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Viernes, 14 de Diciembre de 2018

REPORTAJE: EL CRIMEN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA (2/3)

Pre diarios: El gasto que implica mantener a la población carcelaria

Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight IV de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsó la Fundación para el Periodismo con el apoyo del European Journalism Centre

ESPECIALES | 26 Ago 2018

VISOR BOLIVIA / Carlos Quisbert / Iván Rada.- Suena la campanilla, es mediodía y Armando, nombre convencional, sale a almorzar como cada día hace más de tres años. Precisamente, cuenta, en febrero cumplió los 36 meses en detención preventiva que dicta la ley, pero no cree que vaya a salir de San Pedro a corto plazo y se conforma con alcanzar su plato a la olla común de los internos para comer una vez más en aquella banca azul debajo del televisor del patio común.

La detención preventiva en Bolivia se ha convertido en la regla y no la excepción. 14.163 privados de libertad marcan el 75% de personas que ocupan los centros carcelarios sin sentencia o en proceso de investigación.

Este alto porcentaje implica la erogación de recursos públicos, delegada por la Ley 264 y el Decreto Supremo 1854 a los gobiernos autónomos departamentales, que deben coordinar, por ejemplo, el pago de prediarios con la Dirección de Régimen Penitenciario.

La Paz, con sus cinco centros penitenciarios y cinco carceletas provinciales, es el parámetro para identificar la problemática de la detención preventiva, pues esa figura llega al 74,43% de la población carcelaria.

DANZA DE CIFRAS

Un informe presentado por el Ministerio de Gobierno a la Comisión de Desarrollo Humano, Derechos Humanos, Política Social, Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos de la Asamblea Departamental de La Paz, en marzo de 2018, lanzó datos contradictorios sobre el presupuesto asignado a los prediarios, pero dentro del mismo rango de Bs 800 mil a Bs 900 mil mensuales para atender a 3.778 varones y mujeres a noviembre de 2017.

En La Paz existe el recinto penitenciario de San Pedro, Centro de Orientación Femenina de Obrajes, Centro Qalahuma, Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, Centro de Custodia Patacamaya, recinto penitenciario San Pedro de Chonchocoro, Carceleta de Puerto Acosta, Carceleta de Sica Sica, Carceleta de Inquisivi y Carceleta de Apolo.

De la población total de 3.778 personas, dato actualizado a mayo de 2018 en 4.163 privados de libertad, solo 966 cuentan con sentencia ejecutoriada y son 2.812 quienes tienen calidad e detención preventiva en La Paz.

En contraste a esas cifras, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante la interpelación en la Asamblea Legislativa de abril, dijo que hasta febrero se tenía el 73,8% de concentración de privados de libertad en el eje central La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, dejando el 37,04% para los otros seis departamentos. Cochabamba tendría la mayor cantidad de detenidos preventivos con 84,9%, La Paz con 73,8% y Santa Cruz con 70,2%.

El funcionario, además, minimizó la crisis de hacinamiento en los recintos carcelarios del país, pues comparó el índice latinoamericano que mide el hacinamiento con la relación poblacional por cada 100 mil habitantes. “En Bolivia, 144 personas es la tasa de privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. Tenemos la tasa más baja de personas privadas de libertad en la región”, expuso.

En la ejecución presupuestaria por prediarios en La Paz, con datos cerrados a 2017, se llega a Bs 7.578.408, aunque existía una mora de pagos en el último trimestre del año.

El prediario a partir de 2015 se estableció en Bs 8 para cada persona, distribuyéndose el pago para la olla común en seis centros y la cancelación en efectivo en las otras cuatro carceletas del departamento.

De la cifra de 3.752 privados de libertad en La Paz, expuesta en el mismo informe del Ministerio de Gobierno y contradictoria con las anteriores, se llega al desembolso de Bs 900.480 para atender la alimentación de 3.336 varones y 416 mujeres.

El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, explica que este gasto perjudica a los gobiernos autónomos departamentales, que deben asignar a las cárceles un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH.

Sin embargo, ese no es el único gasto para el Estado, porque cada gobernación departamental debe pagar también servicios como luz y agua.

