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Sábado, 20 de Abril de 2019

REVOCATORIA DE 2008 FUE UNA CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA PARA LA OPOSICIÓN PARTIDARIA Y DE PODER HEGEMÓNICO PARA EL MAS

Fajardo revela el “Pacto de La Habana” donde el MAS y PODEMOS decidieron contrarrestar a los líderes regionales que habían ganado seis de las nueve prefecturas, proyectando un nuevo contrapeso político en Bolivia

ESPECIALES | 14 Ago 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El Referendo Revocatorio de 2008 se caracterizó por una pugna entre la oposición partidaria y la oposición regional, mientras el oficialismo iba construyendo su proyecto hegemónico. Negociaciones políticas erróneas y el quiebre de la proyección nacional para generar un contrapeso al régimen del MAS derivó en el debilitamiento de unos y el desbande de otros, en un proceso histórico que terminaría en la violencia estatal contra los movimientos cívicos y regionales.

Para analizar esas premisas, @VisorBolivia entrevistó al exportavoz de la Prefectura de Cochabamba y exasesor de la bancada de Convergencia Nacional, Erick Fajardo Pozo, quien desde EEUU, hace un desglose de las pautas que verificaron la derrota de la oposición en una etapa de creación del nuevo Estado, con un régimen masista totalitario y que hoy, nuevamente, ve de palco las contradicciones entre los partidos políticos y las plataformas ciudadanas, como nuevo actor político emergente.

¿CONSIDERA QUE EL REFERENDO REVOCATORIO DE 2008 SOLO SIRVIÓ PARA QUEBRAR LA RESISTENCIA REGIONAL AL RÉGIMEN DE EVO MORALES?

"El Referéndum Revocatorio es un instituto fundamental de gobernanza en estados con cultura democrática consolidada e institucionalidad legítima. Por contraste, en estados en crisis institucional, con instituciones intervenidas y objetadas, con el principio de independencia y división de poderes subrogado, introducir tales institutos obedece a la simple ambición de “recuperar” espacios políticos en manos de la disidencia del poder hegemónico.

Ese fue precisamente el caso en Bolivia en los años inmediatamente posteriores a las Elecciones Generales de 2005. Lejos de agotarse la conflictividad con el ascenso al poder de Morales, los dos años posteriores a su elección como presidente se caracterizaron por la agudización de uno de los dos ejes del conflicto que había gestado la transición política que lo llevó al poder.

En 2008 la crisis boliviana se extendía ampliamente más allá del marco de la narrativa etno-populista de una mera “transición de lo neoliberal al neo-socialismo”. No, la “era de oprobio neoliberal” no había concluido con el ascenso de Evo, ni una nueva “era luminosa” de equidad y desarrollo había empezado. Por el contrario, dada la evidencia de que el ascenso indígena no resolvía el problema nacional en su integridad, la conflictividad recrudeció en las regiones periféricas a la sede de gobierno.

En enero de 2008, tras Enero Negro y La Glorieta, estaba claro que la crisis autonómica apenas era una nueva erupción de esa demanda histórica por la desconcentración del poder que nació casi al mismo tiempo de la primera república, que inspiró el debate federal de la Asamblea Nacional de 1877 y que finalmente desataría la llamada Guerra Federal de 1899.

Entonces, el primer termino de gobierno de Evo Morales enfrentaría de entrada el dilema de, o dar continuidad al proceso bicéfalo que lo empoderó y viabilizar la demanda de descentralización autonómica del estado, que el centralismo había sofocado por más de un siglo, o atrincherarse en el eje occidental-indígena de la reivindicación y revertir el proceso de descentralización que había dado nacimiento a los primeros nueve jefes ejecutivos de los gobiernos departamentales.

Creo que, a una década de ese proceso, es posible decir con claridad que la respuesta de Morales a la agenda autonomista fue la misma que las elites paceñas federalistas le dieron a la demanda de Zarate Wilka: recentralización del poder y negación del discurso sobre el cual se encaramaron.

¿CREE QUE HUBO ALGUNA NEGOCIACIÓN ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS OPOSITORES DE ENTONCES PARA DERROCAR A LOS PREFECTOS DEPARTAMENTALES, CONSIDERANDO LOS ACUERDOS Y CONDICIONES PARA IMPULSAR EL REVOCATORIO EN EL CONGRESO NACIONAL?

