Madre de ‘Tonchi’ Bascopé advierte “venganza” gubernamental por haber defendido Cochabamba

Bascopé internado en Sucre con complicaciones en una hernia; Revuelta en la vigilia por su hijo en la plaza 4 de Noviembre de Cochabamba / RRSS / HUGO BALDERRAMA

SOCIEDAD | 23 Jul 2021

VISOR BOLIVIA / Redacción.- Miriam Revuelta de Bascopé, la madre de Mario ‘Tonchi’ Bascopé, miembro de la Resistencia Juvenil Cochala que se encuentra detenido y hospitalizado en Sucre, manifestó que las acciones gubernamentales en contra del activista responden a una “venganza” por haber defendido a Cochabamba durante la convulsión social de 2019.

En contacto con @VisorBolivia en la plaza 4 de Noviembre de Cochabamba, donde se realizó la vigilia que pidió la liberación de Bascopé, Revuelta lamentó las acciones del Gobierno y la Fiscalía contra su hijo, quien la noche del jueves fue internado en Sucre con un cuadro de hemorragia interna.

“Es una venganza porque ellos no han hecho nada malo, no han robado ni han matado, solo se han dedicado a proteger a esta ciudad, solo fue eso, porque delincuentes no son”, manifestó.

Bascopé fue secuestrado el miércoles después de salir del penal de Palmasola, donde estuvo en detención preventiva por seis meses acusado de las presuntas figuras de instigación a delinquir y organización criminal, por los hechos de noviembre de 2019, cuando el grupo de la Resistencia Juvenil Cochala salió a las calles a defender la ciudad de los grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS) que habían amenazado con “tomar” esa capital.

Sujetos sin identificarse ni orden judicial lo subieron a golpes en una camioneta, para luego trasladarlo a Sucre para comparecer por otro caso abierto de supuesto deterioro de bienes públicos y portación de proyectiles, por las movilizaciones ante el Ministerio Público de 2020 que exigían la renuncia del fiscal general Juan Lanchipa.

Sobre la supuesta orden de aprehensión que luego se argumentó para esa acción, Revuelta negó haber recibido alguna citación ni en Cochabamba y menos en la cárcel de Santa Cruz.

“No sabíamos de ninguna orden de aprehensión. Ellos sabían que estaba en Palmasola porque no actuaron ahí”, declaró y aludió al viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, de estar detrás de este caso.

Cox lanzó el jueves una serie de declaraciones contra la RJC, hasta señalar incluso que la presunción de inocencia no se aplica contra ese grupo “delincuencial”.

“Cuando conoces un caso que no tiene mucha implicancia puedes manejar la presunción, pero cuando te conste, una víctima tiene condición de saber quién es el agresor”, manifestó y se declaró “víctima de violencia” de la RJC cuando ejerció el cargo de delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba.

Cox, que fue candidato a alcalde de Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS), además amenazó con desarticular estos grupos de activistas, como sugirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“En su informe preliminar de 2019 (la CIDH) pidió que el Gobierno desarticule esta organización criminal, ya la identificó como organización criminal por todos los hechos que había generado; sin embargo, nunca se realizó una persecución criminal, que vaya a ser contundente para que no exista impunidad”, declaró el funcionario a la televisora progubernamental ATB.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que asegura que investiga si hubo vulneración de derechos en la aprehensión de Bascopé y también contradijo a su exfuncionario sobre el criterio de presunción de inocencia.

“La Defensoría del Pueblo, respecto a las declaraciones públicas del Viceministro de Régimen Interior y Policía, recuerda al Estado boliviano que el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos establece la presunción de inocencia como un derecho humano y una garantía judicial, hasta que, luego de un proceso garantista, se demuestre la culpabilidad; pero también se exige que se actúe con celeridad para garantizar el acceso de las víctimas a justicia”.

En Cochabamba y Santa Cruz ya se están activando los movimientos civiles para denunciar la persecución política y judicial que se va incrementando desde el gobierno de Luis Arce, contra todos los protagonistas de los 21 días de resistencia post electoral de 2019 y la figura del “golpe” que el MAS trata de imponer.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, se hizo presente el jueves en la vigilia a favor de los jóvenes cochabambinos procesados en estos casos.

Miriam Revuelta concluye: “Toda la ciudadanía cochabambina debería salir a las calles, porque no se está pidiendo nada malo, solo justicia. Si ahora están haciendo esto con Tonchi, mañana puede pasar con cualquiera de la resistencia que no solo fueron los motoqueros sino toda Cochabamba”.

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