Imputación fiscal contra Añez y exministros carece de fundamentos que avalen acusaciones

Expresidenta Áñez estará en aislamiento indefinido según reciente acción de Régimen Penitenciario / EFE ARCHIVO

SEGURIDAD | 31 Mar 2021

Vera: “Consecuentemente esa imputación formal está llena de subjetivismos, carece de una imputación objetiva"

ANF.- Luego de un análisis a la imputación fiscal contra la expresidenta Jeanine Añez y los exministros de Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, por el supuesto golpe de Estado, el abogado penalista Eusebio Vera concluyó que se trata de un documento lleno de apreciaciones subjetivas que carece de elementos probatorios e idóneos como para justificar la detención de las exautoridades. Vera advierte una combinación nociva entre sometimiento del Ministerio Público al poder político y la escaza formación de los fiscales en actividades investigativas para que resulte una lastimosa imputación que no se sostiene por si sola.

“Todo lo que señala la imputación fiscal es netamente subjetivismo, son apreciaciones subjetivas, en ningún momento se acredita con algún documento idóneo, fehaciente y valedero que haga ver y corroborar todo lo que han señalado supuestamente como fundamentos los señores fiscales”, dijo Vera a ANF.

Indicó que el documento al señalar la relación de hechos precedentes a la renuncia de Evo Morales, a partir del 5 de noviembre, menciona que en la mayoría de las regiones del país se habría producido un levantamiento social propiciado inicialmente por Luis Fernando Camacho, su padre y otros, “y menciona a la señora Jeanine Añez diciendo que en su región también (ella) habría realizado supuestamente movimientos subversivos, pero dentro del cuaderno de investigaciones no cursa ningún elemento documental que nos acredite dicho extremo”.

Como segundo cuestionamiento, Vera dijo que la imputación fiscal hace referencia, como para acreditar o fundar su imputación, al informe de la Defensoría del Pueblo, “que sabemos muy bien a qué línea corresponde, consecuentemente no es un informe idóneo, imparcial, menos objetivo”.

En tercer punto, cita la referencia que se hace al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en ese momento tenía como secretario ejecutivo a Paulo Abrao, y “sabemos a qué línea también corresponde, consecuentemente tampoco reunía condiciones de objetividad, idoneidad y sobre todo imparcialidad”.

Otro punto a considerar, dice Vera, es la referencia que se hace en el documento a una reunión que se realizó en la Universidad Católica, en la que participaron, entre varios personajes Jorge Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Monseñor Scarpellini y del MAS Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Rivero, “en esta reunión –señala el documento- supuestamente se habría obligado a la señora Salvatierra a que renuncie a la sucesión constitucional en calidad de presidenta del senado, cuando sabemos que públicamente y de forma voluntaria ella renunció un día antes”.

Entonces “todo es como en el barrio: que dijo tal, que no dijo tal, quién dijo a quién”.

El jurista enfatizó que “es un juego de muy baja calidad la resolución de imputación formal de la fiscalía, es decir no identifica de manera clara y concreta qué conductas, qué hechos habría desplegado la señora Jeanine Áñez, el señor Álvaro Coímbra y el señor Guzmán, hechos y conductas que se habrían adecuado a un tipo penal”.

Remarcó que no existe dentro de la fundamentación en la resolución formal cuál habría sido el hecho concreto: día, hora y lugar, “no existe, consecuentemente esa imputación formal está llena de subjetivismos, carece de una imputación objetiva, tal como la doctrina moderna en derecho penal exige, no es una imputación formal objetiva y consecuentemente carece también de medios probatorios, en este caso indicios y elementos suficientes para que conduzcan a la responsabilidad o en todo caso halla la probabilidad de autoría, carece de todos estos factores”.

Vera enfatizó que la acusación fiscal no acredita los hechos que supuestamente ocurrieron durante los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de noviembre, hasta el día de la renuncia de Evo Morales, que se adecúen a la conducta que habrían desplegado Áñez, Coímbra y Guzmán.

El ministro de Justicia, Iván Lima, el 24 de marzo admitió que el gobierno decidió “armar” un proceso penal ordinario a la expresidenta Jeanine Áñez debido a que el Movimiento al Socialismo (MAS) no tiene dos tercios para aprobar un juicio de responsabilidades como correspondería.

“Porque no tenemos dos tercios de la Asamblea (Legislativa Plurinacional) y hay que armar un caso, no se puede ir con una acusación tan grave el día uno”, reconoció Lima, en una entrevista con María Galindo en Radio Deseo.

La autoridad intentó explicar que el caso contra Áñez por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, a denuncia de la exdiputada Lidia Patty, es porque cuando se consumó el “golpe” ella era senadora. Esta separación del caso en un antes y un después del supuesto golpe de Estado fue calificado de “triquiñuela jurídica” por el abogado Juan del Granado que evidencia la intención del gobierno de encarcelar a Áñez para negarle el derecho a un juicio de responsabilidades.

Vera lamentó que el gobierno haya judicializado la política y exista un sometimiento del poder investigativo, en este caso del Ministerio Público hacia el poder político, así como de toda la justicia, y esta situación se agrava por la poca formación en actividades investigativas de parte de los fiscales.

“No son personas idóneas, no son personas capacitadas, no son profesionales que han tenido cursos en relación a investigación y generalmente van a probar sus primeras experiencias ahí, en el Ministerio Público, lo cual va en perjuicio y en desmedro de toda la población, toda vez que los procesos se van cayendo en el tiempo, y eso es atribuible a la poca formación que tienen los diferentes fiscales”, apuntó.

//FUENTE: ANF//