OBSERVAN INACCIÓN ESTATAL FRENTE A INFANTICIDIOS Y HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA NNA

GESTIÓN | 2 Feb 2020

DEFENSORÍA.- La Defensoría del Pueblo lamentó el silencio e inacción por parte de las instancias competentes y responsables de la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes en el país, ante la situación de desprotección en la que se encuentra esta población, lo cual se ve reflejado en las cifras sobre infanticidios, hechos de violencia o negligencia que se encuentran en investigación.

“A la fecha no se ha conocido un pronunciamiento oficial del Sistema de Protección Plurinacional Integral de la Niñez y de la Adolescencia - SIPROINA, lo que reflejaría una falta de coordinación, desorden y lento avance en las investigaciones, que pone en evidencia las debilidades del Estado en la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes”, manifestó la máxima autoridad de la institución, Nadia Cruz.

Recordó que el artículo 156 de la Ley 548, Código Niña, Niños y Adolescente señala que es obligación de todos los niveles del Estado contar con programas permanentes de prevención y atención de la violencia contra esta población; en ese marco, exhortó a las instituciones y organizaciones que conforman el SIPROINA, principalmente al Ente Rector, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a pronunciarse y desarrollar medidas inmediatas sobre los infanticidios.

“Exigimos que el Estado, en todos sus niveles, las familias y la sociedad, tomen las acciones necesarias para garantizar el derecho a la vida, proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecte su integridad personal”, remarcó Cruz.

La situación de desprotección y violencia en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en el país, enfatizó, se evidencia en hechos como el ocurrido el 1 de enero cuando una bebé de ocho meses fue envenenada por sus padres en el sector de Alto Tacagua, en La Paz, quienes luego se quitaron la vida; la muerte de cuatro niños, de 10, 8, 5 y 3 años, que fueron asesinados por su padre en la ciudad de El Alto el pasado 2 de enero; la muerte de un niño de 3 años con autismo que se ahogó en la piscina de su guardería el 21 de este mes en Santa Cruz; o el registrado este viernes en Potosí, donde dos niños de 4 y 7 años murieron ahogados tras ser sumergidos en un turril, presuntamente por sus progenitores. A estos casos, se suma lo ocurrido en Mapiri, donde un adolescente de 16 años y un niño de 9 fueron víctimas de maltrato y discriminación, por parte de su tío, sólo por el hecho de ser afrobolivianos.

Ante esta realidad, la Defensora expresó su total repudió hacia cualquier tipo de violencia contra esta población y exhortó a instancias gubernamentales, no gubernamentales y a la sociedad en general, a adoptar medidas de protección y sanción contra estos hechos graves de violencia.

Recordó, igualmente, que la Ley 548 en el artículo 258 sanciona con 30 años de presidio, sin derecho a indulto, a quién mate a una niña o un niño desde su nacimiento hasta sus 12 años; y que en el 281, se establece la privación de libertad de 3 a 7 años a quien arbitrariamente e ilegalmente, restrinja, anule, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, ascendencia, pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o el pueblo afroboliviano o uso de su vestimenta o idioma propio.

Durante la pasada gestión, según datos de la Fiscalía General del Estado, se registraron 66 casos de infanticidios, ocurrido 21 en el departamento de La Paz; 12 en Santa Cruz; 10 en Cochabamba; 6 en Chuquisaca; 5 en Beni; 4 en Potosí 4; 3 en Oruro; 3 en Tarija y en Pando 2.

//FUENTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO//