Cerca de cumplirse 11 años de proceso judicial, el caso Olorio continúa en la impunidad

Foto agencias

SEGURIDAD | 8 Mar 2021

Olorio murió por “asfixia mecánica”, compatible con el uso de manos que apretaron el cuello o taparon la nariz y la boca

ANF.- En julio de esta gestión se cumplirán 11 años de la muerte de David Olorio Apaza, presunto autor del robo de una remesa de Vías Bolivia en el peaje entre La Paz y El Alto en 2010, quien falleció a raíz de torturas aplicadas por parte de policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, durante un proceso interrogatorio, según acusación fiscal. De los nueve acusados, solo dos recibieron una sentencia mínima con perdón judicial.

“Sigo en juicio contra los policías, seguía de forma virtual por la pandemia, pero hasta ahora no hay sentencia ni nada, solo estamos con audiencias virtuales, no hay ningún detenido, siguen libres todos trabajando, no hubo ninguna sentencia por asesinato, seguimos luchando, pero no hubo nada, todos se hacían la burla, el fiscal y el Ministerio de Gobierno no se presentaban”, lamentó la afectada y denunciante Carola Céspedes, quien era concubina de Olorio.

Céspedes presentó la querella a pocos días de la muerte por el delito de asesinato, debido a que el cuerpo sin vida presentaba una serie de moretones, producto de una tortura.

La causa de la muerte fue confirmada con los resultados de las autopsias practicadas al cadáver, donde se estableció que murió por “asfixia mecánica”, compatible con el uso de manos que apretaron el cuello o taparon la nariz y la boca.

“Luego de golpearlo para que confesara dónde está el dinero, los policías rociaron gas pimienta en una bolsa plástica y le colocaron en su cabeza, el detenido vivió una verdadera película de terror antes de morir", mencionó uno de los fiscales asignados al caso, en ese entonces.

Según el dictamen pericial forense, Olorio “recibió múltiples golpes en toda la cabeza, lesiones en el cuello, tórax, abdomen, miembros superiores e inferiores; es decir, en todo el cuerpo; predominando contusiones a nivel del cuello y la parte superior del tórax, la compresión del cuello (compatibles a la compresión producida por las manos)”.

El abogado Rime Choquehuanca dijo al respecto que los policías “al no poder conseguir de ninguna forma la confesión de Olorio mediante tortura, al final lo mataron entre varios, de forma cobarde, es decir, el mismo Estado a partir de sus funcionarios comente crímenes, y en ese sentido existen pruebas”.

Según el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI) todas las personas que “caen” por algún motivo en la FELCC corren el riesgo de sufrir torturas y “lo grave es que se hace en presencia del fiscal”.

El juicio del caso Olorio se inició en 2014, pero para entonces dos tenientes ya se habían beneficiado con la cesación a la detención preventiva por recurrir al procedimiento abreviado, declarándose culpables de incumplimiento de deberes y encubrimiento del hecho: José Ronald Saravia Saavedra y Cristian Ramiro Vargas Nina recibieron la pena mínima y no purgaron condena por el perdón judicial.

En abril de 2018, el abogado de la parte querellante, Rime Choquehuanca, denunció que un 80% de las audiencias del juicio se suspendían por ausencia del Ministerio Público y abogados de los policías.

El jurista lamentó la falta de voluntad del Tribunal Quinto de Sentencia en lo penal de El Alto, donde se encontraba radicado el caso, ya que las audiencias se fijaban cada 10 días y solo se tenía una hora para las deliberaciones. Añadió que el motivo por que se suspenden esencialmente las audiencias es por la ausencia de la Fiscalía.

Para entonces, todos los acusados se encontraban libres y realizando su servicio de manera normal, gozando de beneficios para asistir a las audiencias, situación que continúa hasta la fecha; en tanto que la víctima, que es de escasos recursos, debe seguir solventando los gastos de su propio bolsillo.

“No lo están tomando en serio, creo que no habrá justicia”, sostuvo Céspedes a tiempo de relatar que una vez que el juez a cargo fue dado de baja por jubilación, otros dos rechazaron el caso argumentando que por ser “sonado” debe “analizarse” todo el proceso desde cero. “Los 10 años del caso querían que en tres meses se vuelva a remitir, volverlo a estudiar”.

Céspedes indicó que desde octubre del año pasado ya no pudo asistir a las audiencias por falta de pasajes y tiempo ya que ponía en riesgo su fuente laboral por los constantes permisos que debía solicitar. Mientras “ellos (los acusados) bien tienen su trabajo y sueldo fijo, tienen abogados particulares y yo ya no podía estar en esa situación”, dijo a ANF.

Por falta de recursos económicos, hoy Carola Céspedes es patrocinada por el abogado de Defensa Púbica, Diego Ríos. Actualmente las audiencias son realizadas solo una vez por mes, y pese a la programación mensual, muchas veces son postergadas por la ausencia de algunos acusados.

Los implicados en la muerte de David Olorio, ahora todos libres, y en juicio, son: Omar Víctor Antezana Coronado (Jefe de inteligencia), considerado como el principal implicado en la tortura y muerte; Fructuoso Israel Vega Segurondo, Luis Fernando Aquino Mamani, Juan de la Cruz Cerón Copa, Juan Villca Chambi, Valentín Choquehuanca Ulo y Jesús Antonio Moscoso Velasco.

David Olorio falleció el 6 de julio de 2010 después de haber sido golpeado y brutalmente torturado en oficinas del segundo piso de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto. Efectivos policiales lo detuvieron al considerarlo como el cabecilla de una banda que atracó la oficina de Vías Bolivia, ubicada en el peaje que une La Paz con El Alto, el 4 de julio del mismo año.

//FUENTE: ANF//