Exmagistrados del TCP que avalaron repostulación de Morales no irán a la justicia ordinaria

Magistrado vinculados al MAS ejercieron funciones entre 2011 y 2017 / WEB

POLÍTICA | 2 Feb 2021

Se desestima la denuncia penal contra Oswaldo Valencia, Mirtha Camacho, Neldy Andrade, Rudy Flores, Zenón Bacarreza y Macario Cortez 

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- Los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que en 2017 avalaron la repostulación de Evo Morales a una tercera reelección, no comparecerán ante la justicia ordinaria, tras la reciente resolución del juzgado anticorrupción en Sucre, informó el abogado Williams Bascopé.

A través de las redes sociales, el abogado expresó su molestia por la determinación del Juzgado Segundo Anticorrupción que este martes dio por fundadas las excepciones e incidentes presentados por los abogados de los exmagistrados del TCP que fueron parte de la emisión de la sentencia constitucional 084/2017 que avaló la posibilidad de otra reelección para Morales y su segundo Alvaro Garcia.

Con esta determinación, se desestima la denuncia penal contra Oswaldo Valencia, Mirtha Camacho, Neldy Andrade, Rudy Flores, Zenón Bacarreza y Macario Cortez, por los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, que se había interpuesto por el anterior Gobierno transitorio.

Sobre el fallo, Bascopé alertó que a los exmagistrados “la justicia ordinaria no los investigará ni los procesará, y que eso debe ir al Parlamento para un juicio de responsabilidades”, figura que puede aplicar pues los sindicados ya no forman parte de la cúpula judicial.

“La máxima sanción que les puede dar el Senado, es la destitución del cargo de magistrados según el Art. 45 de la Ley 612. Y la pregunta es, ¿si ya no son magistrados de qué se les va a destituir?”, agregó el constitucionalista, indignado.

Bascopé deploró la forma en la que se desarrolló la audiencia virtual, pues solo se permitió una exposición de cinco minutos y el Ministerio Público no argumentó nada, limitándose a decir al juez “usted decida”.

La Fiscalía, desde la presentación de la acusación por el entonces viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, en octubre de 2020, “no hizo ni un acto investigativo que solicitamos y menos nos quiso mostrar el cuaderno de investigaciones”.

La crisis política generada por la sentencia de los exmagistrados en 2017, derivó en el irrespeto del resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 que cerraba la posibilidad de una segunda reelección presidencial, además de ir contra toda la normativa internacional, tal como corroboró el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-CIDH) que negó la reelección como un “derecho humano”.

Después de la habilitación del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones de 2019 la crisis social se fue profundizando y luego de los comicios se denunció el fraude electoral que concluyó, 21 días después, con la renuncia e huida de Morales, Garcia y los presidentes del Senado y Diputados, Adriana Salvatierra y Víctor Borda, lo que activó la sucesión constitucional para designar a Jeanine Áñez como presidenta del Estado.

Entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, Bolivia no tuvo presidente y los hechos de violencia se dispararon, sobre todo en las ciudades capitales. En la primera semana de Áñez en el Gobierno, los grupos radicales del MAS alentaron el enfrentamiento y resultado de aquellas acciones fue el saldo de 30 muertes, que hoy son investigadas por una delegación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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