Por: Carlos Armando Cardozo

El modelo Déjà Vu

Carlos Armando Cardozo

OPINIÓN | 6 Jun 2019

La industrialización sigue siendo un gran anhelo para los bolivianos, esta ha sido muletilla discursiva de gran parte de los políticos del pasado y el presente. Los gobiernos tradicionales o mal llamados “neoliberales” priorizaron la inversión extranjera ante la incapacidad del sector público y privado.

Mientras el gobierno progresista de Evo Morales posicionó al Estado como empresario y gestor del desarrollo económico a través de la inversión pública tanto para dinamizar la economía interna, como crear empresas públicas en rubros estratégicos, cuyos resultados son totalmente cuestionables. 

Estos últimos días se añadió a la lista una planta industrializadora de botellas de vidrio emplazada en el municipio de Zudáñez del departamento de Chuquisaca que el Gobierno Central comprometió años atrás en calidad de compensación consecuencia de la perdida de escaños de la región en la asamblea legislativa plurinacional.

Pero ¿en qué estamos fallando? Aún con el Gobierno Central en un rol de empresario el país sigue dependiendo de una economía primaria, concentrada exclusivamente en la extracción de recursos naturales no renovables, ¿por qué la empresa privada no logra despegar y consolidarse en el mercado interno y competir en los mercados externos?

El problema es bastante sencillo: la inversión pública nunca fue dirigida a los sectores correctos, es más estoy en condiciones de afirmar que el modelo económico social productivo comunitario fue solo un eslabón más del discurso político, que desde su concepción parte de argumentos totalmente falsos.

Entrando en materia, debemos señalar que la principal fuente de recursos para el Gobierno Central son los recursos provenientes de la recaudación tributaria y no así provenientes de los recursos de los hidrocarburos, tal es el caso que durante el periodo 2006-2014 entre IDH (78.637.044.444,44 mil millones de bolivianos) y Regalías (44.233.337.500 mil millones de bolivianos) llegaron a consolidar la suma de 122.870.381.944,44 mil millones de bolivianos por concepto de hidrocarburos entre tanto la Recaudación Tributaria generó 252.383.785.636 mil millones de bolivianos, es decir un poco más del doble de los ingresos provenientes del extractivismo.

¿Es esto casualidad? Para nada, porque si paralelamente analizamos el nivel de presión fiscal en términos del porcentaje del PIB nominal nacional (excluyendo los impuestos ligados a los Hidrocarburos, IDH y IEDH), nos encontramos que en el mismo periodo paso del 15,08% en 2006 a 20,15% en 2014. Por un lado, tenemos un gran peso de la recaudación tributaria en los ingresos fiscales y por otro lado un crecimiento de la presión fiscal que a nivel Sudamérica se ubicó en el puesto 4 superado solamente por Brasil (31,70%), Argentina (31,10%) y Uruguay (27,40%), esto el año 2014. Si bien la presión fiscal no es indicador negativo per sé, el problema surge cuando analizamos la forma en que el Estado boliviano ejerce esta presión, un sistema impositivo que tiene en las escasas Grandes Empresas a sus principales contribuyentes (1,3% del PNCBD 2017) frente a una enorme masa de contribuyentes dentro de la categoría de Régimen General que (78,4%) que es constantemente fiscalizada y sobre la cual se ejerce la mayor severidad dando lugar a una serie de excesos que inevitablemente ocasionan que la economía formal se vuelque a la informalidad.

Pues bien, abordando el tema de inversión pública haremos mención a un periodo de análisis diferente (1990-2016), siempre basándonos en la información oficial disponible en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Segmentando el análisis en dos etapas diferentes, la primera correspondiente a los gobiernos tradicionales (1990-2005) se tuvo una inversión pública total de 49.094,86 millones de bolivianos de los cuales los sectores priorizados fueron Caminos (34,95%), Saneamiento Básico (10,77%), Educación y Cultura (10,26%) y Urbanismo y Vivienda (9,28%) representando el 65,26% del total de la inversión pública.

La segunda etapa ahora si correspondiente a un nuevo gobierno, bajo una nueva visión de país, hablamos del Gobierno de Evo Morales (2006-2016) invirtió un total de 208.213,79 millones de bolivianos de los cuales se priorizó las siguientes áreas: Caminos (33,33%), Hidrocarburos (11,37%), Urbanismo y Vivienda (9,36%) y Educación y Cultura (8,52%) que en conjunto sumaron el 62,58% del total de inversión pública programada.

Caminos, Educación y Cultura, Urbanismo y Vivienda son los mismos sectores que se priorizaron durante los gobiernos tradicionales, aquellos que no lograron marcar la transición hacia una economía moderna con capacidad de transformación y generación de empleo; hoy el modelo novedoso que ejecuta Morales tiene sus bases en los mismos errores de los anteriores gobiernos, que no priorizaron el sector de Hidrocarburos con la misma impronta de esta administración.

Un modelo que en su tesis planteaba la transferencia de los excedentes del sector primario hacia la asistencia social (bonos) y el sector industrial del país a través de inversión que permita el despegue de la empresa privada nacional hoy más que nunca queda al descubierto, como otro elemento propagandístico más, que puede tener algún tipo de validez como aporte teórico, pero nada más.

En la práctica ni sus promotores estaban convencidos de que un modelo tan “laureado” por el mundo fuera lo suficientemente sólido y serio como para plasmar la visión de país que tanto prometieron y tras 14 años de gestión aún se hace esperar.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA es economista, máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y presidente de la Fundación Lozanía//

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