no pueden rectificar. Hablamos de políticas monetarias y políticas fiscales. Aumentar el Gasto Publico e Inversión Pública constituye las herramientas fiscales y la inyección masa monetaria y control de las tasas de interés son las herramientas monetarias de manera general.

Bajo ese entendido el crecimiento de la economía nacional ha recibido temporalmente excedentes externos que han permitido al Estado aumentar su nivel de gasto e inversión que parcialmente ha encontrado en el sector privado a proveedores en diversos rubros, generando un efecto positivo en las mismas pudiendo mantener y generar nuevas fuentes de empleo transfiriendo dividendos tanto a empresarios como a trabajadores formales. Lamentablemente esta receta dura el tiempo que se tenga disponible esa inyección extraordinaria de recursos procedentes de nuestras exportaciones de “commodities”, luego volvemos a depender exclusivamente del mercado interno y su reducida demanda siempre aquejada por el sector informal importador de productos del mercado internacional.

Hoy por hoy, los bonos de canasta familiar, Renta Dignidad y otras transferencias desde el Estado hacia las familias, así como la subvención parcial de algunos servicios básicos como la energía eléctrica, agua potable, etc. responden a una política keynesiana en toda su extensión, reducir los costos de vida para generar una “demanda artificial” de bienes y servicios para mostrar un incentivo dirigido al sector privado con el fin de mantener un nivel de producción suficiente como para no comprometer fuentes de trabajo y así estabilizar coyunturalmente el mercado interno. La pregunta es ¿hasta cuándo es esto sostenible?

Ni Keynes se aventuraría a establecer una fecha exacta. Simplemente porque su teoría no es viable al estar condicionada por los recursos que el Estado disponga, así como el nivel de endeudamiento al que este pueda acceder.

El Gobierno recibió en las últimas horas un proyecto de ley para viabilizar la devolución parcial de los aportes a la jubilación de los trabajadores con el objetivo que estos puedan acceder a los fondos de pensiones individuales y cubran sus necesidades de liquidez para afrontar lo que reste del periodo de cuarentena en el país.

Una ley de este tipo permitiría que aquellas personas que no son beneficiarias del gran abanico de bonos, heredados y de reciente creación, puedan paliar “parcialmente” su necesidad de fuentes de ingresos ante una paralización integra de la economía nacional salvo por los rubros estratégicos como alimentos, artículos de limpieza e insumos médicos.

Los pensionados están en todo derecho de acceder a su fondo de pensiones; que valga decir son muy mal gestionados por las Agencias de Fondo de Pensiones ya que las escasas alternativas de inversión en el mercado interno hacen que los rendimientos no sobrepasen el 1% anual consecuencia de una Ley de Pensiones caduca, descontextualizada y adversa para la seguridad social del trabajador; mismos recursos que en gobiernos anteriores fueron “invertidos” en Bonos del Banco Central para de esa forma el Estado obtener la liquidez necesaria para sortear periodos de crisis económica y cubrir déficits fiscales.

Si se llegará a concretar la ley tal cual es planteada por la ASOAF (Asociación en Defensa de Fondos de Pensiones), tendríamos una nueva inyección de masa monetaria en la economía, que sumada a los bonos que se pagan en estos momentos y un aparato productivo paralizado de escasa oferta desencadenarán un efecto inflacionario ineludible, el escenario futuro boliviano giraría en torno a una economía paralizada, descapitalizada (producto de la inusual necesidad de liquidez coyuntural) y endeudada (Gasto Público y Subvenciones) volverían las actividades en un entorno bajo el permanentemente riesgo de un rebrote del COVID-19 en nuestro país (contando como única línea de defensa con un sistema de salud precario al borde del colapso por recursos humanos, insumos, equipamiento e instalaciones adecuadas).

El tiempo apremia y la cuenta regresiva demanda de acciones integrales con un horizonte puesto en la etapa post cuarentena, de otro modo estaríamos camino a una crisis económica y social peor aún que la crisis sanitaria que las autoridades de gobierno buscan desesperadamente de evitar, a mi parecer infructuosamente.

No habrá cuarentena suficiente para bajar el riesgo de contagio a 0, mantener el país parado supone un gran costo y el Estado solo atina a comprar tiempo con fondos públicos en lugar de dirigir una transición post cuarentena en las mejores condiciones posibles.

Keynes y su sistema han demostrado no ser una respuesta sino más bien un paliativo, aun así, al día de hoy se mantiene estoico guiando las políticas desde Palacio gobierno tras gobierno, tumbo tras tumbo, crisis tras crisis, sin recibir cuestionamiento alguno.

¿Será este gobierno de transición el que rompa con la tradición keynesiana?

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA es economista, máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y presidente de la Fundación Lozanía//

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