Si, sin duda el Referéndum Revocatorio fue el resultado de lo que Cayetano Llobet llamó “El Pacto de La Habana”, una suerte de entendimiento entre el gobierno y PODEMOS. Parte de la bancada de senadores de PODEMOS, la parte que por cierto había pertenecido al MIR de Jaime Paz, atendió a un conclave en la capital cubana, organizado para sentar bases de acuerdo entre el gobierno y su “oposición” en el legislativo, en un momento en que la rebelión regional hasta entonces circunscrita al sur del país, desplazaba la sede de su dirección estratégica hasta Cochabamba, salpicaba a La Paz de entusiasmo autonomista y remplazaba al prefecto oficialista chuquisaqueño David Sánchez, por la aguerrida pro-autonomista Savina Cuellar.

La reunión, cuya existencia me confirmó en 2010 el saliente senador Tito Hoz de Vila (hoy fallecido), sirvió para “ayudar a entender” a la bancada de PODEMOS que la regionalización del poder representaba una amenaza no solo para el Ejecutivo, sino para el modelo de representación partidario del que ellos formaban parte y cuya legitimidad e importancia había sido subalternizada visiblemente.

Pero no se trataba simplemente de la pérdida de protagonismo o de la opacidad como referencias mediáticas, frente a gobernadores que reclamaban un liderazgo social real y que concertaban multitudinarias movilizaciones. Era sobre todo la irrelevancia frente al sector productivo a la que los actores legislativos habían sido condenados. Las aprobaciones, licitaciones y adjudicaciones de proyectos públicos de interés regional no estaban más en manos de un funcionario del Poder Ejecutivo, sucinto a las presiones de las brigadas parlamentarias. Habían sido relevados del millonario y lucrativo proceso de intermediación en la gestión y concesión de proyectos públicos.

Los prefectos no habían sido elegidos bajo la sigla de ninguno de los partidos tradicionales apoltronados en su última trinchera del Legislativo, no le debían ninguna lealtad a estructura alguna. Para un puñado de parlamentarios crónicos, sobrevivientes de la debacle de la izquierda “light” transaccional de los 1980 y del neoliberalismo residual de los 1990, restarle poder a las regiones era cuestión de supervivencia, tanto como para el MAS era la cuestión del poder.

¿FUE UN ERROR O UNA OSADÍA DE PARTE DE MANFRED REYES VILLA HABERSE MANTENIDO COMO LÍDER OPOSITOR Y CANDIDATEAR A LA PRESIDENCIA PESE A HABER SIDO REVOCADO Y TENER ANTICUERPOS EN LA OPOSICIÓN?

Lo que le permitió a Manfred ser el candidato de la oposición en 2009, fue precisamente su solitario, pero determinado rechazo al revocatorio.

La mejor evidencia de lo acertado o no de esta decisión es evaluar el destino político de quienes secundaron el revocatorio, de manera independiente de su ratificación o no en la polémica consulta.

Tras el tsunami político del Revocatorio en las siete regiones opositoras, todo fue cuesta abajo para el Conalde. En los apenas seis meses posteriores a agosto de 2008, tres de seis prefectos opositores fueron depuestos y judicializados; los dos prefectos de la avanzada autonomista en el occidente del país cayeron víctimas de un sofisticado dispositivo de fraude que incorporó al control sindical del voto en el campo, la doble carnetización en Cochabamba y La Paz y la administración del registro informático de la siniestra venezolana Smartmatic.

A desdén de haber sido ratificado ganándole al gobierno en su propio juego, un tercer prefecto habría de ser depuesto y confinado tras la sangrienta ocupación militar de su región y, lejos de resistir colegiadamente al golpe de estado en Pando o respaldar las autoconvocadas protestas cívicas en Santa Cruz, el prefecto cruceño Rubén Costas, en condición de actuante presidente del Conalde, habría de firmar con el gobierno la Capitulación de Cochabamba.

En resumen, para cuando Morales lanzaba la convocatoria a elecciones adelantadas, en febrero de 2009, el movimiento autonómico estaba en desbande, descabezado y sin capacidad de interpelación de las fuerzas regionales.

