PERSEGUIDOS POLÍTICOS PREVÉN JUICIO A MANDATARIOS POR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN CASO TERRORISMO

Régimen ve “intromisión” de la OEA y anticipa “defensa” de Morales y García. Éste último presentó mismo recurso a CIDH por su paso en el EGTK

La reacción del Jefe del Estado Plurinacional en un tuit / MONTAJE

POLÍTICA | 4 Abr 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH asumió competencia para investigar si durante el operativo en el Hotel Las Américas se incurrió en una ejecución extrajudicial. En caso de prosperar aquella figura, procesos por la violación de derechos humanos se activarían contra Evo Morales y Álvaro García, aunque la reacción de éstos ya fue descalificar a dicha organización internacional.

La CIDH asumió su derecho a petición en febrero, después de casi ocho años de que el caso fuera interpuesto por Gianni Prado y Carolina Dwyer, representante de los encausados en el caso terrorismo y la hermana de uno de ellos, respectivamente.

La información provocó la reacción del mandatario Evo Morales, quien a través de su cuenta Twitter descalificó a esa instancia.

“Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admite la demanda del caso hotel Las Américas, entonces, la CIDH es defensora del terrorismo y del separatismo que quiso dividir la Patria y enfrentar a hermanos bolivianos en 2009”.

Sin embargo, la reacción de quienes se consideran perseguidos políticos del régimen del MAS fue una suerte de esperanza y revancha.

Alejandro Melgar, investigado por el régimen, salió a Uruguay a fines de 2012 para evitar la detención preventiva y desde entonces se defendió de dos peticiones de extradición, la última negada al Gobierno boliviano en noviembre de 2017.

En entrevista con Cabildeo de Radio Líder FM, Melgar dijo que la admisión y el derecho a petición que asumió la CIDH es un triunfo judicial para los perseguidos políticos, porque los encausados están esperando una próxima sentencia que demuestre a la comunidad internacional que en abril de 2009 hubo una acción estatal contra los cruceños.

“La justicia tarda, pero llega, y en algún momento nos veremos sentados ante la justicia, ellos en el banquillo de los acusados y nosotros defendiendo nuestros derechos”, declaró.

Melgar acotó que los países que activaron la petición, como Irlanda, con respaldo del Parlamento Europeo, podrían seguir un juicio hasta llegar a La Haya. “No debe olvidarse el presidente Evo Morales que los crímenes de lesa humanidad se juzgan en la Corte Penal Internacional y todos los juicios terminan ahí”.

Sobre el tuit de Morales, Melgar lo comparo con un “niño caprichoso”.

“Al presidente Morales la Corte solo le conviene cuando falla a su favor; es como todo niño caprichoso que quiere jugar mientras lo dejen jugar con la pelota y cuando no le gusta el juego se lleva la pelota enojado”, dijo.

Melgar fue uno de los citados en la lista de 35 implicados que elevó el entonces “super fiscal” Marcelo Soza, hoy refugiado en Brasil, y de la docena de personas que salió del país para evitar una inminente detención preventiva que ya llevaría nueve años.

Romero en conferencia de prensa / ABI

INTROMISIÓN Y DEFENSA

Para el diputado oficialista Víctor Borda, la CIDH no tiene competencia en las decisiones soberanas que el Estado boliviano ha realizado en torno al caso terrorismo a través de tribunales competentes.

“El hecho mismo de que muchos de los implicados se hayan sometido a procedimiento abreviado defenestra la vulneración de derechos constitucionales, es algo penoso hablar de una ejecución extrajudicial”, agregó en entrevista con radio Panamericana.

El Estado Plurinacional había sido notificado por la CIDH en marzo de 2016, pero en septiembre hubo un recurso para desconocer la competencia de esa comisión, pues se dijo desde Bolivia que la CIDH no podía interferir en un proceso interno del país.

El derecho a petición se activó en la CIDH, entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos – OEA y sus 34 miembros, por advertir que el caso involucra la investigación sobre los derechos a la vida.

