Cinco sectores rechazan la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas

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POLÍTICA | 21 Sep 2021

El gremio periodístico, el movimiento cívico, políticos de oposición, gremiales e integrantes de plataformas están en alerta. Denuncian que se vulneran las libertades 

PÁGINA SIETE.- El gremio de periodistas, el movimiento cívico, políticos de la oposición, gremiales e integrantes de plataformas rechazan el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, porque -argumentan- atenta contra todas las libertades democráticas e implica “un grave riesgo” para las actividades financieras, comerciales y civiles.

En respuesta, el Gobierno aseguró que el proyecto no vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), no afecta el trabajo de la prensa y descartó incluir un artículo que garantice el respeto a la Ley de Imprenta. Destacó también que la norma obedece a estándares internacionales para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

El proyecto de ley fue aprobado en grande y detalle en la Cámara Baja y pasó al Senado para su tratamiento. Se prevé que esta semana sea debatido.

Entre los artículos más observados está el 11, relativo a la exención de secreto de confidencialidad. Ese artículo señala que “no se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en todo aspecto económico, profesional u otro”, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pida información que será obtenida “sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo”.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, las asociaciones de Periodistas de La Paz, de Oruro y de Potosí, y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia rechazan ese artículo de la norma.

“Consideramos que dicho proyecto de ley va en contra de la Constitución, la Ley de Imprenta y el Código Nacional de Ética Periodística, al poner en riesgo el secreto profesional de la prensa”, dijo el dirigente del sector Óscar Benavides.

La Asociación Nacional de la Prensa pidió a los legisladores incluir una excepción en el artículo 11, orientada a proteger el secreto en materia de imprenta.

Los otros sectores, además, objetan el artículo 17, que hace referencia al “sujeto obligado” a dar información, porque involucra a “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros”.

Estos artículos, el 11 y 17, junto a los otros 57 que contiene el proyecto prendieron las alertas.

El bloque de “comités cívicos del sur” de Potosí, Oruro, Chuquisaca y Tarija sacó un comunicado de rechazo al proyecto de ley, porque “atenta contra la libertad, la propiedad privada y el secreto profesional”.

Comunidad Ciudadana presentó siete puntos que objetan el proyecto, entre los que están: que se subalterniza a la Fiscalía como una parte más del Órgano Ejecutivo, se da poderes sancionatorios a la UIF, se otorga “superpoderes” de investigación a los fiscales, sin intervención judicial oportuna.

Además, CC observó que se atenta contra la libertad de prensa con el artículo 11, ya que “en caso de que la UIF requiera información a periodistas y/o medios de comunicación, éstos no podrán invocar la reserva de fuente”.

Para Creemos, el proyecto de ley es un atentado grave a la democracia, viola las garantías judiciales y convierte a la UIF en un instrumento de represión estatal, por lo que convoca a toda la sociedad a manifestarse y rechazar su aprobación.

La Confederación Nacional de Gremiales también rechazó la norma y advirtió que en caso de aprobarse, “saldrán a pelear” a las calles. “Ojalá que (el presidente Luis Arce ) lo anule, porque de lo contrario va a tener problemas”, afirmó el dirigente Francisco Figueroa.

Las plataformas ciudadanas, a través de un pronunciamiento emitido el 18 de septiembre tras su congreso nacional, rechazaron la aprobación del proyecto y anunciaron una lucha en las calles “hasta su abrogación”.

En respuesta a esas observaciones, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, defendió el proyecto de ley y descartó que se incluya en el artículo 11 un parágrafo que establezca el respeto al secreto de imprenta.

“La ley que se ha aprobado en la Cámara de Diputados no vulnera la CPE ni contiene disposiciones que afecten la libertad de expresión, la labor periodística, ni incurre en censura previa (…). Consideramos que no es necesario incorporar una excepción porque la regla no se aplica precisamente a los periodistas y a los comunicadores”, señaló.

Sobre la disposición referida a la confidencialidad del secreto bancario, que figura en el artículo 11, Espinoza detalló que la Ley N° 393 de Servicios Financieros establece que se levanta la confidencialidad del secreto bancario previo cumplimiento de requisitos.

“Ese proyecto de ley va en contra de la Constitución, la Ley de Imprenta y pone en riesgo el secreto profesional de la prensa”.

Óscar Benavides, dirigente

“No es necesario incorporar una excepción, porque la regla no se aplica a los periodistas ni a los comunicadores”.

Ivette Espinoza, viceministra 

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