Santa Cruz: Los familiares de las dos víctimas de Montero critican posición del ministro Lima

Foto agencias

SEGURIDAD | 24 Mar 2021

El ministro de Justicia dijo que, si el informe del GIEI es “arbitrario”, no lo acatarán. El equipo internacional continúa con la investigación 
 

EL DEBER.- "Al decir que, si el informe (del GIEI) no se adecúa a las leyes bolivianas, es parcializarse con lo que el Gobierno quiere. Eso no es justicia objetiva, como debería ser. Sabemos que la justicia en Bolivia está siendo manipulada a gusto y antojo del Gobierno”, señaló Marcelo Terrazas, hijo del unionista fallecido Marcelo Terrazas, en respuesta al ministro de Justicia, Iván Lima.

Terrazas (padre) perdió la vida el 30 de octubre de 2019 durante el enfrentamiento ocurrido en Montero entre los seguidores de Evo Morales, acusado de fraude electoral, y representantes cívicos cruceño. En ese mismo hecho también murió Mario Salvatierra.

El ministro Lima afirmó el lunes que si el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) es “arbitrario” no sería acatado por el Gobierno.

“Yo creo que si invitas al GIEI, si suscribes acuerdo con ellos, si tienes una palabra como Estado y si ellos hacen un trabajo profesional y con el estándar de calidad que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no debe haber duda de que el informe debe ser seguido, debe ser acatado. (Pero) si el informe es arbitrario y no se basa en pruebas o no tiene el alcance jurídico del derecho boliviano, no debe ser seguido solamente porque vienen del extranjero”, manifestó Lima.

La misión del GIEI llegó a Bolivia el 23 de noviembre de 2020 para investigar los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, a consecuencia de las denuncias de fraude electoral.

“Podría darse esa contradicción, que el GIEI diga blanco y la Fiscalía negro; en ese caso la soberanía del país va a primar, pero seguramente la credibilidad de la Fiscalía y del mismo acusador va a quedar seriamente dañada”, dijo Lima en radio Fides.

Por su parte, Olimpia Cuéllar, madre del hijo menor de Terrazas, señaló que no le sorprende las declaraciones ni las decisiones que vaya a tomar el ministro Lima, ya que es de conocimiento público que él organizó y protagonizó una marcha para que se levanten los cargos contra Facundo Molares, exmiembro de las FARC, acusado por las dos muertes en Montero.

“El señor Molares está acusado dentro del proceso; sin embargo, ya no se encuentra en el país. Me gustaría preguntarle al ministro Iván Lima si es que la no aceptación de las recomendaciones del GIEI va a hacer que los muertos resuciten”, cuestionó Cuéllar.

Los expertos están recorriendo el país para recopilar los testimonios de las víctimas que estuvieron en esas jornadas. Entrevistaron a cientos de personas y los grupos de derechos humanos organizaron encuentros colectivos con los personajes internacionales.

Martín Camacho y Jorge Valda, abogados del Comité pro Santa Cruz y que llevan el caso de Cuéllar, indicaron que en enero el GIEI pidió reunirse con ambos para que narren las persecuciones que fueron objetos por llevar adelante el caso. En esa oportunidad, los expertos internacionales no se encontraban en el país y enviaron a dos investigadores, por lo que decidieron no entregar las pruebas.

“Hace una semana entregamos las pruebas a los expertos del GIEI”, informó Camacho.

“Mi padre, Marcelo Terrazas y el señor Mario Salvatierra murieron a manos de militantes del MAS y, según las declaraciones del ministro Lima, ellos no recibirán justicia, porque los asesinos son afines al partido de Gobierno. Ministro Lima, si usted no hace justicia, hay un Dios que hará justicia con usted”, dijo Terrazas.

La GIEI continúa

EL DEBER logró conocer que el GIEI continuará con su trabajo de investigación, luego de conocer las declaraciones del ministro de Justicia.

El informe final será redactado por los expertos e incluirá recomendaciones, así como un plan de investigación y de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados, que será presentado al Estado boliviano.

//FUENTE: EL DEBER//