Organizaciones sociales pasan de la prebenda al control de cargos en el Estado

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POLÍTICA | 26 Abr 2021

Las sedes, los vehículos y alguna candidatura ya no son suficientes para las dirigencias sindicales. Ahora buscan estar en el gabinete 

PÁGINA SIETE.- De recibir sedes sociales, vehículos y financiamiento para proyectos en las gestiones de Evo Morales, las organizaciones sociales pasaron a exigir espacios de poder durante el gobierno de Luis Arce. Analistas coinciden en que las megaobras ya no son suficientes para recompensar la fidelidad, ahora piden ministerios y la capacidad de decidir sobre quienes los dirigen.

“Las organizaciones sociales han encontrado en la presión y la fuerza la posibilidad de conseguir los privilegios que recibían antes a través de grandes obsequios como el fondo campesino (mal llamado fondo indígena), las sedes, automóviles y candidaturas. Mermados estos regalos, ahora su apetito se dirige a los espacios en el poder, como lo reflejan los colonizadores cuando piden tres ministerios para ellos y exigen la cabeza de dos ministros”, señaló el analista Róger Cortez.

La aprehensión del exministro de Desarrollo Rural y Tierras Edwin Characayo, quien fue descubierto cuando recibía dinero a cambio de titular tierras, generó tensiones al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS). La exautoridad contaba con el aval de las organizaciones sociales, que ahora exigen cambios y cuotas en el gabinete de Luis Arce.

El pedido no es reciente. Luego de los comicios de octubre de 2020, varios sectores afines al MAS solicitaron -a cambio de su apoyo- el control de varios ministerios. El mismo presidente Luis Arce llegó a decir que para responder a todas las peticiones se necesitaría 149 carteras. Los regalos ya no eran suficientes.

“Llega el momento en el que ya no basta tener obras, vehículos, canchas, sedes o una cuota de representación en el Parlamento. Las organizaciones sociales piden y reciben espacios de poder. Y ahí vemos a la Ministra de Culturas que es parte de las Bartolinas, a los interculurales en Desarrollo Rural y Tierras y otros casos”, manifestó el analista Paúl Coca.

La ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia (Csmib), Angélica Ponce, consideró que estos espacios les corresponden por derecho. Y que los problemas ocurridos en el gabinete se deben a que varias de las autoridades actuales no cuentan con el aval sindical.

“Somos un ente matriz, fundador del instrumento político... igual que los hermanos interculturales, la Csutcb o las Bartolinas. Las organizaciones sociales tenemos derecho a poder trabajar en estos espacios públicos”, afirmó.

Padrino de regalos millonarios

“La práctica de otorgarles licencias y privilegios a las organizaciones sociales campesinas es parte esencial de la historia y origen del MAS. Éstas son su médula organizativa y, últimamente, tienen un papel decisivo”, indicó Cortez.

Explicó que durante la gestión de Morales, cuando había ingresos por la combinación de buenos precios de las exportaciones y un incremento de la renta petrolera, la demandas de las organizaciones eran satisfechas principalmente con regalos monetarios. Estos eran complementados con candidaturas y espacios en el Legislativo o el Ejecutivo. “Evo era el gran padrino dueño depositario de las llaves de la organización”.

Según el Sicoes, desde 2011 hasta 2019 (año de la cuestionada reelección) el Gobierno adjudicó de forma directa la construcción de más de 120 sedes para distintas organizaciones sociales. El costo total asciende alrededor de 272 millones de bolivianos.

Ese año, para sellar alianzas, el entonces presidente y candidato entregó vehículos a las Fejuves, nuevas normas impositivas a los gremiales y un lote de 10 motorizados a la COB, ente sindical que condicionaba su apoyo también al control del Ministerio de Trabajo. Esos fueron solo una parte de los regalos a sus aliados.

Pago a la “fidelidad”

Sin embargo, para las elecciones de 2020, luego de los conflictos poselectorales, el pago debía ser otro. Desde la confirmación de la victoria del partido azul, diferentes sectores afines pasaron factura por ser “leales en tiempos difíciles” y exigieron espacios en el gabinete.

La dirección regional de El Alto pidió los ministerios de Trabajo, Justicia, Agua, Cultura y Relaciones Exteriores; la COB aspiró a dirigir Trabajo, Hidrocarburos, Minería y Salud; las Bartolinas y los gremiales pidieron se cree para ellos carteras de la Mujer y del Gremial.

