Escribe Mónica Olmos Campos

¿Estamos listos para iniciar clases?

Escribe Mónica Olmos Campos

OPINIÓN | 1 Feb 2021

A pocas horas de que se inicie la gestión escolar en Bolivia, al menos 60 colegios amenazan con ingresar en un paro de laborales a partir de este martes si el gobierno central no revierte la escala de descuentos en las pensiones, la misma que fluctúa entre el 5% y el 35% sujeta ésta al monto original de la pensión y a la modalidad de clases.

Por ejemplo, aquellos colegios que opten por la presencialidad no están obligados a otorgar ningún descuento dando por entendido con ello que la educación remota (en línea y a distancia) es de menor coste y calidad.

Esta ecuación es en sí misma un error, porque si bien la educación remota exime a los establecimientos educativos de ciertos gastos fijos como energía eléctrica en las aulas, agua, limpieza, jardinería, mantenimiento (no necesariamente), regentes y porteros, los obliga a incurrir en otros costos que posibiliten la gestión de la virtualidad y/o la educación a distancia como capacitación docente en el manejo de recursos tecnopedagógicos, plataforma, servidores, licencias, ingenieros en sistemas e informáticos, material impreso especializado, entre otros recursos e insumos educativos.

Estoy entendiendo que a esta altura de la experiencia a la que nos ha llevado el COVID-19, los padres de familia y el propio gobierno se han percatado que el servicio educativo en tanto costos profesionales (maestros) en una modalidad remota (sea en línea o a distancia) no tiene que ser más económico o barato; es más, es bien sabido que la virtualidad, por ejemplo, demanda mucho más esfuerzo creativo y de tiempo al maestro (y también al estudiante) que la presencialidad donde se dispone de un contexto total en el que la comunicación y conexión docente-estudiante, se hace más fácil y natural. Así, es un error seguir insistiendo o sugiriendo que los maestros deberían ganar menos en una modalidad remota.

Por otra parte, vincular la escala de descuentos a la modalidad de clases que escoja el establecimiento escolar responde a una lógica centrada en el costo del servicio que, como acabamos de decir, no responde a una lógica simple, y no a las razones que creíamos era el problema/motivo principal como es la economía de las familias bolivianas. Creíamos pues, que los descuentos en las pensiones debían sustentarse en las posibilidades reales de pago de las familias para lo cual, mínimamente, el gobierno debía estimar un estudio económico. Por ejemplo, se debió tomar en cuenta elementos como ¿el padre/madre tienen trabajo? ¿Número de hermanos en etapa educativa (regular y superior)? ¿Cuenta con vivienda propia? y otras variables que posibilitan conocer la economía de las familias. Pero resulta que el gobierno propone una tabla de descuentos vinculada a la modalidad (creando un falso debate) y el costo de la pensión haciendo que el que más paga (+ de 1500 Bs.) más descuento tiene (35%) con lo cual se sigue castigando al que menos tiene.

Ahora bien, uno de los problemas más complejos que registró el sistema privado de la educación fue precisamente el costo de las pensiones; directivas de padres de familia se movilizaron de diferentes maneras exigiendo el “50% o más” de descuento. Hasta hoy, cuando se está a punto de iniciar una nueva gestión, se discute la legalidad de la entrega de libretas contra un certificado de no adeudo. Se ha conocido también que algunos colegios habrían redactado contratos para la gestión 2021 pidiendo garantías (joyas, títulos de propiedad, etc.) a los padres de familia por lo que el Ministerio de Educación se ha visto obligado a revisar dichos convenios.

Pues bien, más allá de estas dificultades que debieron ser subsanadas para el inicio de esta gestión, el COVID-19 debió constituirse en la oportunidad para instalar un debate sesudo sobre las calidades de las educación que tenemos en Bolivia, esas brechas groseras, injustas y atrevidas que hay entre la educación privada, de convenio y la pública. Debíamos haber censurado con toda energía el que aún existan estudiantes que no pueden acceder a una biblioteca virtual, que no tengan pizarras acrílicas, pupitres adecuados, baños con agua y aulas con energía y conexión a internet. Ese debate duele, jode y molesta a las autoridades de gobierno que nos dijeron siempre que la educación andaba bien; ese debate no convoca a los maestros a quienes los vemos luchar por sus beneficios laborales pero casi nunca por la calidad de la educación; ese debate es invisible para quienes no vivimos esa situación porque tenemos a nuestros hijos en colegios privados; y ese debate tampoco existe para quienes padecen y son maltratados con esa educación porque creen que así está bien, porque si no pagan por el servicio entonces no tienen derecho al reclamo.

