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Sábado, 22 de Febrero de 2020

CARLOS ROMERO ESTARÁ SEIS MESES EN LA POSTA DEL PENAL DE SAN PEDRO POR CASO UELICN

SEGURIDAD | 17 Ene 2020

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El ministro de Gobierno de Evo Morales entre 2014 a 2019, Carlos Romero Bonifaz, se quedará en detención preventiva en el sector La Posta del penal de San Pedro por seis meses, por el caso de la Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN), tras la decisión del Juzgado Primero Anticorrupción.

Romero, abogado, autor de varios libros, funcionario de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) antes de la llegada de su jefe Evo Morales al poder en 2006, ocupó las carteras de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Gobierno. Fue parte de la cúpula que acompañó al mandamás cocalero durante 14 años y también fue dirigente de un club deportivo en Santa Cruz.

Una de las ONGs donde trabajó Romero, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CEJIS), tuvo recursos aprobados por Rose Marie Sandóval como funcionaria del ente financiador. La comunicadora y abogada cruceña sería diputada en la última gestión y desde su curul impulsaría el caso que derivó en el encarcelamiento del exhombre fuerte del masismo.

“Existen suficientes indicios para probar su responsabilidad, la investigación debe seguir y también debe llegar a los otros 30 implicados”, dijo Sandóval a medios de cobertura, tras conocer la detención preventiva del exministro de Gobierno.

El caso UELICN data de 2013 cuando se comenzaron a adjudicar contratos a privados para el mantenimiento de naves en la Fuera Aérea Boliviana (FAB), particularmente en la Fuerza de Tarea Aérea Diablos Negros, con sumas millonarias que con los años no se pudieron justificar.

La denuncia sostiene que Romero no solo conocía de esos contratos y movimientos sino que los avaló dentro de su competencia como cabeza del sector de lucha antidroga.

Del caso, además de algunos mandos militares y policiales, se investiga al exviceministro de Lucha Contra el Narcotráfico, Felipe Cáceres, de quien se desconoce el paradero exacto luego de la caída del régimen de Morales.

Romero había señalado que era injusto señalarlo, pues él fue parte acusadora en este caso. Luego, al ser aprehendido y cautelado, desbordó su indignación en audiencia señalando que el caso carecía de todo argumento jurídico. Sin embargo, también reconoció que quien nada tiene, debe dar la cara.

El abogado de Romero, Andrés Zúñiga, calfiicó la aprehensión y posterior detención como ilegales. “Lamentablemente para el juez existen elementos de convicción sobre una posible autoría y solo el domicilio está en cuestión”, explicó.

Precisamente es el riesgo procesal de domicilio, uno de los factores que se evaluó para llevar a Romero a la cárcel pese a que éste fuera visto en una casa de la zona residencial de Auquisamaña, donde inclusos e instaló una vigilia ciudadana que exige que el exministro rinda cuentas a la justicia por sus 14 años en el poder y últimos cinco como encargado de la cartera del interior.

Sobre Romero también pesan señalamientos por su participación en las investigaciones de la muerte del estudiante de la UPEA, Jonathan Condori, el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, la detención arbitraria al dirigente cocalero de Yungas, Franclin Gutiérrez, además del caso Eurochronos y los supuestos vínculos con la célula de policías que se vio salpicada con el narcotraficante Pedro Montenegro.

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