MÁS DE 70 NOMBRES DE "NARCOS" EXTRADITABLES E INVESTIGADOS SALEN A LA LUZ TRAS RENUNCIA DE MORALES

Montenegro (sentenciado), Yujra (prófugo) y Lima Lobo (detenido), son algunos nombres de sospechosos por narcotráfico, revelados en los últimos tres años de la era Evo Morales / WEB / RRSS/ MONTAJE

SEGURIDAD | 21 Nov 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- A diez días de la salida de Evo Morales y su séquito hacia México, hoy ya se conocen más de 70 nombres de sujetos vinculados al narcotráfico que durante su gestión fueron encubiertos, al menos así lo ve la nueva administración del gobierno transitorio que ha revelado datos que apuntan a una relación del MAS con ese delito.

Esta jornada se conoció detalles sobre las denuncias que pesan contra diez procesados y otros 50 que se encuentran en investigación, todos dirigentes cocaleros del trópico de Cochabamba, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La revelación llegó desde el ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico - FELCN, coronel Maximiliano Dávila, en la televisora Unitel, cuando se le consultó sobre los antecedentes del cocalero Faustino Yujra, quien ahora es buscado por la justicia, luego de conocerse el video en el que éste entabla conversación con el ex presidente Evo Morales, para coordinar el cerco a las ciudades.

Sobre Yujra, el coronel Dávila confirmó que ese cocalero tiene una sentencia ejecutoriada por tráfico de drogas en 2016 y reiteró que los operativos en el Chapare, bastión social y político de Evo Morales desde la década de los 90s, dieron con más de medio centenar de involucrados en esa actividad ilícita.

A ese número de investigados, por la tarde se sumó otros 16 nombres de ciudadanos extraditables, aquellos que Brasil había reclamado durante los últimos años, pero que nunca fueron atendidos desde la Cancillería del Estado Plurinacional.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en conferencia de prensa, reveló que las peticiones de extradición nunca fueron ingresadas a instancias del Ejecutivo ni existen en los archivos de Cancillería o ese despacho, por lo que se presume que existió algún tipo de encubrimiento en instancias ministeriales para trabar la salida de conocidos y sospechosos por casos de narcotráfico.

“Esto es gravísimo, esto quiere decir que hemos tenido gente que ha estado protegiendo al narcotráfico, esto explica muchas cosas. Por eso, no puedo ocultar esta información y tengo que mostrarlo con la claridad que corresponde ante los bolivianos”, declaró.

La lista de los extraditables por narcotráfico la encabezan Pedro Montenegro, Jesús Einar Lima Lobo Dorado, Rolin Gonzalo Parada Gutiérrez, Marivaldo Antonio da Silva, que fue detenido con el nombre falso de Mariano Tardelli, quien protagonizó el atraco a la remesa de Brinks en 2018.

Completan la nómina, de los 13 solicitados más tres recientes: Elivelto Gomes Zucoloto, Lidia Cayola Mosquera, Blanca Berrios Miranda, Escandar Yañez Salinas, Luis Carlos López, Eliseu Schmitt, Henry Sanjinés Valdez, Celso Rodríguez de Matos, Joelcio Marques de Sauza, Carlos Hernando Gutiérrez Buitrago, Ramiro Condori Aguilar y Gilmar José Bassegio.

Ministro de Gobierno pedirá a su par de Justicia acelerar trámites para extraditar a 16 sospechosos / ABI

El diputado de Demócratas, Tomás Monasterio, desde Santa Cruz, afirmó que estas revelaciones solo confirman que el régimen de Evo Morales convirtió a Bolivia en un “narco Estado”. Recordó que durante su gestión como legislador, logró denunciar a varios de esos nombres, recibiendo inclusive amenazas de muerte.

Consultado por medios locales sobre la inminente extradición de Pedro Montenegro a Brasil, el abogado Ariel Góngora recordó que en Bolivia ya se le dictó una sentencia a su cliente, la cual cumple en el penal de Palmasola, por lo que cualquier trámite de expulsión del país debería sujetarse primero a la finalización de ese tiempo.

Montenegro fue sentenciado a seis años de cárcel el pasado 24 de julio por delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Montenegro llegó a ser el último enlace de una red que implicó a policías de alto mando, sobre todo en Santa Cruz, y que podría tener ramificaciones en diputados y miembros del gabinete de Morales, tal como adelantó el coronel Dávila, quien fuera parte de las investigaciones contra dicho cartel.

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