Sé que es poco tiempo para hacer cambios profundos, pero ese debate que debió iniciarse apenas comenzaron a brotar las brechas, es precisamente lo que Bolivia en términos educativos debe discutir y cambiar. ¿La educación debe estar en manos del Estado? ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado en términos de educación? ¿Cuál es el mejor modelo de gestión de la educación para tener un servicio más equitativo, inclusivo e igualitario?

¿Por qué se hace necesario este análisis? Porque si entendemos que la educación es la principal responsabilidad financiera del Estado, los bolivianos no podemos dejar que estas brechas sigan existiendo; porque un país debe tener una sola calidad educativa; porque todos nos constituimos en cómplices de esta injusticia; porque no nos puede no importar que al menos 2 millones de niños y jóvenes no puedan educarse como ese otro millón que sí lo hace. Porque ya no podemos tapar el sol con un dedo.

Por otra parte, el 2020 hemos observado que el sistema privado ha tenido muchas más posibilidades de adaptarse a las exigencias de la coyuntura, y que han sido las escuelas públicas las que en definitiva no lo han logrado…esta situación nos debe convocar a reflexionar sobre la necesidad de mantener o no el mismo modelo de Gestión y administración que ahora mismo deja muchas cuestionantes.

Aquellos padres de familia que aún insisten en mantener a sus hijos en colegios privados a pesar de las dificultades para pagar el servicio, ya debieron migrar al sistema público y estoy segura que muchos lo han hecho, pero podrían ser más si tuvieran la seguridad de que la decisión vale la pena.

Al inicio de esta gestión 2021 esperábamos información, la venimos reclamando desde hace meses. El gobierno debe hacer un esfuerzo por transparentar su Gestión y más aún en el ámbito de la educación. Necesitamos conocer cuántos niños dejaron de estudiar el 2020 y si esos mismos estudiantes hoy podrán volver a clases. Cuántos estudiantes acabaron el programa y en qué condiciones en cuanto a su rendimiento académico. Con qué conocimientos lograron graduarse nuestros Bachilleres y si estos podrán ingresar a la Universidad…¿la brecha entre el perfil del Bachiller y el ingresante a la Universidad se profundizó con la cuarentena? Es muy probable que sí, ¿qué se hizo o hará al respecto? En fin, son muchas las interrogantes que se tienen aún respecto al acceso y a la calidad de la educación regular en el país.

En las próximas horas, aproximadamente 3 millones de estudiantes volverán a clases, unos lo harán de manera remota otros de forma presencial, esperamos que estos últimos no se estén exponiendo al virus y que los directores de estos establecimientos hayan considerado cada uno de los cuidados necesarios para evitar que esto ocurra.

Educación no es asistir a clases…si eso fuera, quedémonos tranquilos, habrá estudiantes que asistirán a clases mediante un teléfono inteligente, una tablet, una laptop o un computador, otros lo harán mediante radio, TV e impresos, otros asistirán a sus aulas…pero resulta que esto no es suficiente, porque la educación no es ponerse en frente de un profesor ni de manera presencial ni virtual. Ojalá que los padres, los directores de escuela, el gobierno y los propios maestros comprendan que la educación significa retar al estudiante con experiencias de aprendizaje que le motiven y enseñen a tomar decisiones, a ser creativos, a ser curiosos e ingeniosos, a formar carácter, a tener conciencia cívica, democrática y ambiental.

Otra forma de educación es posible, demostrémoslo.

//*MÓNICA PATRICIA OLMOS CAMPOS ES COMUNICADORA SOCIAL Y DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN//