Pidieron entregar lista de “300 financiadores” como prueba del supuesto “golpe”

La exdiputada Lidia Patty fue señalada dentro del caso FONDIOC en 2015 y hoy es denunciante del caso "golpe" / RRSS

SEGURIDAD | 24 Mar 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, dentro de su denuncia por presunto “golpe de Estado” a Evo Morales en noviembre de 2019, pidió incluir en la investigación a “300 financiadores” de esos hechos, con base en una opinión mediática del exministro de Gobierno, Carlos Romero.

La denuncia activada por Patty en diciembre de 2020, fue modificando y ampliando la figura, hasta recaer en la imputación de la Fiscalía contra la expresidenta Jeanine Áñez, varios de sus ministros y el Alto Mando Militar activo en 2019, por las figuras de “conspiración, sedición y terrorismo”.

En ese marco, dentro del petitorio de pruebas del 3 de diciembre, la exdiputada a través de su abogado José Víctor Nina, solicitó al Ministerio Público: “Conmine a que el exministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, a que entregue la lista de 300 personas que hubieran financiado este golpe de Estado. Según nota periodística de PAT - No Mentirás”.

La petición se basa en una entrevista que dio Romero al citado canal el pasado 16 de noviembre, cuando dijo que el paro cívico de los 21 días, desde el día siguiente a las elecciones fraudulentas del 20 de octubre hasta la renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019, tuvo coordinación y financiamiento.

“Aproximadamente unas 300 personas dieron dinero para el golpe o para sostener los 21 días. Ahora, obviamente, algunos lo habían hecho de forma deliberada porque formaban parte de la conspiración, otros habrían sido chantajeados, extorsionados, había mucha gente que vivía bajo la sombra del pánico”, declaró.

En la misma entrevista, Romero aseguró que incluso se tiene las “planillas, montos, contactos y logística”, debidamente documentada, con aportes que superaban los 100 mil dólares que llegaban hasta el Comité Pro Santa Cruz. “Tenemos registrado los nombres, veremos en qué momento se presenta”, acotó en PAT.

La denuncia inicial de Patty no mencionaba a la expresidenta Jeanine Áñez y solo se concentraba en el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el padre de este José Luis Camacho y cuatro jefes militares activos durante los hechos de 2019.

En el petitorio de pruebas también se pide que la Fiscalía pida a "todos los medios de comunicación", las notas y videos elaborados desde el 21 de octubre de 2019 al 22 de marzo de 2020. 

Parte del petitorio de ampliación de pruebas que hizo la parte denunciante / RRSS

LISTAS COMO EN EL CASO ROZSA

Para el abogado Gary Prado, quien fue defensa de los implicados en el montaje del caso terrorismo de 2009, estas acciones en la nueva investigación contra la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS), son similares a las ejecutadas por el entonces “súper fiscal” Marcelo Sosa, con listas que luego derivaron en hechos de persecución y extorsión.

“En Santa Cruz empezaron a circular listas a través del WhatsApp, de personas que serían citadas a declarar. Así también lo hizo Marcelo Sosa, que hizo circular listas a través de correos electrónicos, para que la gente entre en pánico, porque decía que se los van a llevar presos como se los llevaron a los cruceños”, declaró el abogado a El Diario.

Precisamente, en el “caso Rozsa”, denominado así por el boliviano croata Eduardo Rozsa Flores, líder de la célula irregular abatida en el Hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, se activó una campaña de persecución a la entonces oposición cívica y empresarial, llamada “media luna”, que derivó en la detención de medio centenar de ciudadanos, sobre todo en Santa Cruz.

El caso incluyó un informe elevado por el MAS en la Asamblea Legislativa y con respaldo de la Defensoría del Pueblo y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), funcional al bloque de los países del denominado socialismo del siglo XXI.

Asimismo, se basó en las declaraciones de un “testigo clave”, Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, quien dio un centenar de nombres de presuntos implicados y financiadores de lo que el régimen de Evo Morales llamó “los separatistas de Bolivia”.

Representantes regionales como Zvonko Matkovic y otros 38 imputados, fueron perseguidos, judicializados y puestos en detención preventiva por casi diez años.

El 5 de febrero de 2020 se cerró el caso con sobreseimiento para los acusados, excepto seis que previamente se habían acogido a procedimiento abreviado, entre ellos el propio Villa Vargas, Mario Tadic y Elod Tóázo, estos últimos como sobrevivientes del operativo del Hotel Las Américas, como una alternativa para recuperar su libertad y volver a Europa.

//@VisorBolivia//