“El pago de energía eléctrica por mes suma a Bs 100.000, el agua suma a Bs 90.000 en una sola cárcel como la de San Pedro, sin contar con el pago de seguridad y de la burocracia que administra esa cárcel”, cita Llanos.

En ese marco, la detención preventiva provoca hacinamiento carcelario y esto, a su vez, significa un gasto público para mantener a los privados de libertad mientras dure su proceso judicial, que muchas veces sobrepasa los tres años que establece la ley.

Llanos revela que en las cárceles de Bolivia existe un 2% de privados de libertad que ya cumplió o sobrepasó con el tiempo estimado de la condena del delito por el cual fueron imputados; es decir, son personas que llevan, por ejemplo, seis años detenidos, cuando la figura penal por la que se les investiga establece como pena máxima cinco años. 250 personas tienen esa condición en Bolivia.

Los detenidos que todavía no cumplen con los rangos del tiempo de condena suman 78% y quienes se encuentran en el rango de tiempo de condena son el 20%.

Para la abogada penalista Martha Requena, esta problemática responde a la mala administración de la justicia boliviana, pues la detención preventiva se utiliza de forma desmedida y fuera del propio Código de Procedimiento Penal – CPP.

“El artículo 7 del CPP le dice al juez que cuando exista duda en la aplicación de una norma, tiene que aplicar la que más favorezca al imputado. En el artículo sexto también se habla de la presunción de inocencia, pero muchas autoridades no adecuan a la norma esta interpretación, en razón de que ellos presumen la culpabilidad de cualquier sindicado, peor aun cuando existe presión, en casos de connotación social, cuando es un caso que ha generado polémica, cuando ha lastimado a la sociedad, la presión es fatal, no se actúa en forma objetiva, lo primero que se hace es restringir su derecho a la libre locomoción, que es un derecho y una garantía constitucional”, explica.

PRESIÓN MEDIÁTICA

Precisamente en agosto de 2018, dos casos mediáticos cumplieron con el plazo de 36 meses en detención preventiva.

En 2015 el escándalo mundial por la corrupción en el fútbol salpicó hasta los estamentos de la Confederación Suramericana de Fútbol – CONMEBOL.

Los entonces dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Chávez y Alberto ‘Tico’ Lozada, fueron implicados y a solicitud de la Fiscalía General ese caso de ámbito privado fue derivado como un caso de corrupción pública. Ambos ejecutivos fueron aprehendidos y luego derivados al penal de Palmasola en Santa Cruz en calidad de detención preventiva.

Dentro de Palmasola a Chávez se le detectó un tumor que derivó en cáncer en 2017. Luego de reiteradas audiencias para solicitar medidas sustitutivas, el dirigente pudo salir y ser internado en una clínica de la capital oriental. Sin embargo, su estado empeoró y tuvo que ser trasladado a principios de 2018 hasta Sao Paulo, Brasil, para recibir el tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

En agosto de este año, semanas antes de cumplir tres años en detención preventiva, Carlos Chávez fallecía en el vecino país. Su esposa, quien también fue detenida dentro de la misma investigación, apenas pudo lograr un permiso especial para salir y viajar a Brasil para despedirse de su pareja, tan solo horas antes de su deceso.

Lozada a su vez, se benefició con las medidas sustitutivas, en este caso de arresto domiciliario, luego de haber sido víctima de un atentado dentro de Palmasola, por pugnas internas entre los reclusos del PC-4 el pasado 7 de junio.

Lozada había asumido cierto mando en la cárcel cruceña, después de la salida de Víctor Hugo Escobar, alias el “Oti”, quien fuera trasladado a Chonchocoro de La Paz tras una violenta intervención policial que cobró la vida de siete reclusos en Palmasola en marzo.

El defensor del Pueblo, David Tezanos, asumió el caso y abogó por la liberación del dirigente deportivo, asegurando que todo el proceso en su contra fue irregular, siendo veedor por las medidas sustitutivas ante el Tribunal Tercero de Sentencia en Sucre. Lozada salió del penal a los 35 meses de detención y hoy, viendo a su compañero dirigencial fallecido, espera por su juicio.

