En el lenguaje económico convencional, las crisis en forma de L se caracterizan por una fuerte caída del crecimiento económico, seguida por un estancamiento prolongado.

El 10 de octubre del 2019 en un evento llamado por los Derechos Humanos organizado por la CNN, el entonces candidato Beto O’Rourke manifestó lo siguiente: «No puede haber recompensa, ningún beneficio, ninguna interrupción de impuestos para cualquier persona, institución u organización en Estados Unidos que niegue todos los derechos humanos y los derechos civiles de cada uno de nosotros».

Veamos el reciente anuncio de medidas dentro del denominado “paquete económico” del presidente Arce Catacora, como respuesta inmediata a la crisis económica arrastrada desde 2014 y exacerbada por la pandemia mundial de COVID-19.

Siguiendo al profesor Jesús Huerta de Soto, definimos el Socialismo como “toda restricción o agresión institucional contra el libre ejercicio de la acción humana o función empresarial”[1]

No hay Estado que funcione democráticamente si no cuenta con un órgano judicial probo y, sobre todo, independiente. Por ello, los magistrados y jueces deben ser seleccionados entre los juristas más capaces y probos, pues en sus manos suele estar la propiedad, el honor y la libertad de los ciudadanos.

Las raíces filosóficas del bitcóin se encuentran en el anarcocapitalismo, aquel ideal que busca organizar una sociedad sin Estado en base a la propiedad privada y al libre mercado donde toda la acción humana es realizada por entes privados, entonces, el mundo digital, también.

La Constitución Política del Estado establece en el Art.178 “I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.

Mientras el Ministerio Público permanezca bajo el control del gobierno de turno y no de la ley, algunos fiscales seguirán siendo los reyes de la injusticia. 

Ya están en Bolivia los cinco “expertos internacionales independientes” enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, para investigar todos los hechos de violencia política registrados entre septiembre y diciembre del año pasado.

Mientras la humanidad entera permanecía asustada, histérica y encerrada por la pandemia del COVID-19, la izquierda incendiaba Chile, boicoteaba a Donald Trump y -especialmente, con la ayuda de China- instalaba su agenda en la OMS y la ONU. Por ejemplo, en Ecuador, Perú y Bolivia se utilizó la cuarentena para intentar imponer el aborto.

La alta conflictividad social vuelve con fuerza en nuestro país, esta vez las pugnas políticas en los Gobiernos Municipales vuelven a tomar las primeras planas, bandos del mismo partido se disputaron en las calles la cabeza del Ejecutivo en el municipio oriental, Warnes.

Para que un régimen sea considerado democrático, es indispensable la presencia de una oposición consciente de su papel en la política nacional. Por su parte, la mayoría que detenta el poder, está obligada a respetar el derecho ciudadano de disentir y de oponerse democráticamente al régimen prevaleciente.

Hay nuevas noticias alentadoras en el frente de las vacunas anti-Covid. La vacuna italo-inglesa OXFORD-AZTRASENECA, ha demostrado de hecho una eficacia del 90% de dos dosis a distancia de un mes y entro el 2020 estarán disponibles 200 millones de dosis.

En 1953, en el Hotel Plaza de Nueva York, se reunieron los jefes de las principales compañías tabacaleras para resolver qué hacer en relación con la reciente publicación de un artículo científico devastador que ponía en conexión el alquitrán de los cigarrillos con el cáncer desarrollado en ratones de laboratorio.

La Constitución Política del Estado manda: Artículo 256.I. “Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”.

National Secrity Study Memorandum 200 -más conocido como El Informe Kissinger- porque fue solicitado por Henry Kissinger y aprobado el 10 de diciembre de 1974. El documento fue clasificado como Confidencial y hecho público años más tarde.

En la región, Argentina, Colombia y Uruguay cobran el “Impuesto a la Riqueza”, pero no se compara con el “Impuesto a las Grandes Fortunas” que se aplicaría desde el año próximo:

La Constitución Política del Estado establece en el Art. 316 “La función del Estado en la economía consiste en: Num.5 Promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y protección del medio ambiente, para garantizar la generación de empleo y de insumos económicos y sociales para la población”.

Una de las condiciones para que se administre eficazmente un país, es disponer de una adecuada administración pública. Esto, implica orden en los nombramientos, inamovilidad funcionaria que implica no despidos por razones políticas y, ciertamente, idoneidad para el desempeño de los cargos.

Resulta cuanto menos curioso el hecho de que Arce Catacora haya afirmado en sus primeros días como Presidente que su gobierno será “sumamente austero”, pues ya en diciembre de 2014 o julio de 2016, cuando tenía Hacienda a su cargo y ante la caída de los precios de commodities, ya había advertido que Bolivia no sólo debía ajustarse los cinturones, sino que además se encontraba en la búsqueda de asesores internacionales que le recomendaran qué hacer al respecto.