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Sábado, 23 de Octubre de 2021

Soto denuncia abandono de la clase política cochabambina, hoy en función legislativa

ESPECIALES | 12 Sep 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Milena Soto, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala, lamentó el abandono de la clase política cochabambina a quienes defendieron la seguridad del valle, de los ataques de grupos aliados al Movimiento Al Socialismo (MAS), durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019. Una senadora y una diputada son mencionadas por la activista, en contacto con ViSOR.

La activista lamentó el abandono de la clase política, como el caso de la diputada Doris Torrez o la senadora Andrea Barrientos, ambas militantes de Comunidad Ciudadana, que siendo representantes por Cochabamba, no se pronunciaron por su detención ni contra el constante acoso judicial que sufren los jóvenes de la RJC sólo por haber dado la cara durante las jornadas de 2019.

El reciente escándalo viral protagonizado por Barrientos, quien dijo en una sesión legislativa que tenía “coincidencias con el MAS”, provocó el repudio de la RJC que considera aquello como una falta de carácter en medio del contexto de persecución política que vive el país.

En ese marco, Soto recordó que en la crisis de 2019 hubo dos reuniones de coordinación para la defensa de Cochabamba; una en la capilla de la avenida Monseñor Rivero, con activistas, políticos de oposición, incluidas las entonces candidatas de CC y representantes de la Iglesia Católica, donde Barrientos mostraba una postura tibia y hasta crítica a la propia Resistencia.

Los marchistas del MAS, relata Soto, durante esas jornadas comenzaron a amenazar a los activistas con “quemarlos vivos” y para ello rociaron diesel y gasolina en las calles. También colocaron alambres de púas de calle a calle para que los motociclistas sufran cortes y lesiones al pasar por esos sectores.

Entonces, un segundo encuentro se dio en el Colegio Médico de Cochabamba para analizar la pacificación del país, cuando ya había grupos de cocaleros que pretendían avanzar desde Sacaba a la capital del valle. Esa jornada, Barrientos criticó a la RJC porque, según ella, “actuaban muy agresivos” y dijo que los grupos masistas “eran pacíficos”. Sugirió además, dirigirse hacia la marcha de cocaleros con una “bandera blanca” para entablar el diálogo, pero condicionó aquello a que los uniformados la resguarden. Un coronel de Ejército del CITE le aclaró que había mucho riesgo y tensión, aceptó acompañarla, pero dijo que la dejarían sola para hablar con los manifestantes cocaleros. Entonces, Barrientos retrocedió.

Asimismo, Soto dijo que la diputada Torrez “era su amiga de muchos años”, pero hoy ve una total indiferencia ante la persecución que vive la RJC con cinco detenidos por acusaciones activadas desde el MAS y el propio Ministerio Público.

CC en Cochabamba cuenta con una senadora, Barrientos, y seis diputados: Toribia Lero, Saúl Lara, Samantha Nogales, José Maldonado, Alejandra Camargo y César Virguetti, este último fallecido por Covid-19.

Torrez, que es suplente de Maldonado, escribió en julio en sus redes: “Bolivia vivía y vive en los últimos años, en un estado derecho vulnerado al antojo político de personajes desamorados de su patria. Nadie puede vulnerar los derechos que por ley tiene cada uno de las personas, Derechos Universales que no pueden ser atropellados, manoseados, ultrajados. Basta de la persecución política”. De los últimos procesos a la RJC no existe ningún post o referencia específica de la diputada opositora.

LA RESISTENCIA PERSEGUIDA

Durante las jornadas de tensión de octubre y noviembre de 2019, la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) se convirtió en un bloque de defensa de la capital valluna, ante las amenazas de violencia por parte de hordas del MAS que se incrementaron a partir de la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.

La noche del 12 de noviembre de 2019, cuando Jeanine Áñez asumía la sucesión presidencial, los miembros de la RJC alertaban sobre una supuesta convocatoria de Andrónico Rodríguez, como vicepresidente de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico, para hacer la “toma” de Cochabamba. Soto, junto a Yassir Molina, llamaban a seguir en vigilia pacífica y mantener las barricadas zonales para evitar enfrentamientos.

Sin embargo, el actual régimen de Luis Arce, mediante sus operadores judiciales como el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, comenzó una suerte de cacería contra este grupo, argumentando que fueron parte del “golpe” a Evo Morales y desde los medios de propaganda oficialista se los califica como un “grupo paramilitar” que “coordinó” con el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, la “masacre de Sacaba” del 16 de noviembre.

Posteriormente, tanto Molina como Soto fueron procesados, aprehendidos y detenidos por las protestas en la sede de la Fiscalía General en Sucre de octubre de 2020, cuando se exigía la renuncia de Juan Lanchipa, por dilatar las investigaciones que implicaban a la dirigencia masista, como el caso de sedición contra Morales que al final quedó archivado, ya con el MAS retomando el poder.

Bajo imputación de supuesto deterioro de los bienes del Estado, organización criminal y tenencia ilegal de armas, Molina, Soto y los hermanos Mario y Fabio Bascopé fueron encarcelados uno a uno.

DOBLE ARRESTO DOMICILIARIO

En ese mar de confusión de fechas y manipulación judicial, Milena Soto fue aprehendida el 3 de agosto en Cochabamba y trasladada a Sucre para su audiencia de medidas cautelares en la que el juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Chuquisaca, dictó arresto domiciliario con salidas para trabajar.

Pese a cumplir con esa medida cautelar, el 3 de septiembre, Policías y fiscales allanaron la casa de Soto y la aprehendieron en presencia de su hijo. Paralelamente se procedía a arrestar a Jaime Maldonado, otro integrante de la RJC.

Tras el fin de semana, en audiencia de más de 12 horas, se dictó otro arresto domiciliario a Soto por los supuestos delitos de “organización criminal, privación de libertad, lesiones graves y leves, delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, impedir o estorbar el ejercicio de funciones y fabricación o tenencia de sustancias explosivas”. Todo aquello a denuncia de la exdiputada del MAS, Juana Quispe, por los conflictos de 2019.

El proceso se ejecutó horas después de la visita de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, a integrantes de la RJC, a quienes expresó su solidaridad.

“Jóvenes queridos, para mí son una resistencia necesaria”, expresó Carvajal.

//@VisorBolivia// 

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