En el marco de la detención preventiva y el cumplimiento de los plazos procesales, Tezanos sugirió que se active un sistema informático de alerta para evitar que las personas continúen detenidas más de los 36 meses que establece la norma.

Una Resolución Defensorial fue presentada en Sucre, ante representantes del Órgano Judicial, a fin de establecer pautas para evitar esta vulneración a los derechos humanos y el debido proceso de las personas privadas de libertad.

La recomendación al Consejo de la Magistratura pide: “Desarrollar e implementar prontamente, para todos los asientos judiciales, tribunales y juzgados a nivel nacional, un sistema o subsistema de seguimiento de causas penales y generación de alertas de vencimiento de plazos procesales, que contemple aquellos casos donde se ha dispuesto la detención preventiva o condena de una persona procesada, el cómputo y la redención de la pena”.

La Defensoría del Pueblo también abre el debate para sancionar a los administradores de justicia que incurran en estas dilataciones de arresto y detención, además de solicitar un censo y padrón biométrico para tener datos exactos sobre la población carcelaria en Bolivia.

Otro hecho mediático que mantiene a una persona con detención preventiva es el caso de William Kushner, sospechoso de dar muerte a su exenamorada Andrea Aramayo el 19 de agosto de 2015.

La expareja se había encontrado en un céntrico pub de la zona de Sopocachi, en La Paz. Luego de una fuerte discusión, Kushner salió del local y se subió a su movilidad, una vagoneta plateada, mientras Aramayo lo seguía. Pasaban las 3 de la madrugada.

La versión de la familia de la víctima es que Kushner arrolló a Aramayo, provocándole serias lesiones en el tórax y la cabeza que derivaron en su fallecimiento horas después de haber sido trasladada a una clínica privada. La acusación de la abogada Paola Barriga y la madre de la víctima, Helen Álvarez, apunta el caso como un feminicidio, cuya sentencia es de 30 años sin derecho a indulto.

A su turno, la defensa del hombre sostiene que fue la joven mujer quien persiguió el motorizado y por su estado “inconveniente” tropezó y al caer golpeó su cabeza contra la acera. De ese traumatismo, sostienen, no pudo recuperar la conciencia y luego falleció. El caso correspondería a muerte por accidente de tránsito.

Kushner fue aprehendido y luego derivado al penal de San Pedro, donde ya cumplió tres años entre rejas. Cuando todavía estaba en celdas judiciales, el joven dijo resignado a los periodistas: “ustedes ya me han sentenciado”. El sospechoso apuntó a los medios de comunicación, previendo el proceso que se venía en su contra, en el que la presunción de culpabilidad se antepone a la propia Constitución Política del Estado.

Esas sentencias mediáticas, como sucede en muchos otros casos que llaman a la sensibilidad de la sociedad o que tienen que ver con temas de corrupción pública, es calificada como “justicia mediática”, por el vocal del Tribunal Departamental de Justicia, William Alave, dentro de la última memoria institucional de esa instancia judicial.

“Los medios concentrados son los que ejercen mayor presión sobre jueces y fiscales. Como todo oligopolio, su poder es inmenso y no tiene contrapesos. Ellos acusan, procesan y juzgan, y los fiscales y jueces, que carecen de agenda propia de lucha contra la corrupción, terminan sometiéndose a sus designios de manera ingenua”, escribió.

Alave, sin embargo, cree que esa “presión mediática” también tiene complicidad de algunos abogados que buscan mayor protagonismo. Considera, empero, que son los jueces quienes no deben dejarse influenciar por esa vorágine al momento de emitir una sentencia justa.

La hora del almuerzo ya termina en San Pedro. Comienza la telenovela en la televisión y esto no llama mucho la atención de algunos reclusos como Armando, que lleva su plato a lavar a la pileta y de paso aprovecha para llenar su botellón de agua para pasar la tarde en su habitación de 2 por 1 metros en el segundo nivel de la sección Los Pinos, mientras espera alguna novedad de su abogado a más de tres años de su detención preventiva.

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