Escribe Carlos Armando Cardozo

Poder y sindicato

Escribe Carlos Armando Cardozo

OPINIÓN | 24 Sep 2019

A riesgo de ser señalado como enemigo de las reivindicaciones de la clase trabajadora y encarnar los perversos intereses de los empresarios abusivos que capitalizan los beneficios a costa del esfuerzo de terceros, siguiendo la línea narrativa del ministro Arce Catacora, me permito observar la degeneración de la naturaleza misma del sindicato en Bolivia.

En nuestro medio se habla de sindicatos y gremios de manera indistinta obviando las diferencias conceptuales que los distancian. De acuerdo a Jorge Machicado (Sindicalismo y el Sindicato en Bolivia, 2010) el sindicato surge a partir de un antagonismo entre los trabajadores y el empleador, mientras que el gremio responde a un grupo de personas con estados sociales similares dedicadas a un mismo arte, profesión u oficio.

Así también, el objetivo o fin de ambas organizaciones difiere. Por un lado, los sindicatos plantean la lucha por mejores condiciones de trabajo (seguridad social, incrementos salariales, entre otros) frente a los intereses del empleador; entre tanto los gremios protegen el monopolio de su oficio.

En Bolivia, los sindicatos tuvieron su zenit durante la primera mitad del siglo XX, en torno a la principal actividad económica de ese entonces, la minería del estaño, donde ferroviarios y trabajadores mineros lucharon por mejores condiciones de trabajo (principalmente Mayores Salarios y Menores Jornadas de Trabajo). A lo largo de la historia seria el movimiento minero sindicalizado la base para conformar la Central Obrera Boliviana (COB) máxima instancia representativa que aglutina todos los sectores de trabajadores a nivel nacional.

Por su parte los sindicatos agrarios si bien surgieron posterior a la Guerra del Chaco, tendrían gran protagonismo recién en la Revolución Agraria (1953) impuestos por el propio MNR para mantener control sobre el campesinado (Jorge Machicado, 2010) mismo que fueron cooptados por dirigentes campesinos afines al partido de gobierno.

Nuestra actualidad configura un nuevo escenario en el que tanto sindicatos como gremios se han desvirtuado en relación a sus inicios. El elemento desequilibrante fue la política partidaria en manos tanto de oficialistas como fuerzas opositoras que en su momento las trabajaron como mecanismos de presión social.

Para contextualizar al lector es necesario citar algunos casos concretos en los que el Poder Sindical ejerció la violencia coercitiva sobre la Institucionalidad Publica y/o Privada:

Caso Fancesa - Sindicato de Transporte Pesado Chuquisaca, la Fábrica Nacional de Cemento S.A. ha tenido enquistado al Sector de Transporte Sindicalizado que sistemáticamente secuestro la gerencia de la factoría, en sentido que monopolizo de manera unilateral el servicio de transporte de la bolsa de cemento hacia los principales mercados de la industria bandera chuquisaqueña.

Antes de la capitalización de la fábrica (1997), durante la gestión empresarial de Doria Medina y luego de la “expropiación de las acciones capitalizadas” el Sector Transporte ha impuesto sus propios intereses sectoriales en base a bloqueos, paros y actos vandálicos contra compañeros no sindicalizados, en desmedro de la sostenibilidad financiera de la fábrica y la autodeterminación de las 3 copropietarias influyendo no solo en aspectos relacionados a su oficio sino también entorpeciendo alternativas de inversión con perspectivas de expansión del mercado cooptado a nivel nacional.

Caso Transporte Público Urbano (La Paz), si bien este fenómeno puede ser fácilmente relacionado a otras regiones del país, el caso paceño sin duda alguna escaló a niveles insospechados de violencia tal cual se dio a finales del mes pasado. El monopolio del transporte público se vio amenazado desde la decisión de la Municipalidad de La Paz de ofrecer un servicio de transporte público con los buses Puma Katari, cubriendo rutas preestablecidas, a un precio razonable sin incurrir en “trameajes”. La ciudadanía paceña mostró su preferencia por el sistema de transporte público del Municipio haciendo uso legítimo de su derecho a la libre elección como consumidor del servicio, sin embargo, el Transporte Público sindicalizado mostro su total rechazo al Municipio de La Paz entorpeciendo la ampliación de nuevas rutas, conminando a desistir de esta medida porque en su razonamiento se estaría atentando contra su derecho al trabajo. La lógica del monopolio del oficio como conquista del “trabajador” por encima de las libertades individuales del usuario, la institucionalidad pública y el acceso irrestricto al mercado de oferta para nuevos proveedores de servicio.

Caso de Sindicatos Agrarios Campesinos (Chiquitania), la dotación de tierra en el área rural pasa por una relación entre el Estado a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria y las comunidades campesinas. La territorialidad, la asociación tradicional de familias unificadas por obligaciones y derechos comunales en torno a la posición familiar-comunal son criterios particulares propios del sindicato agrario a diferencia de otros tipos de sindicato. Sin embargo, el desastre de la Chiquitania da cuenta que la otorgación de tierras priorizo a nuevos sindicatos campesinos conformados por colonos ajenos al territorio que no comparten vínculo alguno entre sus miembros. A pesar de ello la etiqueta de “sindicato” afín al partido de gobierno fue argumento suficiente para pasar por alto las normativa departamental y municipal respecto al plan de uso de suelos y disponer de territorio autónomo sin mayor resquemor.

En pocas palabras, el sindicato en Bolivia se ha constituido en una instancia de poder, con capacidad de negociación e incidencia política, inmunidad y trato preferencial ante la ley, pero sobre todo la consolidación de pequeños imperios comandados por experimentadas dirigencias armadas de poder económico y el respaldo social inconsciente de sus bases dispuestos a convulsionar su entorno de así ser necesario.

Gobiernos van y vienen, pero el poder del sindicato se impone.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA es economista, máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y presidente de la Fundación Lozanía//

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