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Martes, 20 de Agosto de 2019

Delgado y Maldonado exigen a la Procuraduría demostrar que “cumplió” el dictamen de resarcimiento de ONU

POLÍTICA | 18 Abr 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Ha pasado un año desde que una instancia internacional de Naciones Unidas falló a favor de los disidentes del oficialismo, Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, por evidenciar la vulneración a sus derechos políticos. El pedido de resarcimiento no fue cumplido por el régimen de Evo Morales, pese a que la Procuraduría General del Estado afirma lo contrario.

“Si cumplieron en parte, deben exhibirlo, bajo responsabilidad funcionaria”, escribió la ex presidente de la Cámara de Diputados y autodenominada “libre pensante”, luego que el procurador Pablo Menacho dijera que se cumplió el dictamen en la parte legislativa.

“Hemos cumplido ese dictamen que no tiene carácter de sentencia, como sí la tienen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tienen un carácter eminentemente recomendatorio que recomiendan al Estado llevar adelante acciones específicas”, declaró el funcionario luego de su informe ante la Comisión de Justicia Plural del Legislativo sobre las demandas y arbitrajes que enfrenta el país.

Menacho, con esas palabras, negó el resarcimiento económico, cuyo monto no fue revelado, estipulado en el fallo del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas - ONU, emitido en abril de 2018.

“El procurador Pablo Menacho miente. Ni Rebeca Delgado ni mi persona hemos sido convocados a reunión alguna para acordar los términos de cumplimiento de los Dictámenes del Comité Internacional de DD.HH. de Naciones Unidas”, citó, por su lado, el ex senador potosino vía Twitter.

Delgado, también por las redes sociales, instó al procurador a “demostrar públicamente los mecanismos y formas de cumplimiento del dictamen del Comité de DDHH de la ONU, bajo responsabilidad internacional como servidor público ante el Estado Boliviano y ante la ONU”.

La ex asambleísta, ex viceministra y ex diputada del Movimiento Al Socialismo - MAS ya había advertido que si el régimen de Evo Morales, a través de la Procuraduría, no se manifestaba en torno a cumplir el fallo de NNUU, emprendería otro proceso por incumplimiento de deberes.

"Con relación a las pretensiones (económicas) de estas personas, ellas pueden llevar adelante las acciones que consideren pertinentes para el efecto. Para nosotros desde el punto de vista estrictamente legal, los dictámenes del Comité son de carácter recomendatorio", insistió Menacho.

LA CIRCULAR POLÍTICA DEL TSE

Ambos disidentes del MAS activaron el caso, a través de abogados internacionalistas especialistas en arbitrajes, por la vulneración a sus derechos políticos en las elecciones regionales de marzo de 2015.

En diciembre de 2014, el Tribunal Supremo Electoral - TSE, con los anteriores vocales en Sala Plena, emitió una circular que inhabilitó a Rebeca Delgado, Eduardo Maldonado, Ever Moya, Edwin Tupa y Luis Alfaro, todos candidatos disidentes del oficialismo para las alcaldías de Cochabamba, Potosí, Oruro, Montero y Tarija, respectivamente. En cada caso, los "libre pensantes" encabezaban las encuestas de intención de voto. 

El argumento del ente electoral en la circular de “Limitaciones para candidaturas de autoridades electas – elecciones subnacionales 2015” fue el requisito de “residencia permanente” de los candidatos en su regiones o circunscripciones al menos tres años antes de los comicios.

Al tener actividades legislativas en La Paz, los diputados residían en la sede de gobierno, pero sus documentos personales mantenían como dirección legal cada una de sus regiones.

Para los siete vocales, encabezados por Wilma Velasco y Wilfredo Ovando, interpretaron que los diputados debían “residir” en sus propias ciudades. Sin embargo, la misma medida no fue aplicada para los candidatos a las gobernaciones, tal fue el caso del diputado del MAS, Juan Carlos Cejas, que sí fue habilitado a la Gobernación de Potosí.

El Comité de DDHH de NNUU exhortó al Estado Plurinacional a evitar ese tipo de interpretaciones que vulneran los derechos políticos de los ciudadanos.

El Estado "tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, asegurando que el marco normativo regulador del proceso electoral y la aplicación del mismo sean acordes con el artículo 25 del Pacto" Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Bolivia es suscriptor, cita el fallo de 2018.

//@VisorBolivia//

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