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Miércoles, 19 de Junio de 2019

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ARREMETIDA DEL RÉGIMEN Y HEGEMONÍA CONTRA UNA MEDIA LUNA Y OPOSICIÓN AGONIZANTES

REVOCATORIA DE PREFECTOS: A DIEZ AÑOS DEL CAMBIO DE BALANZA POLÍTICA EN BOLIVIA (CAPÍTULO III)

ESPECIALES | 12 Ago 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La revocatoria de dos prefectos del domingo 10 de agosto de 2008 comenzó a quebrar a la oposición regional, aquellas que se había atrincherado en la “media luna” que ponía resistencia a la naciente hegemonía del régimen del Movimiento Al Socialismo – MAS. Empero, esta fuerza de oposición tendría un último intento para sobrevivir, esta vez con su ala cívica.

Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes habían quedado fuera del cargo por el que fueron electos en 2005. El exprefecto y jefe de Nueva Fuerza Republicana había manifestado su apoyo a las autonomías regionales, sobre todo aquellas alentadas desde Santa Cruz. El exalcalde de El Alto, a su vez, no tenía una alianza con esa oposición a la que incluso una vez llamó “maldita media luna”, pues creía que el país se estaba fracturando. El solo hecho de ser opositor a Evo Morales en un departamento sometido al MAS y su aliado MSM, lo dejó fuera de la prefectura paceña.

Los prefectos ratificados comenzaron a pedir reuniones con el régimen. Las famosas mesas de diálogo nunca dieron resultado, mientras de forma paralela el MAS terminaba su proyecto de Constitución Política del Estado, previendo una convocatoria inminente al referendo aprobatorio.

El jefe de Misión de la OEA, Eduardo Stein, llamaba al mandatario y a los prefectos de oposición ratificados a buscar compatibilizar la agenda de la nueva CPE y las autonomías departamentales. Los prefectos de Beni, Ernesto Suárez; de Pando, Leopoldo Fernández; de Santa Cruz, Rubén Costas y de Tarija, Mario Cossío, pasaron dos semanas entre La Paz y sus departamentos, buscando reunirse con Morales, pero éste delegó a Juan Ramón Quintana, un personaje que comenzaba a tener el control total del Ejecutivo.

“Esta expresión en las urnas obliga al liderazgo del país a una ruta de búsqueda y de acuerdos, ojalá de consensos en los temas fundamentales pendientes del desarrollo de la Nación”, citaba Stein, aunque sin conocer la división de poderes políticos que dejaban a un tercer protagonista en la arena: la oposición partidaria, representada en Poder Democrático Social – PODEMOS, del expresidente Jorge Quiroga, que había perdido su personería jurídica en medio de la etapa electoral del revocatorio, provocando un desbande de sus diputados y senadores.

La OEA, Mercado Común del Sur – MERCOSUR, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, entre otros, manifestaron su predisposición para seguir le etapa post revocatoria con llamados al diálogo, pero mostrando mayor apego a la investidura de Morales.

En ese contexto, el régimen anunciaba los tres ejes en los que se debía trabajar con los prefectos, según detallaba el entonces viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic al matutino El Diario. Primero pacto constitucional-autonómico, que relacione los estatutos constitucionales y el proceso de autonomías; segundo pacto fiscal que trate el tema económico y los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos; tercero pacto institucional para agilizar las designaciones de vocales de la Corte Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal Constitucional.

Mientras los prefectos dividían su tiempo entre la gestión y las reuniones con el Ejecutivo, en el Congreso se iban modificando casi toso los artículos de la CPE redactada en Sucre y Oruro por la Asamblea Constituyente. Las negociaciones entre PODEMOS y el MAS terminarían ampliando el interinato de los prefectos de La Paz, Pablo Ramos, y de Cochabamba, Rafael Puente, además de ingresar una disposición transitoria para que Evo Morales no pueda postular a más de una reelección, algo que quedó burlado en los hechos por el oficialismo.

En el otro frente fueron los cívicos los que asumieron el rol de resistencia al proyecto constitucional del MAS y sus aliados.

El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia – CONALDE, que agrupaba a los cívicos de las regiones opositoras a Morales, con mando del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, se reunió en cabildo y determinó una resolución de siete puntos para enfrentar al régimen, incluyendo un paro general a fines de agosto de 2008.

La resolución del CONALDE mandaba concretar las autonomías departamentales y sus estatutos aprobados en 2007; exigir el respeto al Estado de derecho; exigir una auditoría al padrón electoral y al mismo referendo revocatorio; pedir la elección inmediata de prefectos para La Paz y Cochabamba.