En ese momento, el máximo ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), Henry Nina, lamentó la actitud de estos dirigentes, a quienes llamó “buscapegas”. Sin embargo, semanas después fue posesionado como presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Su organización tomó el control de la cartera de Desarrollo Rural y Tierras y ahora pide otras tres.

“Controlar un ministerio significa tener el manejo de un presupuesto propio y de manera autónoma, tener un espacio de poder y de decisión, acceder a puestos laborales o pegas -como le llamamos en Bolivia- que no solo están en La Paz, sino en las ciudades capitales o en regiones donde deben tener representación”, aseveró Coca.

Pero no solo son las organizaciones del Pacto de Unidad las que pidieron un ministerio. Al día siguiente de la posesión del nuevo gobierno, la viuda y familiares del dirigente minero fallecido Orlando Gutiérrez instalaron una vigilia en la Plaza Murillo. Exigían que el Ministerio de Minería sea dirigido por el hermano del extinto minero, de quien se presumía que sería el titular de esa cartera de Estado.

“Mi esposo se ganó el Ministerio de Minería. Era el ejecutivo de la Federación de Mineros, tenía trayectoria, era un líder joven y tenía mucho por delante. A Orlando nadie le regaló la cartera, se la ganó. Exigimos se dé la cartera a la familia”, sostuvo la viuda del dirigente, de quien hasta hoy se desconoce las causas de su muerte.

La semana pasada, la confederación de las mujeres interculturales se declaró en emergencia hasta que se cumplan sus pedidos de destituir a dos ministros.

“Por negar a ser del MAS y por ineficiencia, pedimos que (el ministro de Justicia, Iván Lima) se retire del gabinete. El titular de Gobierno también está observado y debe ser cambiado. Además vamos a hacer una comisión para ir a cada uno de los ministerios para que rindan un informe de cuántos pititas han retirado y cuántos de las organizaciones sociales han entrado trabajar. Necesitamos un cambio rotundo para que nuestros hermanos y hermanas tengan la oportunidad”, dijo Ponce.

Poder, cuoteo y corrupción

En un ampliado nacional de emergencia de la Csmib, realizado el pasado miércoles, la organización resolvió exigir al Presidente tres ministerios para “la familia intercultural”, como ente matriz y fundador del MAS. Además pide dos viceministerios para “las hermanas María Eugenia Choque y Susana Pacara por el alto compromiso avalado por el ente sindical”.

“Hay dirigentes que están presionando para imponer cargos y hacer un cuoteo corporativo, eso es corrupción. Llegó el momento de hablar y abrir la compuerta al debate. Se ha demorado demasiado en designar titulares en muchas carteras y lo más probable es que haya sido por estas presiones corporativas”, afirmó el exministro Carlos Romero en No Mentirás.

Coca explicó que el MAS es un partido político diferente al resto, ya que se afianza en las organizaciones sociales, con fuerza y presencia, para garantizar más votos y más poder en cada región.

“Hasta antes del 2005, en la democracia pactada, los ministerios se dividían entre los frentes políticos que se aliaban para lograr la presidencia. Ahora con el MAS pasa lo mismo, pero con otros actores; ya no se hace alianza con otros partidos, sino, con sectores sociales a los que les debe entregar cuotas de poder”, dijo el analista.

Esto se ve reflejado en la distribución de los cargos importantes. Hoy, la tercera autoridad del país está en manos del Chapare, que puso a Andrónico Rodríguez como presidente del Senado. De la misma forma, los denominados interculturales lograron hacerse del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y las Bartolinas del Ministerio de Culturas.

“Pero esto tiene un costo. Cuando el MAS ya no tenga poder, estas organizaciones estarán vetadas. No serán reconocidas como interlocutores válidos, porque por años estuvieron recibiendo pagos a cambio de su fidelidad. Han decidido ser parte de un partido y lo que esto traiga a futuro es lo riesgoso”, advirtió Coca.

12 vehículos para 3 organizaciones afines al MAS

A la fecha, el presidente Luis Arce regaló 12 vehículos a tres organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS): los Ponchos Rojos, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob) y la Central Obrera Boliviana (COB). Los motorizados procedían de los bienes incautados.

El 26 de enero, por el 195 aniversario de la provincia Omasuyos, el mandatario entregó dos vehículos a los Ponchos Rojos de Achacachi. Este ente, que fue parte de la guardia sindical de Evo Morales, se declaró en varias oportunidades defensor del proceso de cambio.

Asimismo, el 18 de febrero, el jefe de Estado entregó cinco vehículos a la Csciob, en el acto de homenaje por el 50 aniversario de la organización. “No tenemos cómo darles vehículos cero kilómetro, como hubiésemos querido y que corresponde, pero estamos haciendo un esfuerzo”, manifestó durante la entrega.

En la ocasión, los conocidos como interculturales solicitaron a Arce la construcción de una nueva sede. El Presidente manifestó que por la situación económica del país el pedido no podía ser atenido de inmediato.

El 6 de abril, el comité ejecutivo de la confederación sostuvo una reunión con el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil en la Casa Grande del Pueblo. Se acordó trabajar de manera coordinada para la entrega de otros vehículos, el equipamiento de las oficinas, seminarios y talleres de formación de líderes, además de equipos y capacitación para comunicación.

El turno de la COB llegó el 16 de abril, cuando por motivo de su 69 aniversario, el ente matriz de los trabajadores recibió cinco motorizados. “Sabemos que no estamos en el mejor momento económico, pero estamos haciendo el esfuerzo de entregarles cinco vehículos a nuestra COB”, afirmó el mandatario.

Después de conseguir el aval de la Csutcb, el ahora exinterventor Miguel Ángel Gonzales Quispe donó al ente sindical la suma de 20.000 bolivianos, dinero que salió de las arcas de la empresa de saneamiento y agua. El actual interventor, Bladimir Iraizos, anunció una auditoría al desembolso ilegal.

El 19 de enero de 2021, días antes del aniversario de la Csutcb, esta organización social hizo llegar a Epsas una solicitud de “donación de muebles y refacción de oficina” para la comisión política de la organización. La misiva, dirigida a Gonzales, entonces interventor de la operadora de agua y saneamiento, explica que durante los conflictos poselectorales de 2019 y en la gestión 2020 la infraestructura y el mobiliario de la confederación sufrieron “daños y saqueos considerables” que dejaron a la organización sin un lugar de reunión.

“Es por eso que acudimos a usted para pedir que nos facilite, en calidad de donación, el mobiliario necesario (escritorios, sillas gavetas y televisor) así como la refacción y pintado de nuestra oficina correspondiente a la comisión política”, señala la nota.

El documento está firmado por seis dirigentes. No lleva la rúbrica ni el sello del máximo líder de la Csutcb, Eber Rojas, pero sí la del presidente de la comisión política, Hugo Casilla. Las rúbricas son las mismas que figuran en el aval que recibió Gonzales para su posesión como interventor -el 5 de enero pasado- y en la nota de respaldo para su restitución, cuando fue destituido por malos manejos de la empresa, el 22 de febrero.

Después de conocerse esta denuncia, Gonzales devolvió el dinero a la empresa. Como constancia envío una carta al actual interventor adjuntando la copia del depósito y explicando que estas donaciones a los sectores sociales son legales en toda institución pública.

Prebenda millonaria

Durante la transición, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) presentó un informe que evidenció los gastos hechos en sedes sindicales durante las épocas electorales.

Sedes Según el informe presentado por la UPRE y el Ministerio de la Presidencia, entre 2011 y 2019 se firmó los contratos para la construcción de 121 sedes sindicales. Varias aún no fueron entregadas.

Costo En estas obras se destinó alrededor de 272 millones de bolivianos. Todos los procesos de adjudicación fueron por contratación directa. Las contrataciones hechas antes de 2011 aún están siendo investigadas.

2018 Por su aniversario la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) recibió el contrato de construcción de su sede en el centro de La Paz por Bs12 MM.

Chapare La federación del trópico recibió un edificio de Bs 4,9 millones de bolivianos, una sede y coliseo de 3,7 millones. Además un aeropuerto, un estadio y hospitales.

Gremiales Previo a las primarias de 2019, se firmó el decreto que modifica el Régimen Simplificado y favorece a comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos. La norma disminuye los impuestos para el sector.

Fondioc Se descubrió 30 proyectos “fantasma” por un monto de 14.514.349,97 bolivianos. El fondo era usado como prebenda para captar dirigentes y en la campaña del MAS. 

//FUENTE: PÁGINA SIETE//