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Viernes, 20 de Septiembre de 2019

Defensa del 21F se vislumbra entre intereses internos y opciones externas

POLÍTICA | 26 May 2019

VISOR BOLIVIA / Redacción Central.- Han pasado diez días desde que el secretario general de la Organización de Estados Americanos - OEA, Luis Almagro, decidió emitir su opinión sobre la reelección indefinida en Bolivia y con ello abrir el espacio para el debate sobre el futuro de la defensa del voto ciudadano vertido el 21 de febrero de 2016.

La cumbre de cívicos y opositores desarrollada el viernes en Santa Cruz, definió cuatro puntos internos que no pasan por la definición real ni jurídica del caso, que ahora radica en manos tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos brazos judiciales de la OEA.

Los puntos aprobados en Santa Cruz hablan de declarar estado de emergencia y retomar medias como marchas y huelgas por el 21F. También se pide la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral - TSE hasta el día 31, para ser reemplazados por “notables” que sean designados por instituciones como el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia - CONADE con sede en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos - AHPHB; es decir, delegar atribuciones constitucionales del Legislativo a una organización corporativa.

La reunión de cívicos con algunos binomios de la oposición también resolvió repudiar las palabras de Almagro, vertidas el pasado viernes 17 de mayo en la Casa Grande del Pueblo, por considerarlas como un avala a la dictadura de Evo Morales. Finalmente, el encuentro político pidió la liberación de los presos y perseguidos políticos por el régimen del MAS.

Sobre Almagro, las repercusiones llegaron a instancias internacionales y desde analistas como el peruano Jaime Bayley hasta el argentino Andrés Oppenheimer, coincidiendo en señalar los dichos del excanciller uruguayo como “desafortunadas”.

“Decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial, reconociendo la garantía de sus derechos humanos”, dijo Almagro en La Paz.

Al día siguiente, en Buenos Aires, el representante de la OEA agregó: "Mi posición sigue siendo la misma, la reelección no es un derecho humano, pero no tengo ningún instrumento institucional para oponerme a un dictamen, a un fallo de la Corte Suprema boliviana (TCP), porque además, el Sistema Interamericano nunca dijo nada al respecto".

Más allá de parecer contradictorias ambas frases, solo son complementarias, y resaltan que la OEA no tiene mecanismos legales para reprobar un atentado a la democracia en sus países miembros.

Al respecto, en una columna de opinión difundida por el portal Infobae, el exministro del Movimiento Nacionalista Revolucionario - MNR, Carlos Sánchez Berzaín, le recordó al secretario general de la OEA, que sí existen instrumentos de censura a las dictaduras dentro del Sistema Interamericano.

“Los instrumentos que tiene -entre otros- el secretario general de la OEA son: La Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana (CDI) y sus competencias como Secretario General, que ha usado exitosamente en el caso de Venezuela”, escribió el opositor exiliado en EEUU.

Sánchez Berzaín acusó al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia de haber cometido prevaricato con la sentencia 084/2017 del 28 de noviembre de 2017, en el que se declaró de aplicación preferente los derechos políticos establecidos en el Art. 23 del Pacto de San José de Costa Rica, por encima de las restricciones del artículo 168 de la CPE de Bolivia sobre la reelección presidencial.

“Almagro debe oponer el Art. 32.2 de la Misma Convención, "correlación entre deberes y derechos" que manda: "Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática". Almagro sentó precedente frente al fallo contra Leopoldo López con una carta abierta difundida con el titular: Almagro dice que la condena a López es el fin de la democracia en Venezuela", agregó Sánchez Berzaín, quien funge como director del Interamerican Institute for Democracy.

A su turno, mientras el panorama electoral gana terreno en el país, plataformas y opositores apuestan precisamente por la solución internacional al ser Bolivia un Estado firmante de los convenios internacionales, con los que precisamente el régimen de Evo Morales pretende beneficiarse para cumplir su proyecto de poder socialista 2025.

El expresidente de la República, Jorge Quiroga, agregó que son Brasil y Colombia los garantes de la vigencia de la Constitución boliviana, pues ambos países participaron en la aprobación de la Carta Fundamental en 2009, luego del proceso constituyente iniciado en 2006.

“Colombia y/o Brasil, como mediadores y garantes del acuerdo constitucional en Bolivia, tienen responsabilidad de consultar a Corte de San José, ante violación de @evoespueblo de lo que COL/BRA garantizaron. Peor aún, cuando Evo quiso modificar límite de una reelección #BoliviaDijoNO”, citó vía Twitter en líder opositor.

Morales se reunió este domingo en Perú, con el presidente de Colombia, Iván Duque, en la reunión anual de la Comunidad Andina de Naciones, en la que Bolivia asumió la Presidencia Pro Témpore por un año.

El aparato de propaganda de Morales ya desestimó oír cualquier pronunciamiento internacional y acusan a los opositores de fomentar la injerencia externa, pese a que fueron los propios oficialistas que acudieron a un tratado multilateral como el Pacto de San José de Costa Rica.

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