TENSIÓN Y MUERTE EN LA ASUNTA Y RÉGIMEN SE ESTRELLA CONTRA LA APDHB

Población de Yungas se encuentra en emergencia por presencia de la FTC / FM BOLIVIA

SEGURIDAD | 26 Ago 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La intervención policial y los enfrentamientos en la zona cocalera de La Paz han cobrado una vida y dejado varios heridos. La tensión se siente en la población de La Asunta, mientras el régimen apunta “responsabilidades” a la presidenta de la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Bolivia – APDHB, Amparo Carvajal.

Un efectivo policial murió el sábado durante los enfrentamientos con los productores de coca del trópico paceño que se inició el viernes con el ingreso a la región de la Fuerza de Tarea Conjunta – FTC. El teniente de la Unidad de Patrullaje Rural, Daynor Sandoval, fue victimado con un disparo, presuntamente por cocaleros en una emboscada en La Asunta.

Del hecho ya se tiene un detenido, que fue remitido al penal de San Pedro, mientras se buscan a posibles cómplices, informó el comandante general de la Policía, general Faustino Alonso Mendoza.

En tanto, se reportó al menos cinco efectivos policiales heridos con armas de fuego durante su incursión a la comunidad de San Antonio.

La primera reacción del régimen, salió de boca del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien señaló “responsabilidades” a Amparo Carvajal, la activista de derechos humanos de 79 años.

“Responsabilizo de la muerte del teniente a ADEPCOCA y a la señora Carvajal de Derechos Humanos, que es patrocinadora de organizaciones criminales”, espetó sin pruebas, el funcionario.

Esta jornada la APDHB y activistas lanzaron un comunicado de respaldo a Carvajal, esperando una retractación del ministro de Gobierno.

“Exigimos que el Ministro Carlos Romero Bonifaz se retracte de inmediato y públicamente por las acusaciones infundadas contra Amparo Carvajal, caso contrario acudiremos a las instancias correspondientes para hacer respetar el derecho vulnerado de la compañera Carvajal”, cita parte de la nota que pide la presencia de veedores internacionales ante lo que llaman una represión sistemática del régimen contra DDHH en Bolivia.

Del lado de los productores de coca de Yungas, establecidos en la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz – ADEPCOCA, se ha denunciado la militarización de la zona, además de declarar en la clandestinidad a sus dirigentes.

“Ni siquiera ni tiempo de dictadura habíamos vivido una situación así. La verdad hay gente que nos está siguiendo, por eso hoy hay dirigentes que sean declarado en la clandestinidad”, declaró a red Erbol el dirigente cocalero Freddy Quispe.

En esa condición se encuentra el secretario ejecutivo de ADEPCOCA, Franclin Gutiérrez, el par sindical del presidente de las seis federaciones del trópico, Evo Morales. Gutiérrez había anunciado hace meses su incursión en la política como candidato a la Presidencia del Estado, luego del conflicto por la Ley de la Coca de principios de año.

En respuesta, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, negó que existan fuerzas militares en los Yungas.

“Descartamos cualquier presencia militar en el lugar, más allá de los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta que tenemos que están exclusivamente dedicados a la erradicación, no hay ninguna instrucción por el momento de involucrar a las Fuerzas Armadas en este tema”, declaró a medios estatales.

Últimas imágenes del conflicto que ya circulan en las redes sociales, muestran a mujeres de Yungas pidiendo con desesperación el cese de la intervención. Otras fotografías dan cuenta de heridos de parte de los cocaleros, algunos con impactos de proyectiles “no convencionales”, como se denominan a las canicas de vidrio que ya marcaron una anterior represión policial, sin contar el caso del universitario de la UPEA, que perdió la vida en mayo reciente.

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