Escribe Mónica Olmos Campos

Brechas educativas, la síntesis de una tesis perversa

Escribe Mónica Olmos Campos

OPINIÓN | 4 Sep 2020

En 2010 se aprobó el gran proyecto Avelino Siñani-Elizardo Pérez, la Ley 070 de la Educación. A tropiezos, sin un marco reglamentario completo, con un plan paralelo de adoctrinamiento de maestros, y una planificación procesual basada en el método prueba y error, la Ley 070 se puso en marcha tres años más tarde, en 2013.

El Movimiento al Socialismo necesitaba un mecanismo que operativizara la transformación social de su proyecto político ideológico principal, y la Ley de Educación era el instrumento indicado para hacerlo. Quien crea que la Ley 070 fue un fracaso, nunca comprendió el propósito del proyecto que nada tuvo que ver con “infantilismos pedagógicos” como enseñar aritmética, ortografía o ciencias naturales. No, eso no cabía en el plan de los intelectuales del proyecto mayor, a quienes solo les interesó afectar las estructuras más profundas del tejido social para concretar su plan político. Así, la capacidad pedagógica y didáctica de los maestros, y la eficiencia de un plan de estudios que enseñara el abecedario, el cálculo del perímetro y las capitales del mundo, nunca fueron la preocupación de los “diseñistas” de aquella identidad. Basta recordar cómo la autoridad educativa de entonces decidió hacerles el quite a todas las pruebas internacionales de medición de la calidad, optando por mirarse el ombligo como métrica aceptable y suficiente para sostener que la educación en Bolivia iba por buen camino.

La Ley 070 no fue un proyecto educativo, fue un instrumento político que, desde las mentes de niños y jóvenes, insistiera de manera solapada en el establecimiento de la ideología del socialismo del siglo XXI; estrategia infalible considerando que la educación nunca fue prioridad para el conjunto de los bolivianos por lo que nadie reclamaría lo suficiente; y tarea sencillísima con un gremio liderado por los abanderados del trotskismo.

En consecuencia, quien afirme que la Ley 070 fue un fracaso, lo hace desde el convencimiento de que esa ley debía servir para que nuestros niños se convirtieran en expertos matemáticos, incansables lectores de textos y exitosos universitarios, solo desde ese criterio es posible decir que la Ley 070 fue absolutamente mediocre.

Desde su propósito ideológico y político, la Ley fue exitosa, de otra manera no se podría entender que hoy exista una Bolivia fracturada y con todas sus debilidades exaltadas, gritando por calles dinamitadas “ahora sí, guerra civil”.

La Ley 070 es una tesis perversa que fue utilizada para hacer apología del racismo, el clasismo, el dominio cultural, la corrupción y el narcotráfico; y para que hoy gran parte de los bolivianos no puedan distinguir el bien del mal; lo correcto de lo que no lo es; la meritocracia del amiguismo; o lo importante de lo accesorio. Insisto, la Ley 07,0 tal cual fue concebida y ejecutada por el MAS, fue un éxito mayor y ahí están los resultados.

Sin embargo, la dinámica dialéctica de la vida misma, hizo que la antítesis de aquella exitosa tesis perversa fuera su propia capacidad para gestionarse y mantenerse en pie en circunstancias diferentes, contradicción interna hecha visible a partir de dos factores externos no previstos: La cuarentena y un Gobierno diferente, estos le arrancaron la ropa a la educación, constatando que se trataba de un cuerpo que había sufrido abusos cuyos responsables ya no podían, esta vez, volverse a mirar el pupu.

La desnudez de la educación dio origen a una síntesis desastrosa que resumo en una palabra: Brechas. El MAS ha provocado, con aquel instrumento político ideológico, que las brechas sociales, materiales y de conocimiento se acrecentaran hasta niveles groseros e inadmisibles; pero, a su vez, ha permitido salir del statu quo al que nos sometió con su autoritarismo, movilizando a los actores educativos hacia la reflexión y el “destape”. Sí, hoy los maestros pueden decir libremente que “el Profocom era un suplicio” y que la mayoría de los establecimientos educativos no tienen condiciones de acceso a la tecnología; los directores pueden sentirse autónomos para decidir lo correcto para sus alumnos; y los padres de familia y estudiantes estamos en libertad de revelarnos ante un sistema claramente opresor, centralista y mediocre que pretendió –por demasiados años– cortarle las alas a la educación.

El próximo proyecto educativo deberá dejar de subestimar su capacidad política, corresponderá, entonces, trabajar en una propuesta basada en los principios democráticos y, en paralelo, conducirnos a un retorno obligado y necesario hacia la pedagogía en procura de la tan reclamada calidad educativa.

//*MÓNICA PATRICIA OLMOS CAMPOS ES COMUNICADORA SOCIAL Y DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN//

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