Alarcón: Comisión masista no quiso investigar a OAS por “encubrir” a Morales

Lula y Evo en uno de sus primeros encuentros tras la asunción al poder de 2006 / ARCHIVO ABI

POLÍTICA | 20 Sep 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El caso Lava Jato y OAS va creciendo como una sombra por encima del mandatario candidato Evo Morales, quien hasta la fecha es inmune a los conflictos internos o desastres ambientales. Las declaraciones de un ex ejecutivo de la empresa brasilera que activó sobornos en todo el continente podrían explicar la falta de transparencia en la investigación que activó el año pasado la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, señala la oposición.

El abogado y candidato a diputado por Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, afirmó este viernes, que la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa que investigó el caso de sobornos Odebrecht-Lava Jato en noviembre de 2018, bajo la dirección de la diputada del Movimiento Al Socialismo – MAS, Susana Rivero, no incluyó a la empresa OAS por encubrir a Morales y su relación estrecha con el expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.

“Ahora se explica porque cuando se insistía en que esta comisión mixta haga una investigación completa que abarque a todos los gobiernos, los contratos de carreteras y empresas que trabajaron con OAS, esta comisión dirigida por Susana Rivero no le dio la gana de investigar”, dijo Alarcón en conferencia de prensa.

La alusión salta luego de confirmarse la declaración del expresidente de OAS, Leo Pinheiro, como confesión a la justicia de Brasil, en la que Evo Morales favoreció a ese consorcio internacional para la adjudicación de proyectos viales en Bolivia.

Pinheiro fue detenido en 2016 por el mayor escándalo de la administración del Partido de los Trabajadores PT de Brasil, que ya cobró las cabezas de exmandatarios latinoamericanos como Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski de Perú, Lula da Silva de Brasil, y que salpicó a Cristina Fernández de Argentina y ahora Michelle Bachelet de Chile y el boliviano Morales Ayma.

El detenido llegó en las últimas horas, a un acuerdo de colaboración homologado por la Corte Suprema de Brasil para confirmar sus declaraciones grabadas en video, sobre acciones irregulares contra Bachelet y Morales.

Sobre Morales, Pinheiro reveló que entre el jefe del Estado Plurinacional y Da Silva hubo un pacto para que OAS acepte la construcción de una carretera en Bolivia con margen deficitario, pero que sería “compensado” con otra licitación de una obra mayor.

El trato deficitario para OAS, por la rescinción y cobro de boletas, fue el contrato con la ADminsitradora Boliviana de Carreteras – ABC para la carretera Tarija a Potosí, y el tramo de compensación sería la polémica Villa Tunari a San Ignacio de Moxos que en 2011 activó la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS.

Alarcón calificó el trabajo de la comisión oficialista como “encubridora” y aseguro que de continuar en el poder el MAS, estos casos de presunta corrupción nunca se esclarecerán.

El embajador de Bolivia en Brasil, José Kinn, ya había contestado al medio ABC Diario de Argentina que el tema carece de veracidad.

“Son declaraciones en el marco de un acuerdo judicial de delación sobre algo que nunca existió, que el presidente Morales haya actuado a pedido de Lula, para entregar una obra sin licitación”, declaró el embajador.

La comisión de Rivero se había limitado a investigar documentación de las gestiones 1993 a 2005, es decir de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, remarcando sus esfuerzos en tratar de vincular al historiador y periodista, además de su entorno en el Ejecutivo, en el caso Lava Jato con el contrato de la sucesora de OAS, la empresa Queiroz Galvao.

Se investigaron 20 sobornos del expediente Lava Jato y se cruzó información sobre movimientos bancarios de 19 ex funcionarios del Ejecutivo, incluyendo a Mesa y Alarcón, quien fuera ministro interino de Obras Públicas. Ninguna de las conclusiones pasó a investigación penal en el Ministerio Público o a un juicio de responsabilidades en la misma Asamblea Legislativa.

La oposición exigió incluir la gestión de Evo Morales en las investigaciones de la comisión, pero aquello fue denegado por los dos tercios del MAS.

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