TRIBUNAL DEBE CONVOCAR A AUDIENCIA DE APELACIÓN PARA GUTIÉRREZ EN 72 HORAS

El resguardo policial que trasladó a Franclin Gutiérrez gasificó a los marchistas cocaleros en el centro paceño / RRSS

SEGURIDAD | 5 Sep 2018

VISOR BOLIVIA / Redacción central.- La audiencia de apelación para el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz – ADEPCOCA, Franclin Gutiérrez, deberá ser convocada en 72 horas, luego de la postergación irregular que denunció la defensa del dirigente de Yungas. La Defensoría del Pueblo calificó la dilación como una vulneración a los derechos de los imputados.

Tras un impresionante operativo de seguridad, Gutiérrez fue trasladado desde la cárcel de San Pedro, donde cumple detención preventiva, hacia los juzgados paceños donde ya existía una notificación anticipada para la suspensión de audiencia hasta el lunes 10 de septiembre. 

La abogada del dirigente cocalero, Paola Barriga, explicó a la red televisiva Unitel, que la Sala Penal Segunda pretendía dejar a Gutiérrez recluido más de 13 días sin posibilidad alguna de generar una apelación. Ello provocó una acción de libertad interpuesta ante la Sala Tercera, en al que se le dio la razón a la defensa porque la dilación era injustificada.

Esa instancia conminó a la Sala Penal Segunda a convocar a la audiencia de apelación en el plazo máximo de 72 horas, es decir, hasta este sábado.

“Esta acción de libertad es un antecedente favorable para la demanda internacional que vamos a generar”, alertó la abogada.

La dirigencia cocalera de Yungas había dado un ultimátum al régimen de Evo Morales para la liberación de Gutiérrez, acusado y señalado por la Policía, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público como “cómplice” de la muerte del teniente Daynor Sandoval, abatido por un disparo durante la intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta, en agosto pasado.

Por su lado, el defensor del Pueblo, David Tezanos, coincidió en advertir que el caso ADEPCOCA tenía serios indicios de dilación.

Tezanos se refirió al argumento que salió desde la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sobre el permiso que pidieron los funcionarios para acudir a la rendición de un informe ante la Procuraduría General del Estado. Esa figura vulnera la jurisprudencia constitucional que impide la postergación de audiencias cautelares.

“Ante estos hechos, el Defensor del Pueblo, invoca a los operadores de justicia en el presente caso, respetar las garantías constitucionales sobre el debido proceso, apegando la realización de sus actos a los principios de legalidad y celeridad, considerando que la libertad física no puede ser restringida y postergada en virtud a medidas administrativas que tengan por objeto o resultado dejar sin autoridad jurisdiccional el conocimiento de una determinación sobre la libertad, máxime si contravienen el ordenamiento legal”, cita un boletín institucional de la Defensoría.

Tezanos recordó que los jueces “deben tratar con prioridad las peticiones de personas privadas de libertad que estén relacionadas directamente al derecho a la libertad”.

La tensión en las calles cercanas al palacio presidencial ha cortado la circulación vehicular y restringido el acceso de las personas a dos cuadras alrededor de las cuatro esquinas cercanas a Plaza Murillo.

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