JHIERY FERNÁNDEZ RECUPERA SU LIBERTAD Y VA POR LA ABSOLUCIÓN POR EL CASO ALEXANDER

Boyán renunció al Ministerio Público luego de ser reacomodada en la Unidad e Registro Biométrico como pasó con Blanco

La familia Fernández Sumi sonríe luego de cuatro años de un periplo judicial / RKM

SEGURIDAD | 16 Nov 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- El médico Jhiery Fernández, sentenciado en primera instancia a 20 años de cárcel por el caso bebé Alexander, logró este viernes su libertad pura y simple tras casi cuatro años de proceso y detención preventiva. Ahora, a través de su defensa, apelará a la justicia para obtener la absolución y limpiar su nombre.

“Quiero pasear, tal vez tomar un helado en el Prado, poder hacer lo que hacía antes”, decía Fernández luego de la audiencia de modificación a la detención domiciliaria que se desarrolló en el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz.

Los jueces asignados analizaron la apelación de la defensa y tomaron en cuenta el reciente contrato de trabajo que el municipio de La Paz firmó para que el médico realice funciones en el Hospital de Cotahuma. Fernández comenzará con labores administrativas el lunes, pero asegura que “trabajo es trabajo” y que con su labor demostrará no ser “un peligro para la sociedad”, como acusó la Fiscalía durante todos estos años.

Precisamente, la Fiscalía de Distrito no puso ningún obstáculo para que el Tribunal conceda la libertad a Fernández. La nueva gestión del fiscal general Juan Lanchipa había instruido no apelar ante el juzgado, pues se confirmó que los anteriores miembros de la comisión e fiscales de La Paz incurrieron en faltas procedimentales e incluso incumplieron tres principios constitucionales.

Una de las fiscales, Susana Boyán, que fue parte de los acusadores contra el médico, renunció este viernes a su cargo, luego de haber sido reacomodada en un puesto administrativo, tal como pasó con Edwin Blanco, exfiscal de Distrito, en la Unidad de Registro Biométrico del edificio ubicado en la sede de gobierno.

“La doctora Susana Boyán presentó el viernes por la mañana su renuncia y luego de sostener una conversación se coordinó la entrega de cuadernos de investigación que estaban a su cargo", informó el nuevo fiscal de La Paz, Williams Alave.

Boyán pedía 30 años contra el médico pese a no tener prueba científica fehaciente / ARCHIVOS

Boyán es a quien el entorno de Fernández identifica como la principal promotora del proceso penal contra el médico, pese a no haber comprobado científicamente el delito de violación al bebé Alexander aquella noche del 15 de noviembre de 2014 en el Hogar Virgen de Fátima, dependiente de la Gobernación de La Paz, durante la gestión de César Cocarico.

Consultado por los medios de cobertura sobre la posibilidad de instaurar un juicio contra Blanco, Boyán, Randal Madoñez y Javier Flores, por haber vulnerado sus derechos y privarlo de libertad casi cuatro años, Fernández dijo que eso será evaluado junto a su abogado Christian Alanes, pero pidió a los nuevos administradores de la justicia a obrar con objetividad y no dañar a familias enteras con su persecución judicial.

El médico dijo que viajará a su natal Oruro para pasar un tiempo con sus allegados y familia, pues en ningún momento dejaron de creer en su inocencia.

Alanes adelantó que todos los antecedentes ya fueron remitidos al Tribunal Tercero de Sentencia para activar la revocatoria de la sentencia mediante otra absolutoria a los 20 años que se le dictó en marzo pasado en el Tribunal Décimo y que los fiscales querían aumentar a 30 años como pena máxima.

La familia de Fernández también agradeció a Romel Cardozo, el hombre que grabó a la entonces juez Patricia Pacajes en una reunión privada, en la que, con bebidas alcohólicas de por medio, la abogada reveló presiones para condenar a Fernández y señaló a la comisión de fiscales, incluido el exfiscal general Ramiro Guerrero, de haber buscado a alguien a quien culpar ante la sociedad por la muerte del menor de ocho meses, todo sin pruebas objetivas.

Pacajes era presidente del Tribunal Décimo y sus jueces técnicos eran Roberto Mérida y Gladis Guerrero, todos destituidos por el Consejo de la Magistratura desde que se reveló, mediante Página Siete, todo el montaje de este caso.

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