Una ley corta pretende normar la difusión de contenidos. Gremio cree que oficialistas desconocen Ley de Imprenta y la autoregulación
POLÍTICA | 4 Dic 2017
VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- El fin de semana circuló en las redes sociales de periodistas un anteproyecto de ley planteado por cuatro miembros del gubernamental MAS para regular la información bajo el criterio de “responsabilidad”. Los gremios del periodismo se declararon en emergencia ante lo que consideran un nuevo intento de amordazar la libre expresión ciudadana.
El anteproyecto fue presentado por los diputados Manuel Mamani, Nora Fernández, Leoncio Quispe y Lucio Gómez el pasado 23 de noviembre ante la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño bajo el título de “Ley de la Información Responsable”, pide normar la labor informativa con sanciones penales y administrativas tanto para reporteros como para dueños de medios de comunicación.
La propuesta oficialista pretende “evitar” que los medios de comunicación “pongan en duda la dignidad y credibilidad de las personas divulgando su imagen” y luego menciona el criterio de “información veraz”, aunque luego se habla de excepciones cuando la información es inmediata y que luego puede ser “aclarada”.
En el proyecto de ley corta del MAS cita en su último artículo 9: “Serán sujetos de responsabilidad en la vía que corresponda (penal, civil, administrativa) todas aquellas máximas autoridades ejecutivas de los medios de comunicación público o privado que emitan información que de manera indebida dañen la dignidad, prestigio y credibilidad de una persona”.
Para el Premio Nacional de Periodismo Juan Cristóbal Soruco, esta es una acción que entra en el anecdotario de la era del proceso de cambio, pues considera que esta es la respuesta para congraciarse de los cuatro oficialistas frente a lo que el Gobierno consideró como una ofensa contra su máximo líder, el mandatario Evo Morales. La causa, según opinión del experimentado periodista en radio Compañera FM, fue la difusión de fotos “sin retoque” que hizo el fotoperiodista Samy Schwartz, durante el pasado Foro de Países Exportadores de Gas desarrollado en Santa Cruz.
Este lunes, los gremios del periodismo se manifestaron sobre el caso y emitieron un comunicado para declarar emergencia ante una nueva afrenta al derecho a la libre expresión y libre información, luego del antecedente de 1987 que impulsó la bancada de Acción Democrática Nacionalista (ADN).
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) alertan que se trata de vulnerar la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta.
“Al parecer, los proponentes de esta norma desconocen la autorregulación, garantizada por la Constitución Política del Estado, y en su Exposición de Motivos parten de una serie de prejuicios contra periodistas y medios de comunicación acusándolos sin pruebas de cometer ‘manipulación, corrupción en las salas de redacción, pago ilegal a periodistas, regalos que comprometen su labor, conflictos de intereses o uso indebido de influencias’”.
Sobre la pretendida penalización a periodista, reporteros y dueños de medios, ambas asociaciones citan:
“Asimismo, su artículo 9 es, sin duda, una clara muestra de judicialización del trabajo periodístico en medios de comunicación cuando propone que ‘serán sujetos de responsabilidad en la vía que corresponda (penal, civil, administrativa) todas aquellas máximas autoridades ejecutivas de los medios de comunicación públicos o privados que emitan información que de manera indebida dañe la dignidad, prestigio y credibilidad de una persona’”.
La agencia ANF confirmó la veracidad del documento con uno de los diputados firmantes, pero aquel negó entrar en mayores detalles.
//@VisorBolivia/ Fotos Captura y archivo//
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