Dirigentes de “víctimas de la masacre” trabajan como funcionarios del actual Gobierno

Marcha del MAS y las "víctimas de Senkata" quemó muñecos de Áñez, Mesa y Carvajal por ser "golpistas y masacradores" / PÁGINA SIETE

POLÍTICA | 3 Sep 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Con base en los datos de Contraloría, el exdiputado Amilcar Barral, denunció este viernes que los dirigentes de las “víctimas de la masacre” de 2019, ahora son funcionarios públicos del gobierno de Luis Arce. Ese grupo, junto a militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), marchó esta jornada para pedir “30 años de cárcel” contra Jeanine Áñez, Carlos Mesa y Amparo Carvajal.

Barral, quien fue vicepresidente de la Comisión Legislativa de 2020 que indagó los hechos de Senkata y Sacaba, además de Montero y Villa Vila, elaboró un informe en minoría, distinto al que aprobó los dos tercios con los que el MAS contaba la anterior legislatura, y que excluyó a conveniencia a otras víctimas de la crisis política de 2019.

Esta jornada, el exdiputado identificó a la dirigente de las “víctimas de Senkata”, Gloria Quisbert, como funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo y al delegado de las “víctimas de Sacaba”, Ismael Marquina como servidor público en el Ministerio de Gobierno.

“La representante de Senkata está trabajando en el Ministerio de Desarrollo Productivo con 8.000 bolivianos de sueldo y representantes de los de Sacaba, que todos eran chapareños y cocaleros, está trabajando en el Ministerio de Gobierno, lo raro es que el hombre era policía, era el que organizaba los bloqueos”, señaló Barral, según reporte de Página Siete.

Quisbert figura en planillas desde marzo y Marquina registró su declaración jurada en febrero, con lo cual se confirma que fueron contratados en el actual gobierno del MAS.

Esos dirigentes formarían parte de las marchas convocadas por el MAS para pedir cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez, tanto por el caso de supuesta “sedición, conspiración y terrorismo”, más conocido en los medios como “golpe” a Evo Morales, pero también por las “masacres” de 2019, dentro de los parámetros que lanzó el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Internacionales (GIEI).

“Estamos pagando los bolivianos a funcionarios públicos que pueden entrar y salir de sus oficinas cualquier momento que se les da la gana, por el solo hecho de hacer política. Ellos no están buscando justicia, están buscando hacer política y seguir fregado la situación de Jeanine Añez”, acotó Barral.

En ese sentido, deploró el uso político que el MAS hace de la tragedia de esas familias, que además ya recibieron una indemnización de Bs 100 por cada fallecido en El Alto. En el caso de los allegados de los muertos de Cochabamba, estos rechazaron ese pago desde el gobierno de Áñez en 2020.

“Lo lamentable es que el MAS está utilizando políticamente a esta pobre gente que ha perdido a sus familiares y lo más extraño es que la gente de Senkata ha recibido Bs 100 mil del gobierno de Áñez. Yo no entiendo por qué han recibido esa plata de una presidenta de facto, de una presidenta que ha hecho un golpe, de la supuesta asesina de sus familiares”, declaró Barral a Fides.

En la semana, el representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, confirmó que las familias de Senkata recibieron Bs 100 mil, pero como "ayuda social" y no "indemnización.

“En el tema económico, sí hubo el desembolso de 100 mil bolivianos, pero con la palabra "ayuda humanitaria", no indemnización ni tampoco resarcimiento, porque la única autoridad que da una cantidad económica y/o resarcimiento se llama Juez o Tribunal”, declaró el martes, en Fides.

En tanto, la marcha de los militantes masistas y esta dirigencia de las “víctimas de Senkata y Sacaba”, cruzó desde la avenida Montes hasta las puertas del Ministerio Público, con wiphalas que les fueron distribuidas detrás de la fábrica de la Cervecería Boliviana Nacional, además de tres muñecos con las fotos de la expresidenta Jeanine Áñez, el expresidente Carlos Mesa y la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, quien es la nueva “enemiga identificada” por el régimen del MAS.

“No descartamos radicalizar las protestas”, dijo Rubén Chambi, otro representante de Senkata, mientras la marcha pedía 30 años de cárcel para los “golpistas y masacradores”.

Asimismo, esta marcha rechazó que Áñez pueda defenderse en libertad y salir de la cárcel de Miraflores a arresto domiciliario.

Según ellos, la expresidenta “se queja de malos tratos” en ese penal, pero ella “nunca pensó en los heridos y muertos de Senkata”.

//@VisorBolivia//