Sin culpables, cierran caso del asesinato de mineros en enfrentamientos de 2016

Foto agencias / archivo

SEGURIDAD | 6 Jun 2019

RADAR / ANF.- Cuatro mineros murieron por impacto de bala en agosto de 2016, en un enfrentamiento con la Policía, en las carreteras de La Paz-Oruro-Cochabamba, en el conflicto entre el Gobierno y los cooperativistas. Sin identificar a los culpables, el Ministerio Público cerró la investigación en Cochabamba de Severino Ichota y Fermín Mamani.

“La resolución (del Ministerio Público) conforme a procedimiento no ha sido impugnada por las víctimas que son las facultadas para la revisión o la apelación de este tipo de determinaciones, por tanto, el seguimiento de la Defensoría ha culminado allá”, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz a ANF.

Por las muertes de los mineros Rubén Aparaya Pillco y Pedro Mamani Massi tampoco se reportó ni un solo detenido y posiblemente concluyan en la misma ruta que el caso de Cochabamba, sin culpables. Con relación al cooperativista Freddy Ambrosio murió a causa de la mala manipulación de una dinamita.

Los familiares de los mineros lloraron a sus muertos cuando tuvieron que enterrarlos, mientras el país no salía del asombro por el asesinato del entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, además de cinco mineros en agosto de 2016.

Ese conflicto se activó cuando la Asamblea Legislativa trataba una norma para impulsar la creación de sindicatos en las cooperativas mineras y estalló luego que el presidente Evo Morales promulgó la reforma.

Después que el Ministerio Público tomó declaraciones a más de 80 personas y realizó diferentes pericias en el marco de las investigaciones, no logró identificar al autor o autores que dispararon en contra de los mineros.

El Ministerio Público investigó de oficio el caso, el 6 de enero de 2017 emitió una resolución de rechazo y descartó seguir con las indagaciones por la muerte de dos mineros en Cochabamba. En ese entonces, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó que “eso no implica que el caso este cerrado (…), se puede reabrir”, sostuvo.

Sin embargo, eso no ocurrió, no se investigó ni se revisó el caso, pese a que en junio de 2018 la dirigencia de los mineros cooperativistas pidió al Ministerio Público esclarecer la muerte de los cinco afiliados en los enfrentamientos registrados entre el 23 y 25 de agosto.

Cruz explicó que la resolución de manera general establece dos argumentos para determinar el cierre del proceso; que las víctimas no se constituyeron para seguir el caso y que a lo largo de las investigaciones fue imposible identificar a los autores de las muertes, por la complejidad del conflicto social.

La Defensora del Pueblo comentó que nadie reclamó la determinación fiscal y eso imposibilitó seguir el proceso; si los familiares de las víctimas hubieran reclamado como injusta la determinación, entonces, la Defensoría hubiese intervenido detalló.

“En casos donde el conflicto es mucho más disperso como el de Cochabamba, es más difícil que las víctimas se puedan pronunciar porque generalmente no hay la forma de identificar todo lo que ha sucedido en ese momento, por el caos que existe”, explicó.

Por su parte, el representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, dijo a ANF que “hemos hecho la reconstrucción, los fiscales asignados al caso llevaron adelante la posible imputación, pero creo que no se logró individualizar a nadie” en el proceso investigativo, afirmó.

Los mineros protestaron con el bloqueo de las carreteras de La Paz – Oruro, Cochabamba y Potosí. El conflicto se agravó cuando policías y cooperativistas se enfrentaron en varias ocasiones dejando decenas de heridos y detenidos.

El escenario de violencia se agudizó el 24 de agosto de ese año. Ese día murieron por impacto de bala dos mineros, Severino Ichota y Fermín Mamani, en las carreteras de las localidades de Kami y Sayari, Cochabamba.

El 25 de agosto, el entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, viajó a la localidad de Panduro, centro del conflicto, para intentar una negociación, pero fue secuestrado por los mineros.

Mientras Illanes suplicaba por su vida en un intento desesperado para que el Gobierno ordene el repliegue de los efectivos, se produjeron nuevos enfrentamientos entre bloqueadores y policías.

