Escribe Maggy Talavera

Y de la justicia, ¿quién se ocupa?

OPINIÓN | 22 Dic 2019

Un cambio aparentemente radical se ha dado en el último mes en el Tribunal Supremo Electoral, una de las más importantes instituciones del Estado.

Subrayo lo de aparente, ya que si bien hay nuevos vocales electorales y nueva ley para un proceso electoral que debe subsanar los graves estragos provocados por el fraude del 20 de octubre, sobreviven en la estructura del sistema electoral muchos actores claves y cómplices del proceder dañino de la mayoría de los exvocales, así como alteraciones y fallas importantes en el padrón electoral. Queda claro que en un par de meses es imposible reordenar y limpiar al 100 por ciento y que, por ahora, el Gobierno de transición está haciendo todo lo que le permite la coyuntura, marcada por la urgencia de cumplir un mandato forzado tras la caída de Evo.

Con toda, las acciones de emergencia tomadas hasta hoy para elegir cuanto antes a quien asumirá el mando del país por los próximos cinco años, pueden ser consideradas positivas y efectivas. El proceso electoral está siendo reconducido por nuevos vocales, elegidos con la venia incluso del partido responsable del fraude electoral, el MAS. Problema detectado, solución dada. No ocurre lo mismo con otras instituciones también muy importantes para la reconducción democrática del país, y que conforman el sistema judicial. Salvo algunos cambios en cargos jerárquicos de la justicia y del Ministerio Público, poco ha hecho el Gobierno que preside Jeanine Áñez para lograr en estos el remezón ya visto en el sistema electoral. Un rezago que preocupa, considerando sobre todo la gran responsabilidad que tienen policías, fiscales y jueces en la investigación, enjuiciamiento y castigo de los graves y numerosos casos de corrupción que involucran a exautoridades del Gobierno del MAS.

Una carga procesal que promete poner en apuros a un sistema judicial que ya adolecía de muchos males antes de la caída de Morales, y que ahora deberá sumar casos complejos que comprometen incluso al exmandatario. No se trata solo de carencias cuantitativas (pocos efectivos policiales, escaso número de fiscales, insuficientes jueces, presupuestos magros y falta de infraestructura y equipos), sino también cualitativas: aun persisten en cada una de estas instituciones cuadros y estructuras amañadas, acostumbrados a actuar bajo un mando central que los premiaba por manipular el sistema a favor del régimen, ya sea extorsionando o sometiendo a juicios y privación de libertad a los opositores e incluso a los disidentes del MAS. ¿Alguien confía en que eso ya no funciona porque cayó Evo?

Es cierto que en las últimas semanas se ha informado de varias actuaciones de la Fiscalía e incluso de algunos tribunales de justica, insospechadas durante el régimen del MAS. Tal vez la más publicitada fue justamente la aprehensión sorpresiva de los exvocales del TSE y de casi todos los tribunales electorales departamentales, como también la reciente y nueva aprehensión de la ex poderosa ministra Nemesia Achacollo. Pero, ¿no parecen más reacciones mediáticas, que buscan transmitir un aparente cambio entre quienes manejan el sistema judicial, antes que acciones decididas a reconducirlo hacia el camino justo, al que nunca debieron renunciar? Lo digo pensando en el caso Rózsa, llamado “terrorismo” por el Gobierno de Morales, mismo que sigue sin variantes hasta hoy, pese a las pruebas presentadas en abundancia que lo señalan de montaje y violatorio a derechos humanos.

Seguro dirán que el Gobierno de transición tiene muchísimas tareas urgentes y no puede dar abasto para atender a todas ellas. No dudo de ello, pero rebato de antemano esa posible excusa oficial recordando que siempre hay tareas prioritarias entre las urgentes. Y una de ellas sin duda es la de reconducir al sistema judicial, con la misma prioridad dada a la reconducción del proceso electoral. Sin un poder judicial transparente, activo y efectivo será difícil garantizar incluso la prometida transparencia en los comicios generales. Justos y transparentes comicios, libres no solo de binomios ilegales, sino de candidatos a otros cargos electivos, sospechosos de ser autores o cómplices de crímenes imputados al MAS.

//*MAGGY TALAVERA es periodista y directora de Periodismo sin Photoshop//

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