El próximo gobierno deberá reformular la justicia, pero no será una acción inmediata

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POLÍTICA | 21 Oct 2020

El pueblo pidió la independencia de poderes, la eliminación de la retardación de justicia y la descentralización de este poder del Estado

BOL DIGITAL.- El procedimiento de selección y designación de jueces y magistrados, la falta de imparcialidad y garantías del Ministerio Público, son algunos temas cuestionados en el gobierno del expresidente Evo Morales que ahora el nuevo gobernante deberá superar y reformular. Sin embargo, los politólogos consideran que no será una prioridad y se enfocará en recuperar la estabilidad económica del país.

“(La Justicia) es una tarea pendiente, probablemente de reformas de alta envergadura que yo creo que no van a ser de alta prioridad en los primeros años de la gestión de Luis Arce. La prioridad está en el ámbito económico”, aseguró el especialista en temas políticos Marcelo Silva.

En la misma línea, el experto en temas electorales y políticos José Velasco afirmó que no existirán cambios en la Justicia porque la mayoría de las autoridades judiciales fueron electas en el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), asunto que podrá resolverse con la reformulación de la Constitución Política del Estado (CPE).

El partido azul reconoció que las autoridades electas del Consejo de la Magistratura —las cuales designan a otros jueces— realizaron una “mala selección” de personas que tienen sentencia ejecutoriada, procesos y problemas.

Uno de los casos más cuestionados de la gestión del MAS fue la habilitación de Evo Morales para la reelección, sentencia aprobada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), decisión que fue adoptada pese a que el 21 de febrero de 2016 la población —mediante referendo— votó para no modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece una sola reelección del presidente y vicepresidente de manera continua.

Asimismo, el pueblo pidió el respeto a la independencia de poderes, la eliminación de la retardación de justicia por la burocracia en los trámites administrativos y la descentralización de este poder del Estado.

ELECCIÓN DE JUECES

Los opositores al MAS plantearon que —para mejorar la imparcialidad e independencia de la justicia frente al Estado—es necesario eliminar la elección por voto popular de magistrados en cuatro instancias: Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Consejo de la Magistratura.

Respecto a los comicios para elegir a las autoridades judiciales, Bolivia es el único país que lo hace mediante sufragio. En 2011 se llevó a cabo la primera elección y la segunda en 2017, en la que 26 mandos fueron electos para cumplir sus funciones por seis años, hasta 2023.
Sugirieron que la selección de cargos debe ser de manera meritocrática, es decir, de acuerdo con la experiencia en la carrera judicial. Sin embargo, cambiar esta forma de elección implica la reforma parcial mediante referendo o modificación total de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

Los artículos 182, 188, 194 y 198 de la Carta Fundamental establecen la elección de autoridades mediante sufragio universal en las cuatro instituciones de justicia.

Velasco señaló que los “mejores” jurisconsultos deben ser elegidos por méritos y sin elección popular por tres razones: 1) el no me importismo que tiene la población ante estos comicios, 2) la alta abstención del voto y 3) la falta de información y conocimiento sobre los candidatos.

DOS DENUNCIAS EN LA CPI CUESTIONAN A LA FISCALÍA

Las dos denuncias por crímenes de lesa humanidad presentadas ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) —en noviembre de 2019 y septiembre de este año— cuestionaron la “parcialidad”, “ambigüedad” y “falta de garantías” de la Fiscalía General del Estado boliviano.

“El Ministerio Público nos demostró que había mucha ambigüedad y que no existía la objetividad suficiente y garantía del Estado boliviano y de la Fiscalía General para realmente llevar a cabo una investigación objetiva en contra de los acusados”, afirmó el abogado Alfonso M. Dorado,

que representa a los 10 ciudadanos que interpusieron una denuncia en contra de Evo Morales por ataques generalizados en los conflictos postelectorales de 2019.

Incluso apuntaron señales de “clientelismo político” por los vínculos de los operadores de justicia con el gobierno de Morales.

//FUENTE: BOLIVIA DIGITAL//