Horas más tarde se reportó la muerte por impacto de bala del minero Rubén Aparaya Pillco, ese suceso habría provocado la ira de los cooperativistas que terminaron asesinando a golpes a Illanes.

Después se conoció que también perdieron la vida los mineros Pedro Mamani por impacto de bala y Freddy Ambrosio por mala manipulación de una dinamita.

Por la muerte de Illanes se abrieron dos procesos penales, las investigaciones avanzaron hasta encarcelar a varios implicados. Se llevó a juicio a 14 mineros (tres prófugos) y un abogado, además se procesó a dos exjefes policiales y un sargento por el presunto delito de incumplimiento de deberes, porque no resguardaron al Viceministro.

No obstante, por la muerte de los cuatro mineros, los procesos no prosperaron, y la Fiscalía no logró individualizar a los responsables de las muertes, a casi tres años no hay un solo detenido.

El entonces fiscal Guerrero dijo que se debían realizar inspecciones y estudios de balística para determinar de qué lugar se produjeron los disparos, citar a testigos para tomar sus declaraciones, realizar una reconstrucción del caso y así identificar a los autores de las muertes.

Declararon más de 80 policías, se realizaron las pericias, pero no se encontró a los responsables que dispararon a los bloqueadores por la “complejidad del caso”, según dijo el Ministerio Público en varias ocasiones.

Solo la Fiscalía siguió el caso de Cochabamba, es decir, no se constituyeron otros denunciantes, por ello al existir una resolución de rechazo nadie objetó la disposición.

Para el analista jurídico y abogado Andrés Zúñiga la Fiscalía debe agotar todas las instancias para finalizar con las investigaciones y determinar si corresponde imputar a los presuntos responsables o rechazar la denuncia por falta de elementos probatorios.

“Cuando existen delitos de alta connotación social donde el bien jurídicamente protegido, por ejemplo, es la vida, la fiscalía por una obediencia constitucional, de sometimiento a la Ley Orgánica del Ministerio Público, al Código de Procedimiento Penal, tiene que agotar los esfuerzos para dar con los autores y encontrar la responsabilidad penal”, explicó.

En caso de que haya dificultades en la investigación como la imposibilidad de dar con el autor o autores del delito o de generar elementos de prueba para demostrar el hecho, entonces, el proceso concluye, refirió.

“Normalmente ante esa debilidad, pese a los esfuerzos logrados, el delito puede quedar impune y esa impunidad es mayor cuando no existe testigo, no existe prueba. Entonces, luego de exigir esfuerzos a la Fiscalía, lamentablemente los casos se cierran”, apuntó.

Los elementos probatorios del caso

Entre los elementos más sobresalientes en este caso se encuentran los siguientes:

El informe de la Defensoría del Pueblo que establece que los policías utilizaron armas letales en los enfrentamientos contra los mineros. Sin embargo, la Defensora aclaró que este informe alcanza solo a los hechos registrados en Panduro y Mantecani, no así a los enfrentamientos en las carreteras de Cochabamba.

Los cooperativistas mineros declararon que los dos primeros fallecidos recibieron disparos con arma de fuego, el tercer minero murió con impacto de bala en la cabeza de acuerdo a un informe médico.

Recientemente el expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Carlos Mamani, en el juicio oral por el caso Illanes, dijo que recibió el reporte de que los dos fallecidos en los bloqueos en las carreteras de Cochabamba murieron “por impacto de bala”, versión rescatada por ANF.

Otro elemento importante es la declaración del chofer de Illanes, el sargento Rubén Q. P., informó al Ministerio Público que los uniformados portaron armas de fuego letales y fueron utilizados en contra de los mineros cooperativistas el 25 de agosto de 2016, en la localidad de Panduro.

Además, se suman las declaraciones de más de 80 policías, inspecciones oculares, pericias balísticas, pese a todo el Ministerio Público no encontró a los responsables por la muerte de los mineros. El caso queda en la impunidad.

//FUENTE: ANF//