Escribe Carlos Armando Cardozo

No terminamos de entender

Escribe Carlos Armando Cardozo

OPINIÓN | 26 Mar 2020

La pandemia del COVID-19 continúa su curso por el mundo, sin embargo, la información falsa y medias verdades respecto a esta enfermedad se han expandido a un ritmo por demás preocupante.

Esto se puede evidenciar claramente en el comportamiento errático de gobiernos alrededor del mundo que van recrudeciendo sus políticas de aislamiento y cuarentena general en muchas ocasiones haciendo uso de la fuerza policial y militar, poniendo en pausa las libertades individuales y derechos fundamentales que curiosamente dicen salvaguardar.

Entiéndase que cada país apela a las directrices emanadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el caso de Bolivia, para formular sus propias políticas públicas en materia de salud. Misma que a nivel regional mantiene un número de casos confirmados bastante magro en comparación con lo que sucede en Chile, Brasil o Argentina.

Sin desmerecer los esfuerzos realizados por el Gobierno boliviano si hay algo que criticar es el exagerado tinte represivo y coercitivo utilizado por el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo y el Ministro de Defensa, Luis Fernando López que día tras día va en escalada. El objetivo es simple: que no circule un alma por las calles y se respete a raja tabla la cuarentena.

Eh ahí el problema, la medida asumida dista mucho de lograr los objetivos que se plantea porque deja de lado aspectos socioeconómicos tan importantes que repercuten en la respuesta de varios grupos sociales que a pesar de las medidas de represión siguen y seguirán en las calles.

Bolivia es un país caracterizado por una economía principalmente informal, tal cual dio a conocer un estudio realizado por el FMI el año pasado donde se estableció un porcentaje de 62,3% de actividades económicas sumergidas en la oscuridad fuera de la normativa e institucionalidad (Impuestos, Tasas, Ley Laboral, Seguridad Social). Así también, el índice GINI para Bolivia en la gestión 2019 llego a situarse en 0,533 dando cuenta de una desigualdad en la distribución del ingreso aún pendiente de resolver a pesar de haber incrementado el PIB per cápita entre los años 2000-2018 en un 60%.

Podemos ver entonces que la política llevada adelante por el gobierno obedece a una visión exclusiva y particular de un ciudadano, asalariado, con seguro médico, con ahorros o fondos de reserva. En términos sencillos, la medida se ajusta a las posibilidades y características de un 1/3 de la población nacional, mientras que los 2/3 restantes deben esperar alguna medida complementaria por parte del Gobierno que les permita sortear este periodo de “stand by” cubriendo aspectos tan básicos como la canasta familiar y los servicios básicos. Surge entonces la pregunta del millón ¿El Gobierno tendrá éxito?

Para contestar la misma, hago referencia al periodista y columnista Thomas Friedman en su columna del pasado 22 de marzo en el New York Times (Un plan para llevar a América de vuelta al trabajo), afirma que apagar las economías en busca de reducir a cero las victimas de contagio de COVID-19 no es solo imposible sino un riesgo innecesario tomando en cuenta los costes que este supondría tanto en pérdidas humanas como económicas.

Consultando especialistas en el campo de la Investigación, Epidemiologia, Salud Pública y Prevención de Universidades como Stanford (Dr. John P.A. Ionnidis), Virginia (Dr. Steven Woolf) y Yale (Dr. David L. Katz) se identifica una alternativa que apela a la racionalidad y la objetividad de los datos fríos en lugar al pánico generalizado que muchos gobiernos causan a sus propios ciudadanos al generar políticas extremas en lo social y económico.

Los objetivos a perseguir son 3: Salvar la mayor cantidad de vidas, impedir que los sistemas de salud colapsen y finalmente no destruir la economía en el proceso. Podemos ver que el enfoque aplicado por la gran parte de los países del mundo, entre los que se incluye Bolivia, toma el caso de Italia como base para valorar el grado de riesgo del COVID-19 por encima de datos científicos verificados que manejan como dato válido un índice de fatalidad en un porcentaje menor o igual al 1%.

Los costos de mantener una cuarentena prolongada pueden poner en riesgo fuentes de empleo que garantizan al trabajador el acceso a un seguro médico a ellos y sus familias. El desempleo y la perdida de acceso a estos beneficios pone en situación de vulnerabilidad a las familias otrora estables económicamente. Por otro lado, aquellas personas, que requieren de atención médica periódica como los pacientes renales y de cáncer verán su tratamiento comprometido en vista que la prioridad máxima destina recursos, logística e insumos exclusivamente a los pacientes y/o sospechosos del COVID-19. Lo mismo ocurre con la atención de emergencias, calles cortadas y sometidas a controles estrictos por parte de policías y militares, se cobrarán minutos clave que a la postre harán la diferencia entre una atención oportuna y la muerte.

Finalmente, la diferencia de implementar políticas genéricas o de “rodillo” en lugar de establecer intervenciones estratégicas y “quirúrgicas” que se perfilen bajo criterios estrictamente científicos y realistas condiciona el éxito de las medidas asumidas.

Abandonar la idea equivoca del contagio cero puede significar la diferencia entre poner al borde del colapso todo el sistema de salud (como pasó en Italia) y reducir las fatalidades en aquellos grupos “vulnerables” (tercera edad) sin que esto signifique suspender por completo las actividades económicas que hacen la diferencia en los sectores mayoritarios que viven al día, carecen de beneficios sociales y son los únicos responsables de velar por su bienestar y el de sus familias.
En resumen, menos mentalidad colectiva en nuestras autoridades y mayor inmunidad colectiva en los sectores más vulnerables de la sociedad.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA es economista, máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y presidente de la Fundación Lozanía//

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