Escribe Remy Solares

Con las elecciones se debe poner fin a la corrupción

Bolivia opina

OPINIÓN | 17 Oct 2019

Una tara de la administración pública, en más de un país como Bolivia, es el enriquecimiento de los gobernantes, a través del tráfico de influencias y de la obtención de porcentajes ilícitos sobre negociaciones en las que el Estado es parte.

El feo vicio es de vieja data, tiene raíces hundidas desde hace muchos años. Juicios fueron instaurados contra muchos políticos que amasaron fortunas, utilizando en beneficio propio los recursos y resortes del poder.

En Bolivia se heredó la innoble práctica, y contra ella lanzaba sus condenas el Libertador Simón Bolívar, quien nació en cuna rica, pero murió pobre, dejando una indeleble herencia de honradez como administrador de peculios colectivos. Hay una frase suya que refleja su repudio y angustia por el florecimiento del vicio del peculado en las patrias recién creadas. Dijo: “Se debe destrozar en los papeles públicos a los ladrones del Estado; se debe hacer caer sobre estos delincuentes todo el desprecio de la sociedad y todo el rigor inexorable de la ley”.

Sin descartar casos de gobernantes electos en procesos democráticos que se han corrompido en el ejercicio del poder, lo más generalizado es el enriquecimiento súbito, de quienes llegaron por asalto o por elecciones al gobierno. Los promotores de regímenes autocalificados de “izquierdistas” para llegar al poder casi todos tienen entre sus objetivos el amasar, con rapidez, fortunas ilícitas. La historia contemporánea de América Latina y el Caribe del Siglo XX, y de modo especial de las dos primeras décadas del Siglo XXI, como en nuestra Patria, registra el virtual saqueo de las arcas fiscales por las camarillas que gobernaron y que también hoy gobiernan desde hace más de 13 años.

En la medida que se generalice y afirme el sistema de gobierno democrático en la Bolivia, que está dolida por los hechos de una gran corrupción, ojalá se vaya corrigiendo ese inescrupuloso proceder, con la instauración de un nuevo gobierno.

La vigilancia de la opinión pública, cuando puede actuar con libertad, limita el riesgo de uso abusivo del poder para beneficio propio de quienes gobiernan. Pero como saludable sanción para escandalosas prevaricaciones en el pasado y principalmente como amenaza suspendida sobre las cabezas de quienes gobiernan hoy o gobernarán en el futuro, algo debe hacerse para impedir que siga impune el espectáculo retador de los gobernantes derrocados, expresidentes y los actuales corruptos que viven ostentosamente en nuestro país, disfrutando de automóviles, mansiones de lujo, permanentes viajes dentro y fuera de Bolivia con los cuantiosos dineros que sustrajeron en la administración del Estado.

Venezuela también fue una de las naciones más saqueadas por los gobiernos sin escrúpulos, porque su producción petrolera es una fuente de seguros y altos ingresos fiscales. Mencionemos al dictador venezolano Hugo Chávez (1999-2013) y, finalmente, la dictadura de Nicolás Maduro (desde 2013 hasta la fecha). En Panamá, Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador y Argentina ha sido escandalosa la presencia corrupta de la empresa brasileña Odebrecht. Todo lo que se está diciendo es revelación de que en América Latina despunta una conciencia nueva, en lo que a manejo de dineros públicos se refiere.

Perviven todavía quienes se echan la ética a la espalda y en los bolsillos los dineros del Estado. Pero en la medida en que la opinión pública pueda actuar como fiscalizadora, tenderá a ser más aséptica y honorable la administración de los fondos del Estado. Los bolivianos esperamos que ello se logre, cambiando de gobernantes.

//*REMY SOLARES ES ABOGADO, DIRIGENTE DE FALANGE SOCIALISTA BOLIVIANA/ TOMADO DE EL DIARIO //

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