Consorcio presenta dos amparos para frenar sentencia por daño a Misicuni
SOCIEDAD | 15 Oct 2020
Magistrados ratificaron la sentencia en contra de sociedades ficticias, que provocó un daño estimado en $us 24 millones
LOS TIEMPOS.- La defensa de los ejecutivos del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni presentó dos nuevos amparos en Sucre y Beni en contra de los magistrados que ratificaron la sentencia en su contra por la conformación de sociedades ficticias, que provocó un daño estimado en $us 24 millones en la construcción de la represa, según los documentos del proceso.
La abogada de los procesados Agnetha Miranda presentó un amparo en contra de los magistrados Olvis Egües y Edwin Aguayo de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia por la presunta vulneración del derecho a la defensa.
El amparo fue admitido por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca en contra del Auto de Vista No. 876 de 2019 por la presunta vulneración del derecho a la defensa de los ejecutivos en el proceso.
El juicio contra los ejecutivos del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, Julio Espinel, Eduardo Gómez, Raúl Magnioni, Francisco Senis, Martín Rovira y Raúl Nemtala, se desarrolló en rebeldía debido a que los procesados no asumieron su defensa y tampoco se encontraban en las direcciones que registraron para ser notificados.
Los seis representantes del consorcio, entre colombianos, venezolanos, bolivianos e italianos, tienen condenas de seis y ocho años. Hasta ahora se han defendido con abogados de oficio y apoderados.
El segundo amparo fue planteado en Beni en la Sala Constitucional Primera por el apoderado de Julio Espinel, Marco Antonio Justiniano, contra los magistrados por la presunta vulneración del derecho a la defensa.
El proceso contra el consorcio se inició en 2013 tras la resolución del contrato con la Empresa Misicuni, debido a que las constructoras no tenían la solvencia económica para encarar la fase crítica de la obra. Luego, se conoció un contradocumento en el que los ejecutivos se repartían las utilidades y le entregaban un monto a la empresa italiana Grandi Lavori por prestar su currículo para ganar la licitación internacional por 89 millones de dólares, presupuesto que luego fue variando.
En sus memoriales, la defensa argumenta la presunta violación del derecho a la defensa y el debido proceso.
//FUENTE: LOS TIEMPOS//
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