Pero la lucha de los cívicos era ante todo económica y no política durante esos meses de tensión nacional. La resolución del CONALDE hacía énfasis en defender las regalías departamentales y el ingreso por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, que se desviaba al nivel central bajo la figura de “recorte”, cuando tres departamentos productores pedían prioridad en esa distribución. Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca cerraban filas, incluso con la prefecta de la capital, Savina Cuellar, quien dejó al MAS para unirse a los movimientos cívicos.

“Mientras persista la confiscación de los recursos de nuestros departamentos, advertimos a las autoridades nacionales que su presencia en nuestros departamentos será considerada no grata y no bienvenida”, sentenciaba Marinkovic en el punto 7 de la resolución de agosto.

Los cívicos bloquearon las carreteras y cerraron las fronteras del Chaco, dejando a Tarija y Chuquisaca paralizadas y los campos gasíferos tenían custodia militar.

Enfrentamientos y tomas de instituciones se daban los siguientes días. En medio, un conflicto con las personas con discapacidad que pedían un bono anual para su sector. En cada ámbito, el régimen supo mover sus fichas y soportar la presión, hasta recurrir a la violencia estatal.

Consignas como “intentos de golpe de Estado” o “grupos sediciosos” comenzaron a salir desde los altos funcionarios de Gobierno.

El último intento de los prefectos para apaciguar el país se dio con un llamado para que se haga presente el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, además de pedir como mediador al cardenal Julio Terrazas.

Por su lado, Evo Morales lanzaba la convocatoria para el referendo aprobatorio de la CPE mediante el Decreto Supremo 29691 del 28 de agosto. Las organizaciones aliadas al MAS, dirigidas por Fidel Surco e Isaac Ávalos amenazaban con marchas y enfrentamientos contra los cívicos departamentales. Ambos dirigentes campesinos serían nombrados senadores en la siguiente elección general.

Esta etapa de pugnas entre las regiones con el nivel central cerraría dramáticamente.

En septiembre, apenas un mes después del referendo revocatorio, se instalaba la tensión en Pando. La población de Porvenir veía llegar a cientos de campesinos con el objetivo de tomar la Prefectura con violencia. Leopoldo Fernández, que había sido ratificado en el cargo con amplia mayoría, pidió acción militar, pero no fue escuchado. Sectores cívicos y de la propia Prefectura fueron al encuentro y la violencia estalló.

Al menos 13 personas murieron el 11 de septiembre, entre cívicos y campesinos, con impactos de bala y golpes contundentes. Morales dictó “estado de sitio departamental” y desplazó a decenas de militares para hacer un cerco a Pando.

Al día siguiente y ante la evidencia de la violencia y muerte, el régimen comienza a responsabilizar de los actos al prefecto del departamento. Un grupo de policías y militares llega a Cobija para aprehender a Leopoldo Fernández. Recluido en San Pedro y Chonchocoro con detención preventiva, el experimentado político pasó nueve años en ese proceso hasta ser sentenciado a 15 años en un juicio en el que las partes demandantes renunciaron e incluso revelaron haber sido presionadas para señalar al exprefecto como responsable de la “masacre” de Porvenir.

Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes se unirían para la elección general de 2009 nominando a Fernández, desde el penal de San Pedro, candidato a la Vicepresidencia como acompañante de fórmula del exprefecto de Cochabamba en la alianza Convergencia Nacional.

Convergencia enfrentó al MAS y logró similar votación que la desaparecida PODEMOS de Jorque Quiroga en 2005, pero es acá donde el régimen logra los dos tercios para aplicar la CPE que había sido promulgada el mismo 2009.

La arremetida contra las regiones incluyó el caso terrorismo o caso Rózsa, en el cual un oscuro fiscal Marcelo Soza se encargó de identificar a medio centenar de cívicos y empresarios del oriente, sobre todo Santa Cruz, como cómplices de haber traído a Bolivia a una célula irregular.

Marinkovic y otros, salieron del país bajo esas acusaciones y todo un aparato de persecución que se había activado el 16 de abril de 2010, cuando se produjo el operativo al hotel Las Américas. El único sobreviviente político de esa etapa fue Rubén Costas, expresdeitne cívico, que pasó de perfecto a gobernador reelecto de Santa Cruz. 

La oposición partidaria fragmentada, en etapa de reacomodo, por un lado, y los cívicos desaparecidos o perseguidos, por otro, además de una bancada mayoritaria para el MAS en la nueva Asamblea Legislativa, marcó el inicio de una hegemonía pura del proyecto de Morales y Garcia que terminó el 21 de febrero de 2016 contemplando nuevos grupos de resistencia ciudadana en el escenario politico y activista de Bolivia.

//@VisorBolivia//

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