El Estado boliviano debe cumplir al menos 7 obligaciones señaladas por el GIEI

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SEGURIDAD | 23 Ago 2021

Adecuar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, conforme al principio de legalidad y a los estándares internacionales

URGENTE.BO.- Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hiciera 36 recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia, el abogado constitucionalista, Carlos Alberto Goitia, manifestó este lunes que se debe cumplir con al menos siete obligaciones, que van desde el resarcimiento de daños a las víctimas de los hechos ocurridos entre 1 de septiembre 31 de diciembre del 2019, así como el de que la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) deben eliminar el término de confidencialidad.

Entrevistado por el portal informativo Urgente.bo, el además exministro de Justicia manifestó que también se debe derogar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento por el terrorismo que son usados por los administradores de justicia y los gobernantes para realizar una persecución política.

“Lo que nos ha dicho el GIEI, es que la justicia no funciona en Bolivia, no es creíble y que no hay sentencia en un proceso justo. Por lo tanto hay que llevara ahí ciertos mecanismos y medidas inmediatas”, indicó.

Adecuar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, conforme al principio de legalidad y a los estándares internacionales, y revisar la práctica de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales, dice el informe de la GIEI.

También, la figura de la detención preventiva debe ser corregida en el Código de Procedimiento Penal, “debe ser una medida excepcional”, subrayó Goitia.

Otra de las obligaciones que debe cumplir el Estado boliviano en el marco de lo dispuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, es del derogar el Decreto de Amnistía.

“Es el que generó impunidad a quienes han llevado a cabo la violación a los derechos humanos”, precisó el constitucionalista. La Human Rights Watch (HRW) cuestionó la norma aprobada por el presidente Luis Arce debido en febrero, ya que “permite la impunidad por delitos graves y abusos”.

De acuerdo al documento, las instituciones públicas deben prestar la más amplia colaboración para esclarecer la verdad y adelantar las investigaciones. En especial, que las Fuerzas Armadas remitan al Ministerio Público y al Órgano Judicial toda la documentación relevante relacionada con la planificación, ejecución y evaluación de los operativos realizados durante el periodo relativo a este informe.

Según Goita, con eso se acabó la confidencialidad en ambas fuerzas, quienes deberán presentar todas las pruebas para las investigaciones que corresponden. “Esto obliga a la Policía y Fuerzas Armadas a que transparenten la información que es valiosa. No deben ocultar la información”, subrayó.

El cambio de los operadores de justicia en especial del Ministerio Público, es otra de las obligaciones que debe cumplir el Estado Plurinacional, todo esto en el marco de la sugerencia de la GIEI.

//FUENTE: URGENTE.BO//