Arresto domiciliario para diputado Barral sin derecho a trabajo y con fianza de Bs 50 mil

Barral fue aprehendido el martes luego de abrir su oficina a los efectivos policiales que investigaban el caso / ÁNGEL SALAZAR

SEGURIDAD | 6 Jun 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La noche de este jueves, el Juzgado Cuarto Cautelar en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia, determinó dar arresto domiciliario sin derecho a trabajo y una fianza de Bs 50 mil para el diputado opositor Amilcar Barral, por la investigación de presunta extorsión a internos del penal de San Pedro. Su asistente será derivado en detención preventiva a Chonchocoro.

Luego de dos días en celdas judiciales, el destino del diputado opositor será retornar a su casa bajo la figura de arresto domiciliario y no podrá volver a la Asamblea Legislativa, pues el juzgado le negó el derecho al trabajo.

El caso de presunta extorsión, se activó a partir de una denuncia de Edgar Patana, quien cumple condena en el penal de San Pedro por actos de corrupción durante su gestión como alcalde de El Alto por filas del Movimiento Al Socialismo - MAS.

Patana, posiblemente con otros internos, entregó un sobre con Bs 6.500 por la “amenaza” de ser trasladado a otro penal. Esa advertencia, según la denuncia, fue lanzada por el ayudante del diputado, Henry Gonzales. Este asistente salió el martes desde “las rejas” de San Pedro rumbo a la oficina de Barral en El Prado paceño, donde fue acompañado por policías de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia - DACI, portando el sobre cerrado.

El abogado de Patana, Franz Zavaleta, aseguró que se demostraron todos los indicios de responsabilidad tanto en Barral como en su asistente y se esperará la resolución del caso en las siguientes horas, pues la defensa adelantó que presentará una apelación.

Para la abogada Mónica Irusta, el caso denota muchas irregularidades, desde la denuncia presentada por Patana, quien es una persona “instruida” y que conoce los mecanismos de traslado de privados de libertad; por tanto, tendría que saber que un diputado no tiene facultad alguna para estar por encima de las decisiones de la Dirección de Régimen Penitenciario al momento de pedir cambios de celdas o similares.

Asimismo, explicó que en la declaración del exalcalde de El Alto, se especifica que se entregó el monto de dinero en billetes de corte de Bs 100, pero al verificar la prueba se contaron billetes en cortes de Bs 200 y Bs 50.

La abogada también cuestionó la figura de flagrancia que se sustentó como incidente para lograr la aprehensión y luego la detención de ambos imputados, pues el sobre que salió de la cárcel de San Pedro, pasó de mano en mano desde las 11 de la mañana hasta entrada la tarde, superando cualquier plazo establecido en la ley.

“Un detenido le dio dinero a otro detenido”, explicó a Erbol, “y éste le entregó el sobre a Henry”, el asistente de Barral, quien fue cautelado con detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, bajo cargos de supuesta complicidad en extorsión, uso indebido de influencias y cohecho.

El caso pasará a apelación en un tribunal de alzada en las siguientes 24 horas, mientras se logran cumplir los requisitos establecidos esta noche por la juez Melina Lima.

A su turno, el abogado Omar Durán cuestionó la decisión judicial y la calificó como "política".

“Debería ser libertad pura y simple, porque no hubo flagrancia alguna, el único pecado del diputado fue contratar a una persona que no fue los suficientemente suspicaz para verificar el contenido del sobre”, declaró a los medios de cobertura.

Durán alertó que si Barral no retorna a su fuente laboral, el curul en la Cámara de Diputados, “perderá” su mando como legislador nacional.

Barral había denunciado en mayo, que Patana estaba “construyendo y modificando” celdas dentro del penal de San Pedro con el fin de “acomodar” esos espacios con cobros en dólares, como se acostumbra dentro del denominado “negocio carcelario”. En ese marco, Patana había dado “ventajas” a los exjefes policiales Gonzalo Medina y Fernando Moreira, acusados dentro del caso del sospechoso de narcotráfico Pedro Montenegro.

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