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Sábado, 8 de Agosto de 2020

Escribe Carlos Armando Cardozo

Estado, la tradición de la ineficiencia

OPINIÓN | 29 Abr 2020

Es recurrente que los economistas se encuentren con escasas respuestas al momento de interpretar la realidad al ser tan obvia y contundente, más aún cuando esta es tan abrumadora como la crisis consecuencia del COVID-19.

Es por esta razón que muy pocos prestan atención al razonamiento que está detrás de estas escasas respuestas y se enfocan exclusivamente en las obvias conclusiones, sí el mundo entrará en una recesión, sí el comercio internacional tendrá una grave afectación, sí los ingresos de nuestro país se verán afectados, sí se vienen días difíciles post pandemia para todos y cada uno de nosotros. 

En esa búsqueda por escrudiñar en esos razonamientos tras bambalinas, es necesario reflexionar acerca del rol del Estado en el tratamiento de la crisis sanitaria que asola las economías de todos los países del mundo. Me refiero al Estado como tal más allá de las personas que ostenten la dirección del mismo, esto para dejar en claro que no existe animadversión con una o varias figuras públicas que hoy por hoy asumen el protagonismo como autoridades en sus distintos niveles.
Señalar que si bien el Estado puede “intentar” compensar una caída en la demanda de bienes y servicios a través de la inyección de dinero fresco a partir de transferencias en beneficio de las familias, este no es más que un paliativo de corta duración dado que busca generar señales “artificiales” de estabilidad en el mercado haciendo que la oferta (empresas e industrias) decidan mantener los niveles de producción de tal forma que sigan utilizando la misma cantidad de trabajo (ofertado por las familias) y porque no realizar una que otra “inversión” para adecuar sus operaciones a un contexto rodeado de incertidumbre.

Los mecanismos de financiamiento del Estado siempre recaen sobre los ciudadanos, mismos que a través del pago de sus impuestos, comprometen sus ingresos actuales y futuros para viabilizar el gasto e inversión pública que se hace efectivo a través de un proceso de descapitalización (reservas internacionales), la venta de bonos soberanos (generalmente adquiridos por las Agencias de Pensiones) o el endeudamiento externo ante Organismos Internacionales (FMI, Banco Mundial, CAF, acuerdos bilaterales, entre otros), mismo que posteriormente pagara cada uno de los contribuyentes vía tributación sobre la producción o el consumo.

El común denominador sigue siendo el ciudadano, el Estado no tendría mecanismo para financiar su funcionamiento de no ser por el cobro de impuestos. En palabras sencillas administran recursos que se nos revierten de forma coercitiva y violenta para que “en teoría” nos provean bienes y servicios públicos que garanticen nuestra calidad de vida.

Hago hincapié en lo violento porque el Estado es implacable con aquellos “rebeldes” que osen eludir las pesadas cargas tributarias tanto a empresarios, emprendedores, industriales, profesionales y consumidores. La brutalidad de la represión es tal que el Sistema de Justicia se acciona siempre en función de los intereses del Estado, es decir la confiscación, sanción y castigo del infractor.

Mientras el Estado crece y crece en cuanto a burocracia, valga decir nuevas instituciones, nuevas dependencias, nuevos “espacios laborales”, quedan menos recursos de los cuales disponer para atender la educación, la cultura, la producción, el medio ambiente, y hoy más que nunca “la salud”. Es decir, el Estado gana cuerpo y protagonismo, como sector dinamizador de la economía, además de involucrarse en cada espacio de intercambio comercial entre oferta y demanda a título de “fiscalización” sin embargo este es el precio a pagar para garantizar la atención efectiva, oportuna y eficiente de las necesidades de la ciudadanía orientadas a mejorar su calidad de vida.

Surge una clara contradicción, en sentido que el Estado cumple una agenda de “expansión” para mantener ese cliché de “Estado proveedor y protector” cuando es más que evidente que utiliza su autoridad sobre el Sistema de Justicia, el sistema de Seguridad (a través de la Policía y el Ejercito, monopolio de la violencia), y el Sistema Legislativo (Promulgación de Leyes que amplíen su poder por encima de las libertades individuales de sus ciudadanos, incluidas las económicas) para hacer gala de los pequeños logros de su gestión y otorgar privilegios a grupos sociales, sindicales, territoriales, religiosos funcionales para consolidar un corporativismo alrededor del Estado, gobernabilidad que se paga a costa de la ciudadanía y sus necesidades.

La política como tal no es ajena a ningún ser humano por definición, sea esta asumida conscientemente o no, dirime en muchos sentidos las innumerables tribulaciones que se dan en la mente de las personas al momento de tomar decisiones, este tampoco es ajeno al Estado, dado que los servidores públicos y autoridades desarrollan sus funciones guiadas por aspectos tanto políticos como aspiraciones y expectativas personales, tal que el Estado en esencia no es apolítico, equitativo ni justo.

Como esperar otro resultado que no sea la ineficiencia por parte del Estado, considerar que el cambio de servidores públicos y autoridades es la solución para garantizar un correcto funcionamiento del Estado es pecar de ingenuo. La estructura del Estado se mantiene sobredimensionada a pesar de enfoques tan opuestos en lo político como fueran los “neoliberales” y “populistas” que han pasado por su administración en los últimos 30 años. Ambos enfoques siempre coincidirán en sostener el poder y ejercer el mismo a través del aparato institucional en los rubros que resultare así necesario, independientemente que las consecuencias afectasen las libertades individuales del ciudadano.

Pensar que el Estado hoy por hoy actuará a las alturas de las circunstancias y delegar ciegamente nuestro bienestar de manos y pies, es darle demasiado crédito. El ciudadano debe asumir su parte y tomar las medidas necesarias a su alcance para reducir los riesgos de contagio del COVID-19 en su entorno próximo, en un escenario de retorno gradual a la normalidad post-cuarentena más allá de la tradición de la ineficiencia estatal el éxito frente a la pandemia y la crisis económica penden de un hilo, la decisión hoy y siempre será suya, mía, nuestra y no así del Estado.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA es economista, máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y presidente de la Fundación Lozanía//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN// 

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