Cuando Reyes Villa lanza su candidatura, es de lejos la única posibilidad creíble de reaglutinar una oposición escindida y sanar a un liderazgo regional divorciado de su base social.

La razón de que haya terminado siendo el candidato opositor en 2009, por encima de Costas, Quiroga o aun Cárdenas, que perseguían la nominación, es precisamente tributo a su consistencia en denunciar el revocatorio y su negativa a someter su mandato a un evento inconstitucional y fraudulento, pactado por la partidocracia congresal oficialista y opositora, con el único propósito de desmovilizar a las regiones.

Para mí, fue la única opción viable, en un escenario en que las bases autonómicas en el oriente se sentían traicionadas por su dirigencia, mientras decenas de dirigentes cívicos de Pando, Beni y Santa Cruz, incluyendo al mismísimo presidente del Comité Pro Santa Cruz, buscaban asilo fuera del país.

Ahora, en todo razonamiento político está siempre lo manifiesto y lo subyacente.

El discurso manifiesto esgrimía que Reyes Villa no violaría la resolución del Conalde de Tarija, que definió no secundar la ejecución de una consulta inconstitucional, con un instituto ausente de la legislación nacional y bajo una administración electoral absolutamente incondicional al Ejecutivo. La razón de fondo era algo más pragmática: Manfred sabía que, tras los recortes de presupuesto y los decretos de confiscación de competencias regionales de que asfixiaban la gestión prefectural, sería imposible reeditar los atronadores números en la ejecución presupuestaria de los primeros dos años de su gestión.

Al tratar de revocarlo desafiándolo a una consulta con vicios estructurales, con una entidad ejecutora sospechada de fraudulenta y sin garantías de transparencia en su administración, el gobierno le había dado la puerta grande para salir como víctima de un cepo de recortes presupuestarios y de competencias, que a la larga iban a liquidar su mística de gestión.

Manfred sabía perfectamente que, en su afán de interrumpir su gestión, sin querer el gobierno le había dado la mejor razón para abandonar un barco que eventualmente sería la celda en que languidecería su mística de “la mejor gestión de desarrollo subnacional”.

¿POR QUÉ PERDIÓ JOSÉ LUIS PAREDES EN LA PAZ, DEPARTAMENTO DONDE DEMOSTRÓ UNA GESTIÓN EFICIENTE Y PROYECCIÓN DE LIDERAZGO?

La Paz es una región que sufrió la crisis autonomista 2005-2009 en su propia y particular manera.

José Luis Paredes Muñoz, el más prolífico de los alcaldes de la historia municipal paceña, responsable de urbanizar en una década la ciudad más poblada y más pobre del país, se convirtió en Prefecto del Departamento. Su gestión productiva y su liderazgo regional, desafiaba y ponía en ridículo al gobierno de Morales desde la mismísima Sede de Gobierno.

El Departamento de La Paz, una región cuyas dos ciudades principales aglutinaban el 80% de su población, había vivido históricamente de los réditos legados por el modelo centralista y el auge minero en occidente.

Tras la debacle de la minería estatal, su economía se había desarrollado íntegramente en la provisión de bienes y servicios al estado y sus entidades; lo que habría de cambiar con la llegada de su primer prefecto electo.

Paredes, ex parlamentario, municipalista y hombre de la descentralización, entendía perfectamente el cambio de rol económico y matriz productiva que debía imponerle a La Paz, si esta región quería sobrevivir a la descentralización del país.

Ahora, el verdadero problema no era político, sino psico-social: ¿Cómo una región, cuya narrativa constitutiva había sido por un siglo la concentración del poder estatal, y cuya razón fue ser la sede del poder, podía abrazar un proyecto autonómico cuya narrativa era la negación de su hegemonía como región y la validez del modelo centralista?

La gestión prefectural de Paredes fue impecable y su liderazgo político absoluto. Le jugaron en contra las elites regionales y las epistemes paceñas, los sistemas de creencias imbricadas de la convicción en defender una hegemonía económica y cultural nacida de esa centralidad que le había legado el resultado – ¡vaya paradoja! – de la Guerra Federal.

