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Domingo, 26 de Mayo de 2019

Escribe Maggy Talavera

Acceso real a la justicia: ¿misión imposible?

OPINIÓN | 20 Ene 2019

Tres dramas padecidos por adolescentes víctimas de violencia sexual en Mairana, y dados a conocer en los últimos días, han repuesto otra vez en agenda pública el problema cada vez más grave de la negligente administración de justicia en Bolivia.

Una negligencia que llega a ser perversa y que no tiene miras de ser frenada y menos aún revertida, a pesar de las reiteradas promesas y repetidos anuncios rimbombantes hechos por las autoridades que se alternan en el Ministerio de Justicia, la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Todo lo dicho hasta hoy no pasa de ser palabra hueca e inútil.

Hueca e inútil ha sido, por ejemplo, la promesa hecha en octubre por el nuevo fiscal general. Tras conocer su designación y aun antes de jurar al cargo, aseguró que iría a trabar una lucha decidida contra la corrupción y las demoras en el sistema judicial. Una promesa que ratificó al asumir el cargo, pero que hasta hoy no da señales claras que nos permitan creer que ha iniciado un recorrido virtuoso hacia ese propósito. Es posible que recurra a la excusa del poco tiempo transcurrido desde entonces. Una excusa rebatible si se aclara que no se le está exigiendo la solución final, sino apenas muestras de acciones concretas orientadas a esos dos objetivos centrales e interdependientes.

La corrupción se alimenta de las demoras en el sistema judicial y estas, a su vez, dan pie a más y nuevas formas de corrupción. El combate a una de ellas golpea necesariamente a la otra. Y no hay forma más eficaz de combatirlas que no sea la de la acción rápida y certera tras el menor atisbo de actuación negligente por parte de algún fiscal. No está siendo una regla, por lo visto hasta el momento. Hay fiscales que continúan en ejercicio e incluso a la cabeza de investigaciones que han sido trabadas por sus inconductas en el manejo de las mismas, como son las abiertas en contra de ciudadanos identificados como opositores al Gobierno. El caso Rózsa, llamado oficialmente ‘terrorismo’, es uno de tantos ejemplos.

Lo que prevalece en cada uno de esos casos, casi todos denunciados como vulneración de DDHH, es el interés partidario de la cúpula gobernante. En una oportunidad llegué a oír a un alto funcionario del Ministerio Público decir que jamás podría actuar tal como lo hicieron los fiscales brasileños en el caso Lava Jato, porque de hacerlo no duraría un segundo en el cargo. ¿Sería otra la respuesta de los actuales fiscales, si se les hiciera la misma pregunta? El sentido común lleva a anticipar una negativa generalizada de parte de ellos, aunque es más que probable que no se atreverían a darla de frente y de manera pública. Perderían el cargo, sin duda.

La prometida lucha decidida contra la corrupción y las demoras en el sistema judicial están bloqueadas también en otras áreas de acción del Ministerio Público, como la mencionada de defensa de las mujeres y los niños víctimas de violencia física y sicológica. Los tres casos denunciados en Mairana sirven de ejemplo, pero hay más. Está el de ‘la manada’, como se ha dado en llamar al caso de una adolescente, víctima de abusos por parte de un menor y otros cuatro jóvenes en un motel de la capital cruceña. Podemos retroceder un poco más en el tiempo y traer a la memoria el caso de Anhalí Huaycho, e incluso el que protagonizó Gabriela Zapata, la expareja del presidente Morales.

En todos ellos se ha repetido la actuación perversa de policías, fiscales y jueces, a favor de los abusadores denunciados y en detrimento de las víctimas, sin que se conozca hasta hoy acciones concretas de castigo a los responsables. En el caso particular del Ministerio Público, preocupa que aun teniendo ya un diagnóstico del origen de sus males, no haya señales claras que permitan hacernos creer que al menos está iniciando el trabajo para encarar esa lucha decidida anunciada por el fiscal general. La carga procesal de un cuarto de millón de causas pendientes solo tiende a crecer, como también la carga desproporcionada de 700 a 800 causas por fiscal.

Así las cosas, nada permite creer que en el país sea posible, en algún momento, el acceso real a la justicia. Una mala noticia que solo puede alegrar a los delincuentes de toda laya, a los que parece sonreírles la ‘suerte’ de gozar de impunidad. Tremendo tema al que le deberíamos dar toda atención y prioridad, pero que al que le sigue ganando la farándula electorera que alienta con gusto el poder central.

//*MAGGY TALAVERA ES PERIODISTA Y DIRECTORA DE SEMANARIO UNO//

//**LOS TEXTOS REPRODUCIDOS EN ESTE ESPACIO DE OPINIÓN SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES Y NO COMPROMETEN LA LÍNEA EDITORIAL PLURAL – LIBERAL DE ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN// 

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