Escribe Carlos Armando Cardozo

Economía en el sindicalismo cocalero

Escribe Carlos Armando Cardozo

OPINIÓN | 22 Mar 2019

Hace unas semanas atrás se tuvo la participación del presidente Evo Morales en el 62 periodo de sesión de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desarrollada en Viena (Austria) explicando los pormenores del “exitoso” modelo de lucha contra el narcotráfico implementado desde su llegada a la presidencia de Bolivia en 2006.

Dentro de los elementos que han permitido avanzar en la lucha contra el narcotráfico destacado tanto por el presidente y por Naciones Unidas es la erradicación consensuada como alternativa a la erradicación forzosa exportada por los Estados Unidas aún presente en Colombia y Perú, el dialogo con las 6 federaciones del trópico de Cochabamba (zona excedentaria) y los productores de Yungas (zona tradicional) han viabilizado un nuevo enfoque el autocontrol de cultivos respetando “un katu por familia” (un katu equivale a 1.600 metros cuadrados de cultivo).

La mentalidad con la que se aborda el tema coca en Bolivia ahonda en su valor histórico y trasciende hacia esas raíces culturales que definen la identidad construida a lo largo de los últimos 13 años, un enfoque de este tipo relega del debate el estrecho vínculo que existe entre el cultivo de coca y el narcotráfico.

Los cocaleros defienden sus cultivos enfatizando que este es su único medio económico para sobrevivir, no solo en el caso boliviano sino también en productores peruanos del valle del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Este cultivo representa menores riesgos y mayores beneficios para sus productores, la volatilidad de precios de otros cultivos como bananos, palmitos e incluso cacao han terminado por sepultar cualquier opción para la producción alternativa en zonas de cultivo tradicional y excedentario.

¿Es acaso el cultivo de coca un atajo para que los productores de Yungas y el Trópico de Cochabamba puedan salir de la pobreza? Lo cierto es que no, sin embargo, el cultivar coca permite acceder a nuevas oportunidades no precisamente legales, paso a explicar.

El orden y la base del sistema económico de la coca es el sindicato agrario, tal cual describe Raúl Prada Alcoreza (Genealogía Sindical en el Trópico, 17 de febrero 2018), cumple funciones de orden territorial, representando comunidades integras de una base orgánica de 9-252 afiliados, es decir están erigidos no solamente a partir de una actividad económica en común (por ejemplo: productores de coca, banano, palmito, etc.) sino que ejercen influencia sobre un territorio específico.

El sindicato se maneja en base a los aportes periódicos mensuales de cada afiliado (2,00 bolivianos) que se destinan para cubrir costos de tramitación para la titulación de tierras y otros requisitos relacionados a derecho propietario, si utilizamos los datos promedio de Prada tendríamos un presupuesto mensual de 18.504 bolivianos, de este fondo un porcentaje va hacia las Centralias (nivel superior al sindicato). La lucha social del sindicato también permite recolectar aportes de sus afiliados para el apoyo de medidas de protesta de su sector como marchas, bloqueos o huelgas de hambre, sin embargo, estos no son eventos permanentes y responden más a una coyuntura político social en particular.

Las Centrales son nodos organizativos de mayor nivel al sindicato, una Central normalmente está conformada por 10 a 15 sindicatos que supone una base social de 903.780 afiliados aproximadamente.

La Central se constituye en un ente deliberativo que está obligado a convocar a 3 ampliados ordinarios y 1 congreso mínimamente cada año, con el objetivo renovar su directiva para un próximo mandato. Nuevamente un porcentaje de la recaudación sindical que pasa a las Centralias pasa a un nivel superior, la Federación.

La Federación viene a ser una especie de Gobierno Regional dentro de la estructura sindical, las Centrales gobiernos locales y los sindicatos gobiernos comunales. Todos ejercen autoridad y tienen una jurisdicción claramente definida. Donde se ejerce autoridad y se imparte la ley, su ley, en tema de tierra, venta de propiedades, cobro de aportes, multas y tributos en algunos casos. Podríamos coincidir que el sindicalismo se asemeja a una Republiqueta tal cual califica Manfredo Kemp Suarez (El Deber, 25 de agosto de 2018) describe en su artículo de opinión “La Republiqueta del Chaparé” donde desnuda el poder político de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba que han sometido instituciones como la Policía Boliviana, Gobiernos Municipales, Departamentales, Fuerzas Armadas, Instituto Nacional de Reforma Agraria, y han establecido un poder institucional desregulado y exento de cualquier determinación emanada por el Estado Plurinacional de Bolivia.

Desenvolverse en una economía sindical tiene abismales diferencias a hacerlo en una economía formal. Mientras hacer una empresa en Bolivia requiere de un tortuoso camino comprendido por 14 pasos (que al no existir unidad administrativa en el Estado estos pasos burocráticos pueden modificarse y/o ampliarse), efectuar 42 pagos cada año a diferentes entidades del Estado y tomarse 1.025 horas por año para cumplir con sus obligaciones tributarias, hacer coca “business” solamente requiere que usted se afilie o conforme su propio sindicato y pague sus aportes. El sindicato, centralias y federaciones defienden los intereses de sus afiliados y gestionan los pocos trámites que ven pertinentes realizar, díganme ustedes ¿cuándo fue la última vez que Impuestos Nacionales velo por las necesidades de los contribuyentes? La respuesta es más que obvia, el mar burocrático fue creado con un solo objetivo: recaudar, recaudar y recaudar.

La economía de la coca tiene base territorial, un sistema de organización bastante eficiente, un poder político impresionante capaz de doblegar al mismísimo Estado. Siendo que el cultivo de coca es el eslabón más bajo dentro de la gran transnacional del “Narcotráfico” Bolivia ofrece todas las condiciones y libertades económicas para que los nuevos “emprendedores” se animen no solamente a proveer de materia prima a las grandes organizaciones criminales, sino también a internacionalizar sus actividades en eslabones superiores como la producción de pasta base e incluso la cristalización de cocaína.

Cuanto darían los empresarios privados por afiliarse a los sindicatos cocaleros, gozar de la protección y de la eficiencia institucional de la Republiqueta. Sin saber, estos sectores han abrazado la expresión más simple del liberalismo económico, curiosamente gracias a las licencias que el Estado Intervencionista le ha brindado a lo largo de estos 13 años de manera sistemática.

//*CARLOS ARMANDO CARDOZO LOZADA ES ECONOMISTA, MÁSTER EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO Y PRESIDENTE DE FUNDACIÓN LOZANÍA//

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