A diferencia de Reyes Villa, “Pepelucho” decidió someterse al Revocatorio, hacer campaña y correr por una ratificación casi imposible dados los porcentajes diferenciados que para quedarse en el cargo le exigían lograr mucho más de lo que necesitaba para ser revocado.

Como sea, ya en la contienda, por su crisis de narrativas, los paceños votaron divididos. El resto lo hicieron los absurdos porcentajes que se le pedía alcanzar, el control sindical-paramilitar del voto en las provincias paceñas y el sistema informático electoral venezolano, introducido por José Luis Exeni, el delegado presidencial que presidió la Corte Nacional Electoral durante este critico momento de la historia.

A DIEZ AÑOS DEL REVOCATORIO, ¿CÓMO VE LA NUEVA BALANZA POLÍTICA EN BOLIVIA CON LOS NUEVOS PROTAGONISTAS EMERGENTES?

En todo proceso de transición política, los niveles de representación institucional son, en vez de dinamizadores de los ajustes, más bien mecanismos de control y domesticación de la convulsión social.

Baste recordar la sistemática desmovilización de la disconformidad social ejecutada por el sindicalismo cobista durante los más críticos momentos de convulsión, durante la hegemonía política del “nacionalismo revolucionario”. Las grandes protestas de decenas de miles de asalariados del magisterio, las multitudinarias marchas mineras en la década 1980-1990, fueron cíclicamente desmovilizadas desde sus mismos niveles de intermediación sindical.

El rol que jugaron los partidos políticos durante la crisis autonómica, es simétricamente proporcional al que jugó el sindicalismo en la etapa neoliberal.

Hoy las entidades descentralizadas son apenas una sombra opaca de lo que en 2006 se perfilaba que serían y los partidos políticos, lejos de ser agentes de poder real, son apenas aquello que el gobierno permite que sean: entidades castradas, siglas a las que se permite la habilitación en arreglo a su conveniencia o no para el gobierno.

Ciertamente la posibilidad de la habilitación de una organización política o una candidatura con perspectivas reales de desafiar y vencer al gobierno en el juego electoral está completamente controlada.

Así, la posibilidad de una salida electoral, un genuino relevo político en las urnas, es sencillamente impensable. Y la mejor evidencia de está inviabilidad electoral es precisamente la supuesta evidencia de la virtud de ir a las urnas: el Referéndum del 21F.

A desdén de los resultados, el gobierno decide si se repostula a Evo Morales por cuarta vez e indefinidamente, el gobierno define quiénes pueden habilitarse para competir.

Los mecanismos electorales son hoy más que nunca un filtro para garantizarle al régimen que los partidos sean mecanismos de control y disipación del descontento social; catalizadores para arrastrar la disconformidad social a definir su peso específico en la báscula adulterada del sistema electoral”.

VEA TAMBIÉN: REVOCATORIA DE PREFECTOS: A DIEZ AÑOS DEL CAMBIO DE BALANZA POLÍTICA EN BOLIVIA (CAPÍTULO I)

VEA TAMBIÉN: REVOCATORIA DE PREFECTOS: A DIEZ AÑOS DEL CAMBIO DE BALANZA POLÍTICA EN BOLIVIA (CAPÍTULO II)

VEA TAMBIÉN: REVOCATORIA DE PREFECTOS: A DIEZ AÑOS DEL CAMBIO DE BALANZA POLÍTICA EN BOLIVIA (CAPÍTULO III)

Erick Fajardo acompañó al prefecto de Cochabamba y fue parte importante para la articulación legislativa de la alianza Convergencia Nacional que había unido a los prefectos revocados, Reyes Villa y Paredes, además del depuesto Leopoldo Fernández, detenido el 12 de septiembre de 2008 luego de los enfrentamientos de Porvenir en Pando, un caso que, junto al caso terrorismo de abril de 2009, completó la estrategia gubernamental para tomar el control de Bolivia.

Fajardo salió del país como perseguido político bajo denuncias que fueron descartadas, pero que la Fiscalía se empeñó en mantener sino justificar. Actualmente reside en EEUU donde ha cursado la maestría de Gobernanza y Comunicación Estratégica en la Universidad George Washington.

//@VisorBolivia//  

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