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Viernes, 19 de Abril de 2024

UPEA COLABORARÁ EN SEGUNDA AUTOPSIA A COCALEROS DE YUNGAS MUERTOS POR DISPAROS POLICIALES

Marcha cocalera ingresará a la Sede de Gobierno la siguiente semana. Régimen niega diálogo y amenaza con nuevos procesos

SOCIEDAD | 31 Ago 2018

VISOR BOLIVA / Redacción central.- La Universidad Pública de El Alto – UPEA se sumó a las protestas de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz – ADEPCOCA, sector confrontado con el régimen de Evo Morales por las tareas de erradicación de cultivos en los Yungas paceños, que han dejado tres muertos, un oficial de policía y dos cocaleros. A petición de las familias, se realizará una segunda autopsia a los cuerpos que son velados en el mercado de la coca.

Este viernes, una masiva marcha recorrió el centro paceño, con asociados de ADEPCOCA y gente de la UPEA que cargaban los dos féretros de Eliseo Quispe y Carlos Vega, las dos víctimas de la represión policial del miércoles en La Asunta, además de los huérfanos de ambos y un grupo de niños que coreaba “Evo asesino”.

El dirigente de ADEPCOCA, Sergio Pampa, explicó a los medios de cobertura, que las familias de Quispe y Vega habían solicitado informes sobre el levantamiento de los cadáveres, así como del traslado de los cuerpos, pero no recibieron ninguna respuesta de instancias policiales o Ministerio Público, por lo que aprobaron que la UPEA, a través de sus profesionales en el área forense, realicen una segunda autopsia en horas de la noche, una vez concluido el velorio en ADEPCOCA.

Las víctimas también presentaron hematomas en sus cuerpos, cuatro disparos en un caso y raspaduras en los cuerpos como si hubieran sido arrastrados varios metros.

La dirigencia también determinó tomar medidas de presión desde la siguiente semana, cuando la marcha de pobladores de Yungas arribe a La Paz, además de tomar tres peticiones al régimen: la liberación del presidente de ADEPCOCA, Franclin Gutiérrez, detenido en el penal de San Pedro y señalado por la Policía y la Fiscalía como “autor intelectual” de la muerte del teniente Daynor Mendoza; la identificación de los autores materiales del asesinato de los dos cocaleros, abatidos por efectivos policiales “en defensa propia”, según dijo el Comando General y la instalación de una mesa de diálogo con la presencia del jefe del Estado Plurinacional.

Desde el régimen del Movimiento Al Socialismo – MAS se pronunciaron el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, y la viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, Estefanía Morales.

El primero, entrevistado en Fides, dijo que no se puede dialogar con un sector que se opone a erradicar la coca dentro del cordón rojo de La Asunta y que pide la abrogación de la Ley de la Coca, que cabe recordar, fue el germen de la división entre los productores de la hoja considerada tradicional.

Cocarico explicó que en la zona San Antonio, el sindicato de Puerto Unión creció en una década de 50 a 150 afiliados y son ellos quienes activaron las movilizaciones y resistencia contra la Fuerza de Tarea Conjunta – FTC.

A su vez, la funcionaria del Ministerio de Justicia se refirió a la marcha de esta jornada y amenazó a los productores de coca con un proceso por “utilizar a niños” en esa protesta social.

Morales citó el Código Niña, Niño, Adolescente y la figura de “violencia” contra menores de edad.

“Una de las sanciones sería, de acuerdo a los que establece el juez público de la niñez y adolescencia, la suspensión de autoridad total o parcial de aquellos padres, eso quiere decir que ya no van a estar al lado de sus niños porque verdaderamente un padre tiene que brindarle protección y amor a los niños”, dijo, citada por un boletín institucional.

Los niños, se aclaró más tarde, formaban parte de la Unidad Educativa San Antonio, donde estudiaba el menor Danner Quispe, hijo del dirigente de la federación de La Asunta, Freddy Quispe, que fuera encontrado en el lecho del río el lunes, con golpes en la cabeza. El caso aún no fue esclarecido.  

El conflicto tiende a agravarse a partir de la llegada de la masiva marcha de Yungas entre el lunes o martes.

En ese marco, el defensor del Pueblo, David Tezanos, se ofreció como mediador en el conflicto, algo que fue rechazado por los productores de coca por considerar a este funcionario como un interlocutor no válido, por su afinidad al MAS y al régimen de Morales.

Finalmente, la Iglesia Católica mediante la Conferencia Episcopal Boliviana – CEB, emitió un pronunciamiento que además se remitió al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que pueda informar a los pobladores del norte paceño sobre las tareas de erradicación que se van desarrollando.

“Llamamos a dejar los intereses, cualesquiera sean éstos y encarar con valentía la verdad con transparencia y buscando el bien común de todos los bolivianos. Instamos a las autoridades y a los pobladores del lugar disponibilidad para dialogar y buscar juntos soluciones pacíficas y de verdadero progreso para todos”, citó la CEB.

//@VisorBolivia// 

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