Juristas advirtieron hace casi un año 7 anomalías en el TCP

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POLÍTICA | 20 May 2021

Dificultades para acceder a expedientes, un portal sin información completa y “fechas predatadas” en resoluciones son algunos de los cuestionamientos

PÁGINA SIETE.- Hace casi un año, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) advirtió siete anomalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los juristas hicieron conocer las observaciones a esa instancia judicial en una carta, pero hasta la fecha el TCP no respondió.

Dificultades para el acceso efectivo a los expedientes, imposibilidad de obtener copias y/o certificaciones oportunas de los expedientes, una página web que no brinda información completa y oportuna, vulneración del derecho a la defensa y acceso a la justicia mediante omisión de notificación oportuna con sus resoluciones, fechas de resoluciones que no corresponden a la realidad, vulneración del plazo razonable y denuncias de la existencia de supuestos “operadores” cuestionables son las anomalías detectadas por los juristas.

“Sr. Presidente y por su intermedio Srs. magistrados, en representación del foro nacional de abogados se ha tenido a bien hacerle conocer todos esos elementos que son de suma preocupación en los operadores, solicitándoles sean analizados en procura de una solución efectiva que repercutirá en el estado de la administración de la justicia constitucional boliviana”, señala la misiva dirigida al presidente del TCP, Paul Franco, que fue recibida hace más de nueve meses, el 4 de agosto de 2020.

“Las denuncias fueron oportunamente puestas, de manera colegiada, por el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Arturo Yáñez y lamentablemente no ha merecido ninguna respuesta. Lo que nos correspondería es reiterar esa nota y exigir transparencia a nuestro principal órgano contralor de las garantías constitucionales”, manifestó el presidente del Conalab, Óscar Vargas.

Página Siete buscó una respuesta del TCP sobre las observaciones señaladas por los juristas, sin embargo, desde esa instancia se informó que en los siguientes días habrá una conferencia virtual.

El tema cobra relevancia debido a la polémica que surgió después de que el presidente del TCP negara la existencia de la sentencia 0012/2021 sobre los juicios en rebeldía.

En la misiva de agosto de 2020, el Conalab enfatiza que al no tener acceso efectivo a los expedientes radicados ante el TCP se vacía de contenido el derecho que todo abogado o parte tiene para organizar su defensa. Además de que en el portal tcpbolivia.bo es “imposible” disponer oportunamente de una resolución final y decretos de trámite en el momento de la fecha en que indican habrían sido expedidos o notificados.

Se indica también que los colegios departamentales de abogados señalaron que el TCP no cumple sistemáticamente con su obligación de notificar adecuada y oportunamente a todas las partes con sus resoluciones, por lo que se vulnera el derecho a la defensa y acceso a la justicia.

Entre los hechos más graves se alerta de la existencia de un “sistemático falseamiento” de la fecha de las resoluciones del TCP y que en consecuencia vulnera el plazo razonable.

“Por mucho que se haga seguimiento diario en sus estrados, invariablemente aparecerá una notificación con fecha anterior (de varias semanas o hasta meses anteriores) (...), el que se emitan resoluciones con fechas predatadas, que aparecen varios meses después en la realidad, pone en cuestión el principio de celeridad previsto por el CPP (Código de Procedimiento Penal) y la misma CPE (Constitución Política del Estado) y afecta notablemente la confiabilidad de su tribunal”, se lee en la carta.

Al respecto, el senador del MAS Luis Flores señala que las denuncias en contra esa instancia deben ser comprobadas. “A los que cometen errores, delitos y contravenciones pueden hacerse diferentes procesos, si corresponde administrativo o penal; el tema es demostrar con pruebas lo que están mencionando del Tribunal Constitucional”, dijo.

Desde Creemos, el senador Henry Montero anunció una petición de informe escrito. “El Tribunal Constitucional debería dar tranquilidad al pueblo boliviano, porque es la garantía de que se puede cumplir con la Constitución Política del Estado. Vamos a hacer una petición de informe escrito en relación a todos los casos que se están denunciando”, expresó.  

//FUENTE: PÁGINA SIETE//