Régimen busca responsables del incendio y tráfico de tierras en funcionarios medios
SOCIEDAD | 8 Sep 2019
VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Mientras el incendio y los focos de calor se mantienen y expanden en Santa Cruz, el régimen ha comenzado a buscar responsables en mandos medios de su Gobierno. Funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria - INRA y de la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras - ABT, son los “chivos expiatorios” del caso Chiquitanía.
El director de la ABT, Cliver Rocha, fue retirado del cargo el viernes y reemplazado por Omar Quiroga, luego de una protesta de las feministas Mujeres Creando que horas antes habían irrumpido en la sede de ese despacho, acusando al funcionario de ser “cómplice del ecocidio” en la Chiquitanía y de los “grandes productores ganaderos y agropecuarios”.
Rocha, entrevistado por el matutino Los Tiempos, hoy reveló que 97 por ciento de las “quemas controladas” en la Chiquitanía son ilegales y solo 3% es legal, incluyendo 1% que su gestión autorizó desde 2018.
El exdirector de la ABT calificó el tema como un “fuego cruzado”, pues mientras algunos sectores piden parar los chaqueos, otros sectores sociales exigen mantener la vigencia de la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 para ampliar la frontera agrícola.
Sobre la destitución de Rocha en la ABT, el alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, dijo a Gigavisión, que aquello no es suficiente, descalificó al ex funcionario y reclamó además, que no se está cumpliendo la pausa ecológica.
En tanto, para este martes se ha convocado a declarar ante el juez Martín Camacho en Santa Cruz, en la audiencia de medidas cautelares del director departamental del INRA, Sergio Imaná por presunto incumplimiento de deberes, en un caso de supuesto tráfico de tierras en la Chiquitanía.
Del caso también es acusado el abogado de los interculturales Nilo Aguirre quien supuestamente ofrecía tierras en esa zona, coordinando con funcionarios del INRA.
El abogado ambientalista Mauricio Rojas reclamó que Imaná no se haya presentado a declarar a casi cien convocatorias, habiendo aprobado la transferencia de 1 millón de hectáreas de tierra entre 2017 a 2019.
Rojas, entrevistado por Detrás de la Verdad, también ve silencio en la Gobernación de Santa Cruz, que podría derivar también en un caso de incumplimiento de deberes por no haber regulado esta dotación de tierras en el departamento.
El caso también llegaría a altos funcionarios del Gobierno, según voces de los propios comunarios, pero la redistribución de tierras fiscales solo se centró en el INRA sin coordinación de representantes autónomos regionales o departamentales, generando estos posibles actos de corrupción para apresurar la dotación a sectores interculturales, “disfrazados campesinos”, con la aprobación de desmontar boques.
El INRA, según datos oficiales, emitió 974 resoluciones de asentamientos para nuevas comunidades campesinas interculturales desde 2013.
//@VisorBolivia//
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