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Viernes, 24 de Enero de 2020

LA MENTIRA COMUNISTA DESDE ARGENTINA AL RESCATE DEL ASILADO MORALES

POLÍTICA | 2 Dic 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Pasó por el país la delegación denominada “Argentina en Solidaridad con Bolivia”, que más bien se convirtió en solidaridad con el expresidente Evo Morales, que, desde su asilo en México, sigue coordinando acciones contra el gobierno constitucional de transición, armando un caso de “golpe de Estado” para poner trabas a las nuevas elecciones generales de 2020.

La delegación del argentino Juan Grabois, con unas 40 personas, llegó el pasado jueves por la noche y se fue el domingo de retorno a su país, dejando un mal sabor en la opinión pública boliviana que desconfió de la credibilidad de ese activista del Kirshnerismo, que tiene en la vecina nación denuncias de corrupción y manipulación de los sectores sindicales, como un caso de malversación en empresas cooperativas textileras y otro caso abierto por la construcción de un baño con sobreprecio de 700 mil pesos.

El Gobierno desconoce o al menos todavía no ha identificado a quienes están detrás de esta campaña mediática de montaje de pruebas y mentiras para victimizar a Evo Morales a ojos de la comunidad internacional, pero no parece extraño que en el régimen del MAS hayan actuado desde 2006 exterroristas, como el hermano del exvicepresidente Raúl García Linera y el círculo de amigos argentinos de Hugo Moldiz, como Andrés Salari expareja de Adriana Campero, o Fabián Restivo expareja de Gabriela Montaño. Incluso se sospecha coordinación desde España por el etarra Katu Ancorada o el vasco Ricardo Bajo, es decir, el comunismo transnacional en pleno.

Una todavía especulación en las redes sociales habla de un desembolso de más de 400 mil dólares desde Bolivia a la cuenta de la electa vicepresidenta argentina Cristina Fernández, precisamente entre las fechas que se investiga el tráfico irregular de divisas en los bancos Central de Bolivia y Unión, ambos controlados hasta noviembre por el MAS.

Pese a que en Bolivia ya se tiene un nuevo proceso electoral en marcha con la convocatoria y designación de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el movimiento de candidaturas en los medios, son las voces radicales dentro del MAS las que siguen el guión de Morales y Garcia Linera desde México al acusar “persecución política” y que “en estas condiciones no se puede llevar un proceso democrático”.

Las diputadas Sonia Brito y Betty Yañiquez, junto con los senadores Adriana Salvatierra y Ciro Zavala son los portavoces de esos designios para entrampar el nuevo proceso electoral y así se ha anunciado para esta semana.

EL GUIÓN DE LAS SEIS CONCLUSIONES

El equipo argentino que pasó por Bolivia para tomar declaraciones de un solo lado y actuando únicamente bajo el amparo de la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, declarada afín al proceso de cambio de Evo Morales, dejó seis conclusiones e identificó preliminarmente, doce vulneraciones de derechos humanos.

En resumen, las seis conclusiones siguen el guión del “golpe de Estado” y de llamar “gobierno de facto” a la administración constitucional de la presidenta Jeanine Añez, en franco desconocimiento de la realidad nacional, normativa constitucional y contexto boliviano.

En Bolivia hubo “golpe de Estado” promovido por cívicos, empresarios, Policía, FFAA y “con el apoyo de Donald Trump”, dice el informe del grupo de Grabois.

Los golpistas prepararon una “estrategia de terror” antes y después de las elecciones, que además fue “coordinado con la OEA”, agrega la nota, por haber adelantado el informe de auditoría de las elecciones generales del 20 de octubre. “Alguien”, además, “coacciona y amenaza” a las familias de los dirigentes del Pacto de Unidad y la COB para que adopten “posiciones contrarias a su voluntad”.

Las FFAA “obligaron a renunciar” a Morales, Garcia, Salvatierra, ministros y gobernadores. Los golpistas también “tomaron por la fuerza” los medios de comunicación comunitarios, inventa Grabois.

Sobre la presidenta, el informe dice que Añez se “autoproclamó” presidenta del Senado y luego presidenta del Estado. El comandante de las FFAA Williams Kaliman, además, le puso la banda presidencial y eso es algo “elocuente”. Finalmente, ese trabajo pagado concluye que el “gobierno de facto” adoptó una política de “represión a los humildes pueblos originarios” que se constituye en delitos de “lesa humanidad”.

UNA DOCENA DE VIOLACIONES SIN SUSTENTO

Sobre las “doce violaciones a los derechos humanos”, supuestamente cometidas en Bolivia, desde la renuncia de Morales, porque nunca se habla de las acciones del régimen del MAS previas y durante las elecciones del 20 de octubre. El resumen establece otra serie de invenciones casi sacadas de un guión de Hollywood.

Se dice que en Senkata, además de las trágicas muertes, hubo “personas desaparecidas”. Se reitera en otro punto, que hay “desapariciones forzadas de personas” y se habla de “violaciones y abusos sexuales graves” cometidos por parte de militares en El Alto y Sacaba.

Se habla de la “destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos” contra los legisladores y funcionarios del MAS, pero jamás se menciona la quema de las casas de Waldo Albarracín ni de Casimira Lema, por ejemplo. Se acusa además a la “Unión Juvenil Cruceñista” de haber cometido esos actos vandálicos.

Grabois inventa que las Fuerzas Armadas “llegaron al Chapare” con el objetivo de “capturar a diversos dirigentes sociales, sindicales, indígenas y campesinos”. Se cita “listas negras” de dirigentes políticos y sociales que fueron elaboradas por el Gobierno para negarles el “derecho a la defensa”.

Hubo, agrega, “disparos desde helicópteros y ráfagas de disparos desde vehículos militares” para dispersar a los manifestantes.

Sobre la prensa dice que los medios locales “sufren hostigamientos, amenazas y restricciones”, así como la prensa internacional y pone como ejemplo el caso del periodista argentino Sebastián Moro.

En la narrativa del “racismo”, que dio resultado a Morales y su séquito para convulsionar al país, se habla de “prácticas discriminatorias y estigmatizadoras sobre las víctimas de la represión” y se recuerda la quema de la wiphala.

En la parte final, el documento denuncia la “negación de salvoconductos para perseguidos políticos” y se queja de que “víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos”.

Finalmente, en una parte más amplia de su texto, el grupo del comunista argentino se queja en detalle del “maltrato” recibido durante su paso por Bolivia, incluyendo operaciones de “espionaje y escuchas ilegales” a sus comunicaciones.

En todos los casos, el informe habla con lenguaje indeterminado, sin datos concretos, usando “varios”, “muchos”, “innumerables”, “diversos”, “centenares”, para tratar de explicar el contexto boliviano.

Para este artículo se han tomado entre comillas, partes de cada una de las seis conclusiones y 12 violaciones registradas en el informe preliminar de Grabois y sus 40 comunistas argentinos.

//@VisorBolivia// 

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