Mujeres activistas son buscadas en una nueva ola de citaciones ante la Fiscalía

Barriga, Cárdenas e Ibarra deben comparecer a denuncia de la defensora interina Nadia Cruz / RRSS

SEGURIDAD | 30 May 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Activistas que apoyaron la lucha del 21F y los 21 días de movilizaciones que terminaron con la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 ahora son sindicados de todo tipo de delitos por el Ministerio Público, a petición de las entidades estatales controladas por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En la semana se conoció la citación contra la abogada Paola Barriga, la exdirigente de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas y la expresentadora de medios, Melisa Ibarra, además de Mauricio Neftali Mamani. La orden la firmó el fiscal de materia Marcos Villa con fecha de presentación de 1 de junio a instancias del Ministerio de Defensa, según se lee en el documento, aunque luego se conoció que la denuncia corresponde a la Defensoría del Pueblo.

Las activistas son señaladas por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad de trabajo y amenazas.

Barriga ironizó su caso al señalar que Bolivia es el único país en el que los ciudadanos “se deben defender de la defensora del Pueblo”, en alusión a dicha entidad manejada por la defensora interina Nadia Cruz, que respalda la mencionada investigación y acusa a los grupos civiles de haber “atacado” al personal y tratar de "tomar" el edificio defensorial en noviembre de 2019.

Cárdenas, a su turno, mediante un video responsabilizó al actual gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca de ser los perseguidores de la oposición, con uso de la Fiscalía y la administración de justicia. Lamentó que el partido oficialista no haya entendido el mensaje de reconciliación que supuso su retorno al poder, y que ahora cometan “el error más grande”, porque serán acusados ante instancias internacionales por la vulneración de los derechos humanos en Bolivia.

Finalmente, sobre Ibarra este es el segundo caso armado en su contra, luego de otro que involucra a una “red criminal”, como llamó el denominado investigador privado Sergio Huamán, en el que la activista feminista y “niñista” es sindicada de ser su “cabecllla”.

Ibarra no se presentó a declarar hace dos semanas por lo que existe una orden de aprehensión en su contra. Su hijo, Samir Sara, calificó el proceso como “persecución” y denunció que su familia es víctima de seguimiento por parte de grupos de Inteligencia del Gobierno.

Sobre la presunta "toma" de la Defensoría, Ibarra también fue señalada de "repartir dinero" a los manifestantes aquel año, aunque ella aclaró que al contrario, se hizo una colecta para comprar alimentos y sostener la vigilia ciudadana de esa semana.

El activista Guillermo Paz, deploró este tipo de amedrentamiento a quienes se manifestaron en contra de una entidad que debería velar por la ciudadanía y no por los intereses del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

“Nosotros estamos atentos como activistas al proceder del Gobierno y que no se confunda, que no trate de amedrentar a la población que hemos salido pacíficamente. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de pedir la renuncia de las autoridades, en este caso de la Defensora del Pueblo, que todos sabemos que representa al MAS y no al pueblo como tendría que ser”, declaró Paz.

QUIEREN VINCULAR A TODOS CON MURILLO

El viernes, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aprovechó el escándalo del caso gases lacrimógenos, que implica al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, para pedir que los activistas del 21F, así como los líderes cívicos departamentales de 2019, “sean incluidos en la ampliación de esas investigaciones.

El representante del Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, dijo al matutino El Diario, que las palabras del exdiputado masista son “declaraciones infantiles” y aclaró que los activistas lucharon por la recuperación de la democracia y no apoyaron al anterior gobierno de Jeanine Áñez, precisamente por haber politizado esa causa con fines electorales.

Sin embargo, con el caso de las otras activistas ahora citadas por el Ministerio Público, el Conade aún no tomó ninguna determinación de respaldo a Barriga, Cárdenas o Ibarra.

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