Tras bloquear y amenazar al país, dirigentes sindicales y el MAS alistan su propia “ley de garantías”

Voluntario de la Cruz Roja que acompañó a las cisternas con oxígeno, mira el promontorio de escombros dejado por maquinaria pesada de los bloqueadores en el ingreso a Oruro el viernes / RRSS

POLÍTICA | 16 Ago 2020

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La caravana de la paz llegó a La Paz el fin de semana, después de cruzar las accidentadas carreteras del país, y logró abastecer de oxígeno medicinal a los centros de salud que enfrentan el Covid-19. La normalidad poco a poco vuelve al país, pero las dirigencias sindicales y el masismo ya alistan una ley de impunidad a sus actos.

El cabildo de El Alto del viernes, en el que participaron dirigentes de la Fejuve de esa urbe, maestros rurales, las llamadas juventudes aymaras, y representantes de las 20 provincias, como las federaciones Tupac Katari y Bartolina Sisa, definieron en conjunto pedir una “ley de garantías” para evitar procesos penales luego de la convulsión provocada por ellos mismos.

“Vamos a pedir a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de la ‘Ley de Garantías’ a todos los dirigentes provinciales, Fejuves, distritales, nacionales, de todas las organizaciones sociales de todo el Estado Plurinacional y esto lo deben hacer en un plazo de 72 horas, así como ellos han aprobado esta Ley 1304”, expresaron los dirigentes concentrados en la Ceja de El Alto, el viernes, dentro de las “definiciones del cabildo”.

En consecuencia, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, confirmó que esa bancada está trabajando una norma para evitar proceso penales contra los dirigentes sociales que “solo hicieron uso de su legítimo derecho” a la protesta y la libre expresión.

“Por eso es que el día de ayer (sábado) la Asamblea ya tomó acciones importantes para que se puede proteger los derechos constitucionales que tienen los dirigentes y el pueblo boliviano. Entonces, se está analizando un proyecto de ley para que, en democracia, se pueda tener la libertad de expresión”, dijo el masista a Unitel.

Con discursos racistas y violentos, los autoconvocados en El Alto dieron 72 horas para tener una ley de impunidad / CAPTURA PANTALLA

Los bloqueos de carreteras han dejado daños en las capas viales, así como cerros caídos por la detonación de dinamitas. Se evidenció el traslado de material pesado como rocas y piedras por maquinaria perteneciente a las alcaldías que todavía controla el MAS.

Las movilizaciones de los “autoconvocados” y la Central Obrera Boliviana (COB) tenían como objetivo pedir el cambio de la fecha de elecciones al 6 de septiembre y en último caso el 11 de octubre, una semana antes de la fecha definida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ratificada con una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada por la presidenta Jeanine Áñez.

Dentro de los sectores perjudicados por el bloqueo de los masistas y sus aliados “autoconvocados”, está el sector productivo, que analiza presentar querellas contra los dirigentes que durante 12 días bloquearon el paso de alimentos a los nueve departamentos.

“Particularmente en el sector porcino, avícola y lechero son los más afectados, tenemos una pérdida por encima de los 100 millones de dólares”, informó a la misma red, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano.

Pero, sin duda, el sector más afectado, con pérdida de vidas incluida, fue la rama médica.

El bloqueo a las cisternas que transportan oxígeno medicinal a los centros de salud del país, específicamente desde Santa Cruz, provocó el desabastecimiento de este elemento vital y con ello la muerte de al menos 30 pacientes que eran tratados por Covid-19, pero también por otras afecciones respiratorias e incluso un caso de embarazo.

Miembros de la Policía Nacional proceden a limpiar la dañada autopista La Paz - El Alto y la av. 6 de Marzo / POLICÍA NACIONAL

El Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES) de La Paz, encabezado por el médico Fernando Romero, lanzó un comunicado el viernes, en el que solicita a los familiares de las víctimas de esa falta de oxígeno, a sumarse como parte querellante contra el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi y otros, por los delitos contra la vida.

Finalmente, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pidió que todos estos actos irregulares no queden en la impunidad y llamó al fiscal general, Juan Lanchipa, a hacer su trabajo y procesar a los bloqueadores.

“No quedarán impunes aquellos que promovieron esta medida irresponsable, temeraria e ilegal. Esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo para establecer responsabilidades como corresponde”, sostuvo el funcionario gubernamental.

Los puntos de bloque fueron rebajando de 70 a 20, según informes policiales, y hasta este domingo solo existían promontorios en algunas partes del altiplano y la ciudad de El Alto. Personal de la Policía salió a despejar las vías con sus propias manos y escasa maquinaria.

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