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Viernes, 24 de Enero de 2020

Por: Andrés Gómez Vela

Franclin, el preso político de Evo

OPINIÓN | 21 Jul 2019

Franclin Gutiérrez tendría que haber registrado su candidatura a la Presidencia este viernes 19 de julio, pero no pudo porque el régimen de Evo Morales lo encarceló. Había anunciado su sueño de ingresar a la contienda electoral en enero de 2018.

Ocho meses después, el 24 de agosto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a Gutiérrez de un delito que no cometió, el fiscal Alexis Dorado (controlado por el MAS) pidió encarcelarlo y el juez Orlando Rojas (también al servicio del MAS) ordenó su detención en la cárcel de San Pedro.

¿De qué acusó Romero a Gutiérrez? De ser responsable de la muerte de un policía (Daynor Sandóval). No expuso ningún indicio. Sin embargo, la Fiscalía, en lugar de rechazar la denuncia, cumplió la orden y descargó contra Gutiérrez casi todo el Código Penal: “asesinato, tenencia, porte o portación ilícita de armas de fuego, atentados contra la seguridad y medios de transporte, fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes, lesiones graves y leves, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado e instigación pública a delinquir”.

¿Qué indicios presentó la Fiscalía para imputar? Nada. Se basó en las palabras devaluadas de Romero y unas supuestas amenazas que son muy comunes en el lenguaje sindical. También las hacía Morales cuando sólo era presidente de los cocaleros del Chapare.

Para graficar mejor la injusticia, voy a recordar dos casos y hacer una analogía.

Primer caso:

Entre septiembre y noviembre de 2000, ocho uniformados que erradicaban cocales fueron asesinados en la región del trópico cochabambino. El último en ser abatido fue el policía Abad Espinoza, por un disparo en el pecho y otro en el maxilar derecho. El ministro de Gobierno de esa vez, Guillermo Fortún, identificó como autor de los ataques al dirigente cocalero Evo Morales.

Pero ni Fortún hizo lo que Romero hace hoy contra Gutiérrez. Si Fortún hubiera sido tan malvado como el jefe del Estado Plurinacional, hubiera ordenado cárcel y sentencia de 30 años y Evo Morales no hubiera sido Presidente. Pero esa vez habían, pues, Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, jueces y fiscales.

Segundo caso:

En octubre de 2000, desaparecieron cuatro personas en el Chapare: el teniente de Policía David Andrade (26), su esposa, Graciela Alfaro (19), y los sargentos Gabriel Chambi y Silvano Arroyo. Días después, los cuatro fueron encontrados muertos.

La Agencia de Noticias Fides (ANF) informó, por esos días, que dos testigos clave vieron el martes 10 de octubre, en el puente Vinchuta, a Margarita Terán, Leonardo Romero y otros ocho dirigentes cocaleros golpear y arrastrar a David y Graciela hasta la escuelita del lugar, donde los torturaron, mataron y llevaron al monte para enterrarlos.

En 2003, Nancy Fernández, testigo de los hechos, aseguró que el entonces dirigente cocalero Evo ordenó la muerte de los esposos Andrade, según el periódico Los Tiempos. Mayco Andrade, hermano del policía, también identificó a Morales. Filemón Escóbar reveló que la muerte de esas personas se decidió en una asamblea dirigida por Evo.

Tres testigos apuntaron contra Morales y lo máximo que pasó fue su expulsión del Congreso. Pero como esa vez había Tribunal Constitucional retornó a su curul y le pagaron todos sueldos.


Por los datos señalados, los neoliberales eran unos santos al lado del régimen del MAS. Si el gobierno de aquella vez hubiera aplicado la misma fórmula que hoy aplica Morales contra Gutiérrez, aquél hubiera sido condenado a 30 años.

A diferencia de los dos casos descritos, en el de Franclin hay dos testigos, entre ellos el periodista Rubén Araníbar, quienes aseguran que aquel día de la muerte del policía Sandóval no vieron al dirigente yungueño manipular armas ni dirigir emboscadas. El ataque contra el uniformado se produjo en San Antonio y Gutiérrez estaba a 45 minutos del lugar, en San Lorenzo (municipio de La Asunta).

No hay ningún indicio contra Gutiérrez, es un preso político. Está en la cárcel por haberse opuesto a la legalización de los cocales del Chapare y por haber desafiado a otro cocalero como él. Justamente porque no hay ninguna prueba, el exfiscal Carlos Mariaca se negó a acusarlo. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, también admitió que no hay prueba contundente, aunque después hizo una cantinflada teórica para desmentirse.

En los gobiernos neoliberales, había Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, jueces, fiscales; en el Estado Plurinacional, sólo hay el “hermano Evo” y terror.

//*ANDRÉS GÓMEZ VELA es periodista y abogado//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN// 

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