Con ello, un informe concluyente de la CIDH llevaría el caso a la Corte Internacional de Derechos Humanos. El Estado y sus actuales gobernantes serían pasibles a un proceso por las figuras de tortura y ejecución extrajudicial, entre las más complejas, sin descartar pasar a un juicio en la Corte Penal de Justicia de La Haya, si se incluye en el expediente la causa de delitos de lesa humanidad.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reafirma que el caso terrorismo intentó dividir a Bolivia para favorecer intereses de grupos privilegiados y por ello anticipó al defensa de los mandatarios ante cualquier proceso internacional.

“Si tenemos que defender al Estado boliviano y la unidad de la Patria, pues lo vamos hacer y vamos a sostener ante quien sea, y si tenemos que volver a refrescar la memoria colectiva para recurrir a los instrumentos contundentes probatorios de la existencia de esos hechos, lo vamos hacer ante quien sea”, declaró el funcionario en conferencia de prensa.

Melgar salió a Uruguay tras ser implicado en caso Rózsa / MONTAJE ARCHIVO

NUEVE AÑOS DEL HOTEL LAS AMÉRICAS

El 16 de abril de 2009, un grupo de élite de la policía denominado Unidad Táctica de Resolución de Crisis – UTARC, intervino en horas de la madrugada y sin orden fiscal, el céntrico hotel en la capital de Santa Cruz, con el fin de desarticular la célula irregular de Eduardo Rózsa Flores, acusado de generar terrorismo separatista en el país.

De esa irrupción policial se detuvo a Mario Tádic y Elod Toazo, pero también se dio muerte a Rózsa, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer. Los cuerpos de los dos primeros presentaron impactos de bala certeros, pero el tercero agonizó durante horas, a pesar de existir varias clínicas a la redonda del céntrico hotel, según revela la investigación de Carlos Valverde.

El mandatario Evo Morales reconoció horas más tarde, desde Caracas y en compañía de Hugo Chávez, que él dio la instrucción de intervenir ese hotel, porque tenía información de que se estaba planteando una serie de atentados, además de la ejecución de un magnicidio.

En sus propias palabras dijo que llamó al vicepresidente Alvaro García y le pidió coordinar con la Policía una inmediata intervención para acabar con el terrorismo separatista en Bolivia.

LOS GARCÍA EN LA CIDH

Con la descalificación de Morales a la CIDH vinieron los recuerdos sobre la causa que abrieron los hermanos Garcia Linera como exreos acusados por terrorismo cuando fueron parte del denominado Ejército Guerrillero Túpac Katari – EGTK.

Luego de cinco años en detención preventiva sin avance procesal, entre 1992 y 1997, Alvaro y Raúl, además de Felipe Quispe, Silva de Alarcón, Raquel Gutiérrez, Juan Carlos Pinto, Víctor Ortiz y otros, quedaron libres sin ser declarados inocentes. El caso expiraría poco después de que el exopinador de medios fuera investido como vicepresidente.

Acusando torturas en su contra, los hermanos Garcia Linera y los ex EGTK activaron un proceso contra el Estado boliviano en 2001 y en 2005 la OEA a través de la CIDH admitió la demanda que desde 2006 no tuvo seguimiento, coincidiendo con la toma del poder de Morales y García hasta la fecha.

Basadas en estos hechos, las presuntas víctimas solicitan que se admita y tramite la presente petición por las presuntas violaciones a los derechos a la integridad física y síquica, libertad personal, garantías judiciales, protección de la honra y de la dignidad, propiedad privada y protección judicial, contenidos en la Convención Americana en relación con las obligaciones del artículo 1.1 del mismo estatuto”, añade parte de la petición de los exmiembros del EGTK, la célula irregular que buscaba desestabilizar al gobierno constitucional para imponer la “nación aymara” por encima de la República de Bolivia, como citan escritos y declaraciones de García y Quispe de la época.

VEA: LA PETICIÓN ANTE LA CIDH DEL EGTK Y LOS GARCÍA LINERA CONTRA EL ESTADO BOLIVIANO

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